Cierre de colegios, crisis en el campo y menos crecimiento: así sería la España sin inmigración
Un informe de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia estima el impacto que tendría en las próximas décadas la reducción de los flujos migratorios
España, 2075. Las fronteras llevan años cerradas y los migrantes llegan con cuentagotas. Solo se admiten aquellos que cumplen con los estrictos requisitos fijados por las autoridades. El país, en lugar de crecer, ha encogido, tanto en población como en crecimiento. Ya no persigue de cerca a las grandes economías avanzadas; es un Estado envejecido con cada vez menos niños y mano de obra, donde faltan profesionales para cubrir los servicios públicos básicos, han cerrado centenares de miles de negocios y el PIB ha crecido un 22% menos de lo que habría hecho de mantenerse las puertas abiertas a los extranjeros.
Este escenario distópico es el que dibuja el documento España ante el reto migratorio: dos escenarios posibles, que la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia (ONPE) —una Dirección General de la Presidencia del Gobierno— presenta este miércoles. Se trata de un ejercicio de proyecciones que ni siquiera toma en cuenta un cierre completo de las fronteras, sino una reducción sobre los flujos migratorios previstos de un 30% de aquí a los próximos 50 años. Esa reducción, que puede parecer menor, tendría el potencial de trastocar todas las previsiones demográficas y económicas disponibles y sacudir los mismos cimientos sobre los cuales se funda la España actual.
De mantenerse las tendencias actuales, la población de España alcanzaría los 55 millones en 2075. Si los flujos migratorios en entrada se redujeran un 30% con respecto a esas proyecciones, los habitantes del país retrocederían hasta los 40 millones, casi 10 menos que en la actualidad. Y no solo habría menos gente, sino que la sociedad estaría aún más envejecida de lo que dibujan las perspectivas disponibles hoy en día.
El envejecimiento es un rasgo estructural de las economías avanzadas y la tendencia no se detendrá. Así lo apuntan las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), a partir de las cuales la ONPE ha construido sus previsiones: los mayores de 65 años pasarán a representar el 30% de la población en 2055, 10 puntos más que ahora, y el saldo vegetativo negativo —más defunciones que nacimientos— alcanzará su ápice en 2061. Pero los migrantes, que suelen pertenecer a cohortes más jóvenes, están ejerciendo de contrapeso y amortiguando este declive demográfico, como también concluía un reciente estudio del centro de análisis Fedea: en las dos últimas décadas, el impacto negativo del envejecimiento sobre la economía hubiera sido el doble sin la inmigración.
Según la simulación de la ONPE, la población en edad de trabajar caería de los 33 millones del escenario base a 24 millones en 2075. El golpe sería particularmente duro en sectores intensivos en mano de obra extranjera, esenciales tanto para la estructura de la economía española como para el sostenimiento de los servicios públicos esenciales. Es el caso del campo, que perdería un tercio de sus explotaciones.
También desaparecerían cerca de 90.000 bares y restaurantes, una cifra más o menos equivalente a la mitad de los que existen hoy en día, desencadenando externalidades negativas en otras actividades como la industria alimentaria o el turismo. Las zonas despobladas también saldrían perjudicadas: Huesca, Soria y Teruel, las provincias con la menor densidad de población, verían esfumarse el 28% de sus habitantes y unos 2.300 municipios podrían quedar borrados del mapa.
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