Los partidos no pueden ser los monologuistas de la política, sino grupos corales, abiertos y plurales
Martes, 28 de junio del 2011 Publicado en el Periódico de Catalunya
Julio Jiménez
Es el año 2030 y en clase de historia la profesora explica «la crisis del 2008». Empieza describiendo la especulación y las hipotecas subprime; habla de Lehman Brothers y Moody's; detalla la crisis de la deuda soberana y las revueltas populares. En un momento dado, uno de los alumnos aventajados levanta la mano y pregunta: «¿Y cómo es que los conservadores gobernaban por aquel entonces en toda Europa?». La maestra, en tono aleccionador, responde: «Esa es una buena pregunta...».
Los socialdemócratas asistimos atónitos a una de las más tristes paradojas de nuestro tiempo. Mientras vivimos la mayor crisis del capitalismo de los últimos 70 años, las fuerzas progresistas, en principio ostentadoras de un modelo social alternativo, han sido barridas del mapa político europeo. Más que «la crisis del capitalismo», parece que estamos ante la «crisis de la socialdemocracia». La causa está probablemente en un discurso equivocado, connivente con el modelo neoliberal y pusilánime en el cometido de la transformación social; estamos de capa caída y buscamos como locos una salida: nuestra renovación.
¿Por qué hay que renovar? Por la falta de apoyo electoral. En España, el PSOE cosechó una derrota histórica en las municipales, bajando por primera vez del 30%; en Alemania, el SPD obtuvo el peor resultado histórico en el 2009; en el Reino Unido, el Labour se recupera lentamente del posblairismo, después del fiasco en las elecciones del 2010 al Parlamento británico, derrota también «histórica»; en Francia, la esperanza del PS era un hombre que ahora está en libertad bajo fianza; en Italia todavía hay futuro para la izquierda, pero no lo encarna el Partido Democrático (PD): ni el nuevo alcalde de Milán ni el de Nápoles se presentaban por el PD.
¿Qué hay que renovar? El discurso. No es que la socialdemocracia no tenga proyecto ni ideas. De hecho, las fundaciones de los partidos socialdemócratas fomentan constantemente la discusión de nuevas ideas, la definición de nuevos horizontes, proyectos que esperan ser recogidos por algún político de altura. La británica Compass lleva años promoviendo la idea de la Good Society, una suerte de corriente izquierdista que sitúa a la democracia como principio radical y que pretende ser una alternativa verosímil al escalofriante «la sociedad no existe, solo son individuos», de Margaret Thatcher. El director del prestigioso Policy Network, Olaf Cramme, apuntaba tres elementos que debían estar en cualquier programa de gobierno socialdemócrata: 1. Una estrategia para regular mercados financieros. 2. Un plan de modernización industrial. 3. Una reforma del sistema impositivo. La Fundación Ideas ha publicado sendos informes donde aborda tales cuestiones para el caso español.
¿Dónde se debería situar nuestro ámbito de renovación? Mientras que la batalla está en el Estado nación, el proyecto está en Europa. El 95% de las grandes cuestiones nacionales están influidas, hoy, por los designios de los grandes poderes europeos. Es necesario plantear programas de gobierno, tanto de ámbito nacional como europeo, que se fundamenten en los mismos valores e ideas y que sean coherentes con el proyecto de futuro que deseamos construir.
¿Quiénes deben de protagonizar el impulso renovador? Los partidos beta, partidos en constante construcción. Los partidos no pueden ser los monologuistas de la política, sino más bien grupos corales, portavoces de sensibilidades comunes. Abiertos, plurales, amables, modernos, jóvenes, atrevidos, ricos en experiencia, transparentes, porosos y, obviamente, de masas. Los partidos, tan jerarquizados hoy, se verán sustituidos por partidos en red, donde el compromiso no siempre será del 100%, donde se atraiga talento y desaparezca la idea del «cada cuatro afiliados, uno es un cargo electo, dos trabajan a su servicio y el cuarto es un militante».
¿Cómo hacer la renovación? Progresivamente. Primero, hace falta un programa, cuyos debates sean impulsados por el partido pero donde los protagonistas sean los ciudadanos y la sociedad civil. Segundo, es imprescindible la movilización y conquista del electorado, fundamentada preferiblemente en la ilusión por el proyecto propio antes que por el miedo al del contrario. Y tercero, ganar y, una vez en el poder, transformar.
¿Cuándo empezar la renovación? Tan pronto como sea posible. Debemos de llegar a las elecciones al Parlamento Europeo del 2014 con un programa homogéneo (como de forma acertada se hizo en el 2009), con los partidos socialdemócratas renovados, bien posicionados en sus estados y con proyectos políticos que reten al poder de los mercados y reivindiquen los valores progresistas.
El proceso de renovación de la socialdemocracia no será fácil. Deberemos de ser capaces de retomar en nuestro discurso ese etos que aspira a transformar la realidad, a hacer posible nuestro ideal emancipatorio, el de la «igual libertad» para todos. Y en eso nos tenemos que centrar. Como bien apuntó el brasileño Roberto Unger, «para ser realista antes hay que ser un visionario».
Economista.
martes, 28 de junio de 2011
lunes, 27 de junio de 2011
Por una política socialdemócrata
El PSOE aplica una política lejana a sus principios. Se impone un giro que incluya propuestas para regenerar la democracia, como la reforma electoral, e iniciativas económicas como una reforma fiscal y una banca pública
PEDRO BOFILL 27/06/2011.Publicado en El Pais.
La severa derrota cosechada por el PSOE en las elecciones municipales y autonómicas ha puesto a los socialistas españoles en una frágil situación política que afecta a toda la izquierda, ya que es la organización con cuyas propuestas y programas se han identificado tradicionalmente los sectores más progresistas de nuestra sociedad. Estos resultados ponen claramente de manifiesto que los votantes de izquierda han decidido castigar al Gobierno de la nación por la crisis económica y al Partido Socialista, por su política alejada de los principios de la socialdemocracia evolucionada.
Nuestra democracia se ha deteriorado. Los políticos se han alejado de la ciudadanía
Los ajustes los exigen los culpables de la crisis y los sufre la gente en su nivel de vida y sus derechos
El error del socialismo ha sido refugiarse a veces en principios claramente opuestos a los socialistas, como el nacionalismo egoísta o ciertos supuestos del liberalismo manchesteriano, entre otros, abandonando los criterios programáticos de la izquierda democrática, que había logrado integrar a la sociedad española en una convivencia respetuosa y solidaria. Convivencia, en la que los principios de igualdad de oportunidades y respeto a los derechos humanos y sociales habían creado las condiciones idóneas para la movilidad vertical y la promoción de los mejores en torno a la modernización de España.
La actual crisis económica es consecuencia de los excesos de los sistemas financieros internacionales ocasionados por su desregulación, presentada como presupuesto para avanzar económicamente. Esta situación ha sido aprovechada por los sectores financieros para imponer sus criterios y actuar en beneficio propio. Debido a la debilidad de los poderes públicos, estos sectores, lejos de reconocer sus fallos y las consecuencias que tienen, nos imponen unas recetas, las suyas, que nos abocan a una nueva crisis más aguda y dolorosa, de no remediarlo los legítimos representantes de los ciudadanos.
Como los socialdemócratas hemos afirmado tradicionalmente, los mercados han demostrado una vez más que son incapaces de regularse por sí mismos. La falta de una adecuada intervención de los poderes públicos ha agudizado la insolidaridad y ha generado situaciones de extrema injusticia, que ponen en peligro la paz social, tan costosamente conseguida.
La crisis económica originada por los abusos del sistema financiero ha agravado la crisis política. El sistema democrático español ha experimentado en esta última década un notable deterioro cuyas causas son, entre otras, la desnaturalización de los mecanismos de representación, el autismo de los partidos políticos, el alejamiento de los dirigentes democráticos de la sociedad y los sucesivos escándalos de corrupción. Estos comportamientos y abusos, además de corroer la propia esencia del poder representativo, generan el desánimo en los ciudadanos, favorecen la pérdida de los valores básicos de la convivencia y fermentan la expansión del nihilismo político.
Si no se actúa enérgicamente contra esas deficiencias, el sistema democrático corre el riesgo de degenerar, máxime si los sectores más retrógrados, al socaire de la debilidad mostrada por el poder político frente al financiero, continúan intentando el desmantelamiento del Estado del bienestar, clave de bóveda de la civilización europea. Con cuatro millones de parados -el 40%, jóvenes-, se corre el riesgo de que reaparezcan el conflicto y el enfrentamiento social, con las trágicas consecuencias que históricamente han tenido en Europa.
Ante la gravedad de la crisis, que ha supuesto uno de los fracasos más contundentes del liberalismo económico más acérrimo, resulta paradójico que sean precisamente sus responsables los que orienten las medidas que tienen que tomar los Gobiernos. Es un sarcasmo que quienes han fomentado inversiones temerarias o han alentado un consumo irresponsable culpen ahora a los ciudadanos por vivir por encima de sus posibilidades y reclamen medidas de ajuste que limitan gravemente los avances sociales alcanzados.
Es cierto que el Gobierno, pese a sus fallos, se ha visto obligado a tomar medidas impopulares pero absolutamente necesarias para sortear las consecuencias aún más graves que la crisis habría tenido. Estas medidas no han sido apoyadas por el Partido Popular, que, al contrario, las ha criticado irresponsablemente por un puñado de votos. La realidad nos demostrará, si desgraciadamente ganan las próximas elecciones, que su política consiste en limitar los derechos sociales logrados por los españoles.
A fin de que los ciudadanos españoles puedan recuperar su estabilidad económica y su nivel de vida, es necesario articular propuestas basadas en:
- La reafirmación responsable de un Estado del bienestar que garantice la solución de las necesidades básicas de una sociedad avanzada como la española, porque aquel no solo genera actividad económica y riqueza, sino que además aporta paz social, requisito indispensable para consolidar el desarrollo social y económico.
La educación, la sanidad y los servicios sociales son parte imprescindible de la inversión productiva en las sociedades avanzadas, y no un gasto inútil como afirman sectores de la derecha.
- La recuperación urgente por parte del Estado del sector financiero básico que permita afrontar directamente las necesidades crediticias de los sectores local, agrario e hipotecario, sin recurrir necesariamente a la intermediación de la banca privada.
- La reorientación del gasto autonómico hacia fines productivos que beneficien a los ciudadanos y no a intereses partidistas o de grupos. Es urgente la reasignación del gasto público de manera solidaria entre las distintas Comunidades Autónomas que integran España y dentro de cada una de ellas, creando además mecanismos que refuercen la transparencia en todas las instituciones locales, autonómicas y estatales.
- El respeto a las instituciones y a sus representantes, esencial para el desarrollo de un Estado democrático de derecho, en el bien entendido de que el principio de legalidad, y por tanto el sometimiento a las leyes, es exigible especialmente a quienes nos representan. Consecuentemente, es preciso el endurecimiento de las penas para aquellos representantes que utilizan su poder de manera torticera para enriquecerse. Igualmente es necesaria la adopción de ciertas medidas de austeridad que no suponen un gran ahorro, pero tienen un significado moral en la vida pública.
- La reforma del sistema tributario para que sea verdaderamente justo como se proclama en el artículo 31 de la Constitución, y el refuerzo de los mecanismos de lucha contra el fraude y la economía sumergida.
- La recuperación y el fomento de los valores en torno a los que se fraguó la conciencia cívica y solidaria que distingue a las sociedades europeas avanzadas. Es imprescindible que los españoles volvamos a confiar en nuestras instituciones y nos impliquemos en los asuntos públicos.
- La urgente reforma de la ley electoral, de manera que facilite una más justa representación en las instituciones, una mayor democracia interna en el proceso de elaboración de las listas, la participación de los mejores, y una cercanía entre representantes y representados de modo que estos últimos se hagan oír directamente. Abogamos por un sistema electoral similar al alemán, en el que se combinan criterios mayoritarios y proporcionales.
Estimamos que corresponde, en este momento:
- Un proceso electoral adecuado a la delicada situación económica, evitando incertidumbres que alienten la voracidad especuladora de los poderes financieros internacionales y el encarecimiento de la deuda.
- Una Conferencia específica -finalizado el proceso electoral- que elabore una nueva orientación del PSOE para facilitar una auténtica participación democrática de los militantes y nuevos cauces para los simpatizantes. Urge la adaptación de la estructura de nuestro partido a los cambios en las formas de movilización de los ciudadanos, para escuchar y responder a sus demandas y expectativas.
* Firman este artículo Pedro Bofill, que ha sido miembro de la Comisión Ejecutiva del PSOE, diputado, eurodiputado y delegado del Gobierno; Francisco Cruz de Castro, pintor, ex gobernador civil y ex director general; Bárbara Dührkop, que ha sido miembro de la Comisión Ejecutiva del PSE-PSOE y eurodiputada; Leopoldo Torres Boursault, que ha sido vicepresidente del Congreso de los Diputados y fiscal general del Estado; Ana Miranda de Lage, que ha sido miembro de la Comisión Ejecutiva del PSOE, senadora y eurodiputada, y Fernando Sanz, que ha sido senador.
PEDRO BOFILL 27/06/2011.Publicado en El Pais.
La severa derrota cosechada por el PSOE en las elecciones municipales y autonómicas ha puesto a los socialistas españoles en una frágil situación política que afecta a toda la izquierda, ya que es la organización con cuyas propuestas y programas se han identificado tradicionalmente los sectores más progresistas de nuestra sociedad. Estos resultados ponen claramente de manifiesto que los votantes de izquierda han decidido castigar al Gobierno de la nación por la crisis económica y al Partido Socialista, por su política alejada de los principios de la socialdemocracia evolucionada.
Nuestra democracia se ha deteriorado. Los políticos se han alejado de la ciudadanía
Los ajustes los exigen los culpables de la crisis y los sufre la gente en su nivel de vida y sus derechos
El error del socialismo ha sido refugiarse a veces en principios claramente opuestos a los socialistas, como el nacionalismo egoísta o ciertos supuestos del liberalismo manchesteriano, entre otros, abandonando los criterios programáticos de la izquierda democrática, que había logrado integrar a la sociedad española en una convivencia respetuosa y solidaria. Convivencia, en la que los principios de igualdad de oportunidades y respeto a los derechos humanos y sociales habían creado las condiciones idóneas para la movilidad vertical y la promoción de los mejores en torno a la modernización de España.
La actual crisis económica es consecuencia de los excesos de los sistemas financieros internacionales ocasionados por su desregulación, presentada como presupuesto para avanzar económicamente. Esta situación ha sido aprovechada por los sectores financieros para imponer sus criterios y actuar en beneficio propio. Debido a la debilidad de los poderes públicos, estos sectores, lejos de reconocer sus fallos y las consecuencias que tienen, nos imponen unas recetas, las suyas, que nos abocan a una nueva crisis más aguda y dolorosa, de no remediarlo los legítimos representantes de los ciudadanos.
Como los socialdemócratas hemos afirmado tradicionalmente, los mercados han demostrado una vez más que son incapaces de regularse por sí mismos. La falta de una adecuada intervención de los poderes públicos ha agudizado la insolidaridad y ha generado situaciones de extrema injusticia, que ponen en peligro la paz social, tan costosamente conseguida.
La crisis económica originada por los abusos del sistema financiero ha agravado la crisis política. El sistema democrático español ha experimentado en esta última década un notable deterioro cuyas causas son, entre otras, la desnaturalización de los mecanismos de representación, el autismo de los partidos políticos, el alejamiento de los dirigentes democráticos de la sociedad y los sucesivos escándalos de corrupción. Estos comportamientos y abusos, además de corroer la propia esencia del poder representativo, generan el desánimo en los ciudadanos, favorecen la pérdida de los valores básicos de la convivencia y fermentan la expansión del nihilismo político.
Si no se actúa enérgicamente contra esas deficiencias, el sistema democrático corre el riesgo de degenerar, máxime si los sectores más retrógrados, al socaire de la debilidad mostrada por el poder político frente al financiero, continúan intentando el desmantelamiento del Estado del bienestar, clave de bóveda de la civilización europea. Con cuatro millones de parados -el 40%, jóvenes-, se corre el riesgo de que reaparezcan el conflicto y el enfrentamiento social, con las trágicas consecuencias que históricamente han tenido en Europa.
Ante la gravedad de la crisis, que ha supuesto uno de los fracasos más contundentes del liberalismo económico más acérrimo, resulta paradójico que sean precisamente sus responsables los que orienten las medidas que tienen que tomar los Gobiernos. Es un sarcasmo que quienes han fomentado inversiones temerarias o han alentado un consumo irresponsable culpen ahora a los ciudadanos por vivir por encima de sus posibilidades y reclamen medidas de ajuste que limitan gravemente los avances sociales alcanzados.
Es cierto que el Gobierno, pese a sus fallos, se ha visto obligado a tomar medidas impopulares pero absolutamente necesarias para sortear las consecuencias aún más graves que la crisis habría tenido. Estas medidas no han sido apoyadas por el Partido Popular, que, al contrario, las ha criticado irresponsablemente por un puñado de votos. La realidad nos demostrará, si desgraciadamente ganan las próximas elecciones, que su política consiste en limitar los derechos sociales logrados por los españoles.
A fin de que los ciudadanos españoles puedan recuperar su estabilidad económica y su nivel de vida, es necesario articular propuestas basadas en:
- La reafirmación responsable de un Estado del bienestar que garantice la solución de las necesidades básicas de una sociedad avanzada como la española, porque aquel no solo genera actividad económica y riqueza, sino que además aporta paz social, requisito indispensable para consolidar el desarrollo social y económico.
La educación, la sanidad y los servicios sociales son parte imprescindible de la inversión productiva en las sociedades avanzadas, y no un gasto inútil como afirman sectores de la derecha.
- La recuperación urgente por parte del Estado del sector financiero básico que permita afrontar directamente las necesidades crediticias de los sectores local, agrario e hipotecario, sin recurrir necesariamente a la intermediación de la banca privada.
- La reorientación del gasto autonómico hacia fines productivos que beneficien a los ciudadanos y no a intereses partidistas o de grupos. Es urgente la reasignación del gasto público de manera solidaria entre las distintas Comunidades Autónomas que integran España y dentro de cada una de ellas, creando además mecanismos que refuercen la transparencia en todas las instituciones locales, autonómicas y estatales.
- El respeto a las instituciones y a sus representantes, esencial para el desarrollo de un Estado democrático de derecho, en el bien entendido de que el principio de legalidad, y por tanto el sometimiento a las leyes, es exigible especialmente a quienes nos representan. Consecuentemente, es preciso el endurecimiento de las penas para aquellos representantes que utilizan su poder de manera torticera para enriquecerse. Igualmente es necesaria la adopción de ciertas medidas de austeridad que no suponen un gran ahorro, pero tienen un significado moral en la vida pública.
- La reforma del sistema tributario para que sea verdaderamente justo como se proclama en el artículo 31 de la Constitución, y el refuerzo de los mecanismos de lucha contra el fraude y la economía sumergida.
- La recuperación y el fomento de los valores en torno a los que se fraguó la conciencia cívica y solidaria que distingue a las sociedades europeas avanzadas. Es imprescindible que los españoles volvamos a confiar en nuestras instituciones y nos impliquemos en los asuntos públicos.
- La urgente reforma de la ley electoral, de manera que facilite una más justa representación en las instituciones, una mayor democracia interna en el proceso de elaboración de las listas, la participación de los mejores, y una cercanía entre representantes y representados de modo que estos últimos se hagan oír directamente. Abogamos por un sistema electoral similar al alemán, en el que se combinan criterios mayoritarios y proporcionales.
Estimamos que corresponde, en este momento:
- Un proceso electoral adecuado a la delicada situación económica, evitando incertidumbres que alienten la voracidad especuladora de los poderes financieros internacionales y el encarecimiento de la deuda.
- Una Conferencia específica -finalizado el proceso electoral- que elabore una nueva orientación del PSOE para facilitar una auténtica participación democrática de los militantes y nuevos cauces para los simpatizantes. Urge la adaptación de la estructura de nuestro partido a los cambios en las formas de movilización de los ciudadanos, para escuchar y responder a sus demandas y expectativas.
* Firman este artículo Pedro Bofill, que ha sido miembro de la Comisión Ejecutiva del PSOE, diputado, eurodiputado y delegado del Gobierno; Francisco Cruz de Castro, pintor, ex gobernador civil y ex director general; Bárbara Dührkop, que ha sido miembro de la Comisión Ejecutiva del PSE-PSOE y eurodiputada; Leopoldo Torres Boursault, que ha sido vicepresidente del Congreso de los Diputados y fiscal general del Estado; Ana Miranda de Lage, que ha sido miembro de la Comisión Ejecutiva del PSOE, senadora y eurodiputada, y Fernando Sanz, que ha sido senador.
viernes, 3 de junio de 2011
Pepinos
Aquests dies hem assistit a una comèdia que, si no fos per les seves conseqüències fatals, n’hi ha per llogar-hi cadires. Parlem de pepinos i d’Alemanya. Resulta que una infecció, sembla que de caràcter alimentari, ha provocat la malaltia de centenars de persones i la mort de 18 fins a la data. Les autoritats alemanyes de seguida van dir que els cogombres havien estat la causa i van bloquejar les importacions de verdures des d’Espanya. Després s’ha vist que els cogombres no hi tenien res a veure.
La pèrdua d’ingressos per als agricultors és actualment d’uns 75 milions d’euros ja que no han pogut exportar la collita. I s’ha difós una mala imatge d’un sector que justament treballa intensament per evitar aquesta mena de problemes. S’hi juguen la subsistència econòmica. Recordo una visita a una cooperativa d’agricultors del sud de Granada. Hivernacles, plàstics com diuen ells, capaços de produir tota mena de verdures amb una tecnologia veritablement industrial. Visitem les instal•lacions i un parent ens ensenya les naus per a l’embalatge de la mercaderia i la càrrega dels tràilers. El personal va amb bates verdes, un barret com de quiròfan, molta llum, el terra lliscant, les caixes de fusta i de plàstic noves. Preguntem per què a la nau es treballa com si fos un laboratori. La resposta que tenen unes exigències sanitàries que han d’acomplir per poder ser exportadors. D’això ja fa un grapat d’anys.
Però la crisi del cogombre ha fet aflorar una vella estratègia nacional que apliquen alguns països quan les coses val maldades. Alemanya, també Rússia, van prohibir la importació de productes espanyols. No és una decisió sanitària. Encara que efectivament els quatre cogombres d’Almeria hagin estat portadors de l’Escherichia Coli que no és el cas. No, és pur proteccionisme econòmic. La decisió empitjora les expectatives de l’agricultura espanyola però afavoreix la pròpia o la de tercers. I, posats a ser proteccionistes, la pregunta és, perquè Alemanya, de fet la Unió Europea, no posa problemes a aquells productes que són fabricats en països que no respecten els drets humans, socials, laborals o mediambientals.
3 de juny de 2011
Grup Breus
La pèrdua d’ingressos per als agricultors és actualment d’uns 75 milions d’euros ja que no han pogut exportar la collita. I s’ha difós una mala imatge d’un sector que justament treballa intensament per evitar aquesta mena de problemes. S’hi juguen la subsistència econòmica. Recordo una visita a una cooperativa d’agricultors del sud de Granada. Hivernacles, plàstics com diuen ells, capaços de produir tota mena de verdures amb una tecnologia veritablement industrial. Visitem les instal•lacions i un parent ens ensenya les naus per a l’embalatge de la mercaderia i la càrrega dels tràilers. El personal va amb bates verdes, un barret com de quiròfan, molta llum, el terra lliscant, les caixes de fusta i de plàstic noves. Preguntem per què a la nau es treballa com si fos un laboratori. La resposta que tenen unes exigències sanitàries que han d’acomplir per poder ser exportadors. D’això ja fa un grapat d’anys.
Però la crisi del cogombre ha fet aflorar una vella estratègia nacional que apliquen alguns països quan les coses val maldades. Alemanya, també Rússia, van prohibir la importació de productes espanyols. No és una decisió sanitària. Encara que efectivament els quatre cogombres d’Almeria hagin estat portadors de l’Escherichia Coli que no és el cas. No, és pur proteccionisme econòmic. La decisió empitjora les expectatives de l’agricultura espanyola però afavoreix la pròpia o la de tercers. I, posats a ser proteccionistes, la pregunta és, perquè Alemanya, de fet la Unió Europea, no posa problemes a aquells productes que són fabricats en països que no respecten els drets humans, socials, laborals o mediambientals.
3 de juny de 2011
Grup Breus
Alerta vermella, racisme
Si la sociologia fos una ciència exacta, la realitat es podria expressar amb polinomis més o menys complexos. Desenvolupant una bona representació matemàtica, la predicció sobre el canvi social seria molt més encertada. Però la sociologia no és una ciència exacta i sobre la realitat operen múltiples factors difícils d’avaluar. Això no exclou, però, que puguem intervenir, des de la política, per tal de modificar el resultat final. A Catalunya tenim un problema amb el racisme i la xenofòbia.
Plataforma per Catalunya ha obtingut 65.905 vots a les darreres municipals. Alerta vermella a moltes poblacions. I, a més, alguns dirigents del Partit Popular han utilitzat intensament el rebuig a la diferència per aconseguir vots, per cert, amb èxit. Fixeu-vos que a Badalona, Plataforma no ha tret representació i, en canvi, el PP de García Albiol ha estat la llista més votada amb un discurs molt similar al de Anglada.
És un tòpic afirmar que la suma d’alts percentatges de població immigrada, amb elevades taxes d’atur, en barris populars pot facilitar l’existència de conflictes i un increment d’ideologies d’extrema dreta. Però no necessàriament és així. Fins ara no havia estat així. Hi ha un altre factor decisiu, el polític, que pot afavorir o amortir el resultat final. I això és el que ha passat en algunes poblacions. Allà on Plataforma ha estat activa ha aconseguit moltes més adhesions que allà on no ho ha fet. Sembla una obvietat, però els plens municipals on ha tret representació patiran de valent les seves mocions a partir d’ara i tensionaran la vida municipal durant el proper mandat.
Som al principi d’un futur incert. I convé que la resta de forces democràtiques sensates del país facin un gran acord per apagar aquest incendi que pot acabar destruint milers d’hectàrees de convivència i de cohesió social els propers anys. Hem d’expulsar de la nostra societat el discurs racista i els partits d’extrema dreta ara que hi som a temps. Després, si el pensament xenòfob arrela a Catalunya, serà massa tard. L’acord sensat és deixar de polititzar una realitat, la immigració, que no canviarà els propers anys i explicar clarament a la ciutadania, des del partits centrals, que convé activar un gran esforç d’integració i rebutjar a tot aquell que fomenti l’odi o creï problemes innecessaris.
1 de juny de 2011
Grup Breus
Plataforma per Catalunya ha obtingut 65.905 vots a les darreres municipals. Alerta vermella a moltes poblacions. I, a més, alguns dirigents del Partit Popular han utilitzat intensament el rebuig a la diferència per aconseguir vots, per cert, amb èxit. Fixeu-vos que a Badalona, Plataforma no ha tret representació i, en canvi, el PP de García Albiol ha estat la llista més votada amb un discurs molt similar al de Anglada.
És un tòpic afirmar que la suma d’alts percentatges de població immigrada, amb elevades taxes d’atur, en barris populars pot facilitar l’existència de conflictes i un increment d’ideologies d’extrema dreta. Però no necessàriament és així. Fins ara no havia estat així. Hi ha un altre factor decisiu, el polític, que pot afavorir o amortir el resultat final. I això és el que ha passat en algunes poblacions. Allà on Plataforma ha estat activa ha aconseguit moltes més adhesions que allà on no ho ha fet. Sembla una obvietat, però els plens municipals on ha tret representació patiran de valent les seves mocions a partir d’ara i tensionaran la vida municipal durant el proper mandat.
Som al principi d’un futur incert. I convé que la resta de forces democràtiques sensates del país facin un gran acord per apagar aquest incendi que pot acabar destruint milers d’hectàrees de convivència i de cohesió social els propers anys. Hem d’expulsar de la nostra societat el discurs racista i els partits d’extrema dreta ara que hi som a temps. Després, si el pensament xenòfob arrela a Catalunya, serà massa tard. L’acord sensat és deixar de polititzar una realitat, la immigració, que no canviarà els propers anys i explicar clarament a la ciutadania, des del partits centrals, que convé activar un gran esforç d’integració i rebutjar a tot aquell que fomenti l’odi o creï problemes innecessaris.
1 de juny de 2011
Grup Breus
Més agenda verda
Fa temps vàrem dedicar un dels breus a proposar una agenda verda per a la socialdemocràcia. Argumentàvem que el nivell de consciència davant el risc nuclear i l’esgotament del planeta sumat a importants avenços en les energies alternatives permetien, ara si, posar dates i objectius factibles.
Alemanya ho ha fet. Els darrers resultats electorals i les manifestacions al carrer han provocat la decisió del govern federal de finalitzar la producció nuclear el 2022. Hi ha, al darrera, una aposta estratègica per les renovables i per un nou model de desenvolupament econòmic.
El partit socialista, una vegada alliberada la incògnita del candidat, pot abordar aquesta agenda verda en profunditat. Un nova política energètica respectuosa amb el planeta i amb les persones, una política de residus encara més sostenible, una política que enforteixi els sistemes agraris i de pesca que preservin el medi natural i una política ecològica pel que fa a la producció alimentària. Si a més es tracta de programes que permetin la creació de llocs de treball, la societat estarà plenament d’acord en el seu desenvolupament.
Daniel Innerarity, en un article a El País el 22 d’abril d’aquest any, deia “Lo que propongo es que la renovación de la agenda socialdemócrata surja de esa combinación entre liberalismo (eliminación de las dominaciones en el mercado), socialismo (preocupación por la igualdad) y ecologismo (perspectiva sistémica y de sostenibilidad).” Recomanem la seva lectura i compartim plenament que si ha d’existir una nova socialdemocràcia, la seva agenda incorpori els tres ingredients que proposa Innerarity. Ara cal concretar objectius.
2 de juny de 2011
Grup Breus
Alemanya ho ha fet. Els darrers resultats electorals i les manifestacions al carrer han provocat la decisió del govern federal de finalitzar la producció nuclear el 2022. Hi ha, al darrera, una aposta estratègica per les renovables i per un nou model de desenvolupament econòmic.
El partit socialista, una vegada alliberada la incògnita del candidat, pot abordar aquesta agenda verda en profunditat. Un nova política energètica respectuosa amb el planeta i amb les persones, una política de residus encara més sostenible, una política que enforteixi els sistemes agraris i de pesca que preservin el medi natural i una política ecològica pel que fa a la producció alimentària. Si a més es tracta de programes que permetin la creació de llocs de treball, la societat estarà plenament d’acord en el seu desenvolupament.
Daniel Innerarity, en un article a El País el 22 d’abril d’aquest any, deia “Lo que propongo es que la renovación de la agenda socialdemócrata surja de esa combinación entre liberalismo (eliminación de las dominaciones en el mercado), socialismo (preocupación por la igualdad) y ecologismo (perspectiva sistémica y de sostenibilidad).” Recomanem la seva lectura i compartim plenament que si ha d’existir una nova socialdemocràcia, la seva agenda incorpori els tres ingredients que proposa Innerarity. Ara cal concretar objectius.
2 de juny de 2011
Grup Breus
TRIBUNA: DANIEL INNERARITY Un mundo amurallado
La actual proliferación de barreras para impedir el tránsito de personas ilustra un retroceso en el sueño de un 'mundo global'. Se desnacionaliza la vida económica y a la par se renacionaliza la vida política
DANIEL INNERARITY 03/06/20.Publicado en El Pais.
La actual pretensión danesa de controlar las fronteras con Alemania y Suecia viene tras los cierres de Francia e Italia, pero resulta aún más inquietante si lo ponemos en relación con una tendencia en el mundo actual a cerrar, impedir el paso y controlar, que responde a la demanda creciente de protección. Desde que en 1989 cae el muro de Berlín, la construcción de nuevos muros se ha multiplicado, como si se tratara de una carrera frenética por hacer frente a una nueva desprotección: entre México y Estados Unidos, en Cisjordania, entre India y Pakistán, entre Irak y Arabia Saudí, entre África del Sur y Zimbabue, entre España y Marruecos (rodeando las ciudades de Ceuta y Melilla), entre Tailandia y Malasia..
Los muros generan zonas de no-derecho y conflictividad, exacerban las hostilidades mutuas
Las fronteras indican, sobre todo, la desconfianza frente al otro, al extranjero
¿En qué consisten estos muros? ¿Cuál es su utilidad o el propósito con que se levantan? Estas barreras no están pensadas para impedir el ataque de ejércitos enemigos, sino para impedir el tránsito de personas; quieren hacer frente a fuerzas persistentes y desorganizadas más que a estrategias militares o económicas; son más post-, sub- y transnacionales que internacionales; son una respuesta a los flujos desconectados de las soberanías estatales. Los muros actuales no responden a la lógica de la guerra fría sino que son muros de protección; indican la desconfianza frente al otro, el extranjero, y dicen mucho acerca de las ambigüedades de la globalización. Se dirigen contra el movimiento de bienes y personas que muchas veces no tienen su causa en una invasión exterior sino en la demanda interna: mano de obra, drogas, prostitución...
Un muro no es tanto una cosa material como algo mental que traza una línea de separación entre un "adentro" que se siente amenazado y un "afuera" amenazante, considerado como enemigo, estereotipado, ubicuo y en ocasiones fantasmal. Los muros funcionan como un icono tranquilizador en la medida en que restablecen una distinción nítida entre el interior y el exterior, entre el amigo y el enemigo, que se hace coincidir frecuentemente con las fronteras nacionales. Todos los procesos de guetización participan de esa misma lógica al segmentar la ciudad de una manera invisible, arruinando así su vocación de aproximar a sus habitantes. Las barreras recuperan una modalidad de poder soberano, material y delimitado en un entorno, para algunos inquietante, en el que el poder se presenta como una realidad difusa y débil. Los muros son una respuesta psicosociológica al desdibujamiento de la distinción entre el interior y el exterior, al que acompañan otras distinciones que se han vuelto problemáticas, como la diferencia entre ejército y policía, los criminales y los enemigos, la guerra y el terrorismo, derecho y no-derecho, lo público y lo privado, el interés propio y el interés general.
La construcción de muros no solamente ilustra un retroceso en el sueño de un "mundo global", sino que testimonia unas tendencias subterráneas de la globalización que alimentan el retorno de ciertas formas de "neofeudalización" del mundo. Un mundo en el que son asombrosamente compatibles la integración de la economía global y el aislamiento psicopolítico. Cabría incluso afirmar que la defensa de esta compatibilidad se ha convertido en un objetivo ideológico en esa síntesis de neoliberalismo político y nacionalismo estatal de cierta nueva derecha cuyo proyecto ha sintetizado Saskia Sassen en el doble objetivo de "desnacionalización de la vida económica y renacionalización de la vida política". No vivimos en un mundo ilimitado, sino en la tensión entre una geografía de los mercados abiertos que tiende a abolir las fronteras y una territorialidad de la seguridad nacional que tiende a construirlas. No hay coherencia entre la práctica geoeconómica y la práctica geopolítica que equilibre las diferentes agendas del comercio y de la seguridad.
Sabíamos desde Maquiavelo que las fortalezas suelen ser más perjudiciales que útiles. Los muros proyectan una imagen de jurisdicción y espacio asegurado, una presencia física espectacular que se contradice con los hechos: por lo general no contribuyen a solucionar los conflictos e impiden muy escasamente la circulación. Complican el objetivo, obligan a modificar el itinerario, pero en tanto que prohibiciones de paso suelen ser poco eficaces.
El ejemplo más elocuente de ello lo encontramos en el control de la emigración, que aumenta o disminuye por factores que no están vinculados a la rigidez o porosidad de las fronteras. Hay emigración porque hay un diferencial de oportunidades o, si se prefiere, porque las desigualdades son actualmente percibidas en un contexto global. Cuando se piensa que el establecimiento de barreras es la solución para el incremento del número de los emigrantes y refugiados es porque se ha considerado previamente que la causa de esos desplazamientos era la flexibilidad de las fronteras, lo que es radicalmente falso.
Si no cumplen esa función que se les asigna, entonces ¿para qué sirven esas fronteras que adoptan la forma de muros? Dada su falta de eficacia, lo que hay que preguntarse es cuáles son las necesidades psicológicas que su construcción satisface. Y la respuesta está en la necesidad de limitación y protección de quienes se perciben a sí mismas -muchas veces contra toda evidencia- como "sociedades asediadas" (Bauman). En lo que hace referencia a los muros está claro que aluden inmediatamente a la defensa contra unos asaltantes venidos de un "afuera" caótico, pero sirven como instrumentos de identificación y cohesión, responden al miedo frente a la pérdida de soberanía y a la desaparición de las culturas homogéneas. De esta manera se construye una siniestra equivalencia entre alteridad y hostilidad, lo que es además un error de percepción (la mayor parte de los atentados que se han cometido en EE UU han provenido de terroristas del interior). Y se asienta el prejuicio de que la democracia no puede existir más que en un espacio cerrado y homogéneo.
Así pues, se trata de remedios físicos para problemas psíquicos, de una teatralización con efectos más visuales que reales. Un muro aparenta ofrecer seguridad en un mundo en el que la capacidad de protección del Estado ha disminuido, en el que los sujetos son más vulnerables a las vicisitudes económicas globales y a la violencia transnacional. Todo lo que acompaña a la escenografía rotunda de los muros no son sino gestos políticos destinados a contentar a cierto electorado, a suprimir la imagen de un caos políticamente embarazoso y sustituirla por la de un orden reconfortante. Aunque es imposible muchas veces cerrar completamente las fronteras, es peor dar la impresión de que no se hace nada. Construir una barrera es la mejor manera de no hacer nada dando la impresión de que se hace algo; de este modo se despliega una seductora salva política dirigida contra un conjunto de problemas especialmente complejos, a los que es imposible aportar una solución de corto plazo.
Los muros serían inicuos si se limitaran a dejar sin resolver los problemas que de manera tan simplista pretenden delimitar. Pero no es ese el caso: los muros generan zonas de no-derecho y conflictividad, agravan muchos de los problemas que tratan de resolver, exacerban las hostilidades mutuas, proyectan hacia el exterior los fracasos internos y excluyen toda confrontación con las desigualdades globales. Además, cuando se acentúa ostentativamente la seguridad se provoca al mismo tiempo un sentimiento de inseguridad. Son demasiados daños laterales como para que compensara la débil protección que pueden proporcionar.
Frente a la nostalgia por el orden perdido que clama por límites crispados y barreras de exclusión, la reivindicación de una frontera que comunique, demarque, equilibre y limite puede ser una estrategia razonable para transformar esos espacios de choque, cierre y soberanía en zonas porosas de contacto y comunicación. La alternativa, en cualquier caso, no es entre la frontera y su ausencia, sino entre las fronteras rígidas que siguen colonizando buena parte de nuestro imaginario político y una frontera red que permitiría pensar el mundo contemporáneo como una multiplicidad de espacios que se diferencian y entrecruzan, creando así unos puntos fronterizos que son también puntos de paso y comunicación.
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Daniel Innerarity es catedrático de Filosofía Política y Social, investigador Ikerbasque en la Universidad del País Vasco y director del Instituto de Gobernanza Democrática (www.globernance.com)
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DANIEL INNERARITY 03/06/20.Publicado en El Pais.
La actual pretensión danesa de controlar las fronteras con Alemania y Suecia viene tras los cierres de Francia e Italia, pero resulta aún más inquietante si lo ponemos en relación con una tendencia en el mundo actual a cerrar, impedir el paso y controlar, que responde a la demanda creciente de protección. Desde que en 1989 cae el muro de Berlín, la construcción de nuevos muros se ha multiplicado, como si se tratara de una carrera frenética por hacer frente a una nueva desprotección: entre México y Estados Unidos, en Cisjordania, entre India y Pakistán, entre Irak y Arabia Saudí, entre África del Sur y Zimbabue, entre España y Marruecos (rodeando las ciudades de Ceuta y Melilla), entre Tailandia y Malasia..
Los muros generan zonas de no-derecho y conflictividad, exacerban las hostilidades mutuas
Las fronteras indican, sobre todo, la desconfianza frente al otro, al extranjero
¿En qué consisten estos muros? ¿Cuál es su utilidad o el propósito con que se levantan? Estas barreras no están pensadas para impedir el ataque de ejércitos enemigos, sino para impedir el tránsito de personas; quieren hacer frente a fuerzas persistentes y desorganizadas más que a estrategias militares o económicas; son más post-, sub- y transnacionales que internacionales; son una respuesta a los flujos desconectados de las soberanías estatales. Los muros actuales no responden a la lógica de la guerra fría sino que son muros de protección; indican la desconfianza frente al otro, el extranjero, y dicen mucho acerca de las ambigüedades de la globalización. Se dirigen contra el movimiento de bienes y personas que muchas veces no tienen su causa en una invasión exterior sino en la demanda interna: mano de obra, drogas, prostitución...
Un muro no es tanto una cosa material como algo mental que traza una línea de separación entre un "adentro" que se siente amenazado y un "afuera" amenazante, considerado como enemigo, estereotipado, ubicuo y en ocasiones fantasmal. Los muros funcionan como un icono tranquilizador en la medida en que restablecen una distinción nítida entre el interior y el exterior, entre el amigo y el enemigo, que se hace coincidir frecuentemente con las fronteras nacionales. Todos los procesos de guetización participan de esa misma lógica al segmentar la ciudad de una manera invisible, arruinando así su vocación de aproximar a sus habitantes. Las barreras recuperan una modalidad de poder soberano, material y delimitado en un entorno, para algunos inquietante, en el que el poder se presenta como una realidad difusa y débil. Los muros son una respuesta psicosociológica al desdibujamiento de la distinción entre el interior y el exterior, al que acompañan otras distinciones que se han vuelto problemáticas, como la diferencia entre ejército y policía, los criminales y los enemigos, la guerra y el terrorismo, derecho y no-derecho, lo público y lo privado, el interés propio y el interés general.
La construcción de muros no solamente ilustra un retroceso en el sueño de un "mundo global", sino que testimonia unas tendencias subterráneas de la globalización que alimentan el retorno de ciertas formas de "neofeudalización" del mundo. Un mundo en el que son asombrosamente compatibles la integración de la economía global y el aislamiento psicopolítico. Cabría incluso afirmar que la defensa de esta compatibilidad se ha convertido en un objetivo ideológico en esa síntesis de neoliberalismo político y nacionalismo estatal de cierta nueva derecha cuyo proyecto ha sintetizado Saskia Sassen en el doble objetivo de "desnacionalización de la vida económica y renacionalización de la vida política". No vivimos en un mundo ilimitado, sino en la tensión entre una geografía de los mercados abiertos que tiende a abolir las fronteras y una territorialidad de la seguridad nacional que tiende a construirlas. No hay coherencia entre la práctica geoeconómica y la práctica geopolítica que equilibre las diferentes agendas del comercio y de la seguridad.
Sabíamos desde Maquiavelo que las fortalezas suelen ser más perjudiciales que útiles. Los muros proyectan una imagen de jurisdicción y espacio asegurado, una presencia física espectacular que se contradice con los hechos: por lo general no contribuyen a solucionar los conflictos e impiden muy escasamente la circulación. Complican el objetivo, obligan a modificar el itinerario, pero en tanto que prohibiciones de paso suelen ser poco eficaces.
El ejemplo más elocuente de ello lo encontramos en el control de la emigración, que aumenta o disminuye por factores que no están vinculados a la rigidez o porosidad de las fronteras. Hay emigración porque hay un diferencial de oportunidades o, si se prefiere, porque las desigualdades son actualmente percibidas en un contexto global. Cuando se piensa que el establecimiento de barreras es la solución para el incremento del número de los emigrantes y refugiados es porque se ha considerado previamente que la causa de esos desplazamientos era la flexibilidad de las fronteras, lo que es radicalmente falso.
Si no cumplen esa función que se les asigna, entonces ¿para qué sirven esas fronteras que adoptan la forma de muros? Dada su falta de eficacia, lo que hay que preguntarse es cuáles son las necesidades psicológicas que su construcción satisface. Y la respuesta está en la necesidad de limitación y protección de quienes se perciben a sí mismas -muchas veces contra toda evidencia- como "sociedades asediadas" (Bauman). En lo que hace referencia a los muros está claro que aluden inmediatamente a la defensa contra unos asaltantes venidos de un "afuera" caótico, pero sirven como instrumentos de identificación y cohesión, responden al miedo frente a la pérdida de soberanía y a la desaparición de las culturas homogéneas. De esta manera se construye una siniestra equivalencia entre alteridad y hostilidad, lo que es además un error de percepción (la mayor parte de los atentados que se han cometido en EE UU han provenido de terroristas del interior). Y se asienta el prejuicio de que la democracia no puede existir más que en un espacio cerrado y homogéneo.
Así pues, se trata de remedios físicos para problemas psíquicos, de una teatralización con efectos más visuales que reales. Un muro aparenta ofrecer seguridad en un mundo en el que la capacidad de protección del Estado ha disminuido, en el que los sujetos son más vulnerables a las vicisitudes económicas globales y a la violencia transnacional. Todo lo que acompaña a la escenografía rotunda de los muros no son sino gestos políticos destinados a contentar a cierto electorado, a suprimir la imagen de un caos políticamente embarazoso y sustituirla por la de un orden reconfortante. Aunque es imposible muchas veces cerrar completamente las fronteras, es peor dar la impresión de que no se hace nada. Construir una barrera es la mejor manera de no hacer nada dando la impresión de que se hace algo; de este modo se despliega una seductora salva política dirigida contra un conjunto de problemas especialmente complejos, a los que es imposible aportar una solución de corto plazo.
Los muros serían inicuos si se limitaran a dejar sin resolver los problemas que de manera tan simplista pretenden delimitar. Pero no es ese el caso: los muros generan zonas de no-derecho y conflictividad, agravan muchos de los problemas que tratan de resolver, exacerban las hostilidades mutuas, proyectan hacia el exterior los fracasos internos y excluyen toda confrontación con las desigualdades globales. Además, cuando se acentúa ostentativamente la seguridad se provoca al mismo tiempo un sentimiento de inseguridad. Son demasiados daños laterales como para que compensara la débil protección que pueden proporcionar.
Frente a la nostalgia por el orden perdido que clama por límites crispados y barreras de exclusión, la reivindicación de una frontera que comunique, demarque, equilibre y limite puede ser una estrategia razonable para transformar esos espacios de choque, cierre y soberanía en zonas porosas de contacto y comunicación. La alternativa, en cualquier caso, no es entre la frontera y su ausencia, sino entre las fronteras rígidas que siguen colonizando buena parte de nuestro imaginario político y una frontera red que permitiría pensar el mundo contemporáneo como una multiplicidad de espacios que se diferencian y entrecruzan, creando así unos puntos fronterizos que son también puntos de paso y comunicación.
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Daniel Innerarity es catedrático de Filosofía Política y Social, investigador Ikerbasque en la Universidad del País Vasco y director del Instituto de Gobernanza Democrática (www.globernance.com)
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martes, 10 de mayo de 2011
No anem bé
A Catalunya, amb CiU, no anem bé. Encara que llencin pilotes fora i diguin que la culpa de tot és del tripartit. Els indicadors de l’economia catalana, en aquest primer trimestre, així ho expressen. Un d’aquests indicadors és el Producte Interior Brut (PIB). A Catalunya, el PIB va créixer entre gener i març del 2011 un 0,1%. En canvi, a Espanya, un 0,2%. Són petites magnituds però una representa el doble de l’altra. Fins ara els resultats, en termes de creixement del PIB, eren superiors a Catalunya. Però la tendència d’aquest darrer trimestre ha estat la inversa.
Una altra dada més recent: Catalunya és la comunitat autònoma que més expedients d’empreses insolvents ha presentat en aquest primer trimestre de l’any. Fa temps que hem detectat un clima de desmoralització en la societat i en l’economia catalana. CiU no governa, no transmet cap il•lusió de futur, no és capaç de plantejar pactes polítics estratègics per Catalunya i això s’acaba expressant en la capacitat productiva del país. Hi ha problemes a les empreses i problemes amb l’atur. Si recordeu, fa uns dies, comentàvem les dades de l’Enquesta de Població Activa. A Catalunya, en els primers tres mesos de l’any, s’havien perdut el mateix nombre de llocs de treball que en tot l’any 2010.
Per acabar-ho d’arrodonir, tot plegat, us recomanem que entreu al web de la Generalitat, on hi ha penjat el Pla de Govern. Si feu una ullada a l’apartat d’Ocupació, veureu afirmacions i propostes sense dades que suggereixen dos comentaris. El primer és que aquest apartat, n’estem convençuts, no l’ha escrit el conseller Mena. A ESADE, i Mena ha estat professor a diversos dels seus màsters, ensenyen que els objectius, a les empreses i a l’administració, han de ser mesurables; és a dir, han de fixar quantitativament on es vol arribar. I aquí només hi ha la literatura de sempre. El segon comentari és que Mena sí que va posar dades; al principi del mandat va afirmar que si l’atur no es reduïa a la meitat en quatre anys, ell hauria fracassat. I quan l’atur creix, creix també el fracàs del nostre govern.
El 14 de maig es preveu una gran manifestació contra les retallades. Cada cop apareixen més indicadors de què el govern dels millors no progressa adequadament, o dit clarament, de què amb CiU, no anem bé. El 14 manifestació i el 22 a votar solvència, i progrés.
10 de maig de 2011
Grup Breus
Una altra dada més recent: Catalunya és la comunitat autònoma que més expedients d’empreses insolvents ha presentat en aquest primer trimestre de l’any. Fa temps que hem detectat un clima de desmoralització en la societat i en l’economia catalana. CiU no governa, no transmet cap il•lusió de futur, no és capaç de plantejar pactes polítics estratègics per Catalunya i això s’acaba expressant en la capacitat productiva del país. Hi ha problemes a les empreses i problemes amb l’atur. Si recordeu, fa uns dies, comentàvem les dades de l’Enquesta de Població Activa. A Catalunya, en els primers tres mesos de l’any, s’havien perdut el mateix nombre de llocs de treball que en tot l’any 2010.
Per acabar-ho d’arrodonir, tot plegat, us recomanem que entreu al web de la Generalitat, on hi ha penjat el Pla de Govern. Si feu una ullada a l’apartat d’Ocupació, veureu afirmacions i propostes sense dades que suggereixen dos comentaris. El primer és que aquest apartat, n’estem convençuts, no l’ha escrit el conseller Mena. A ESADE, i Mena ha estat professor a diversos dels seus màsters, ensenyen que els objectius, a les empreses i a l’administració, han de ser mesurables; és a dir, han de fixar quantitativament on es vol arribar. I aquí només hi ha la literatura de sempre. El segon comentari és que Mena sí que va posar dades; al principi del mandat va afirmar que si l’atur no es reduïa a la meitat en quatre anys, ell hauria fracassat. I quan l’atur creix, creix també el fracàs del nostre govern.
El 14 de maig es preveu una gran manifestació contra les retallades. Cada cop apareixen més indicadors de què el govern dels millors no progressa adequadament, o dit clarament, de què amb CiU, no anem bé. El 14 manifestació i el 22 a votar solvència, i progrés.
10 de maig de 2011
Grup Breus
lunes, 9 de mayo de 2011
Inframunicipalisme
Darrerament apareixen articles, declaracions o comentaris sobre l’inframunicipalisme. La majoria coincideixen en la necessitat de fer una reforma de l’administració local que passaria per una reducció del nombre d’ajuntaments. I, de tant en tant, hi ha qui parla de fer desaparèixer les diputacions provincials com si això fos la solució a algun problema.
És cert que hi ha molts ajuntaments. A Catalunya 946, a Espanya 8.111. I una bona part són municipis petits, un 60% de poblacions menors de 1.000 habitants. Aquesta realitat dificulta una de les funcions bàsiques dels governs locals com és la prestació de serveis públics. Municipis petits implica pressupostos petits. Però les competències bàsiques, per tant les obligacions envers la ciutadania, són gairebé similars per a tots. Entre els qui opinen en reduir ajuntaments s’hi barregen dues línies argumentats, una la d’aconseguir una major eficiència, i una altra, que la veritat no s’acaba d’entendre és per evitar el risc de la corrupció. Des de fa anys hi ha literatura extensa, publicacions i fins i tot congressos que en parlen. En aquest breus només volem posar sobre la taula dues reflexions que, potser, anirien en direcció contrària a les darreres opinions publicades als mitjans. La més recent és la de Joaquín Estefania a El País de diumenge passat favorable al tancament d’ajuntaments.
Primera reflexió. Per a què es van crear els moderns ajuntaments? En els treballs previs en comissió a la redacció de la Constitució de Càdis de 1812 ja hi va haver un debat sobre si s’havien de crear ajuntaments a tots els nuclis de població o no, fins i tot als de menys de 1.000 habitants. Qüestions com l’eficiència ja es van posar sobre la taula tot i que los servicios minimos de l’època a fer pels ajuntaments eren efectivament molt reduïts. Les raons per les quals el Decret de 23 de maig de 1812 ordenava la creació ajuntaments constitucionals a tots els nuclis de població, seguint la tradició francesa d’identificar municipi amb casc urbà, eren efectivament de caràcter polític. Es volien abolir els poder locals de l’antic règim, els càrrecs perpetus municipals i constituir governs locals democràtics. La lògica política d’atorgar més representació a la ciutadania i el rol, no ja d’impartir justícia de l’alcalde, sinó d’agent conciliador entre els interessos locals, va prevaler sobre els problemes de l’eficiència. Així és com es van formar la majoria dels ajuntaments que ara coneixem.
La història després ha donat moltes voltes. I aquesta lògica política sembla oblidada per una segona lògica que guanya posicions, i és la funció de prestar serveis. Quan els requeriments i les competències superen de llarg aquells serveis mínims del segle XIX és quan més es posa en crisi la capacitat econòmica del minifundisme municipal. Cert. Però també és cert que per a la població que habita en pobles petits la figura de l’alcalde/ssa i del govern local li és absolutament funcional en termes polítics, de representació de l’interès general i d’administrador de les normes que modulen la convivència, siguin aquestes urbanístiques, socials o culturals. Si es dissol un ajuntament en nom de l’eficiència econòmica, s’ha de preveure que es redueix potència a l’exercici de la ciutadania d’aquestes poblacions. Un alcalde o alcaldessa, a efectes de relació amb altres administracions, és formalment el mateix si el seu municipi té 300 habitants o en té 50.000.
No deixa de ser una paradoxa que els ajuntaments constitucionals del XIX es van crear per lluitar contra els privilegis, el caciquisme i la corrupció i ara, al segle XXI es qüestionen perquè hi ha qui considera que l’inframunicipalisme incrementa el risc de corrupció. I més quan la corrupció apareix també a ciutats i capitals de província i a altres nivells de l’administració.
Segona reflexió. Les diputacions. El que no es pot fer és dir que els ajuntaments petits han de desaparèixer per manca d’eficiència econòmica i al mateix temps parlar d’eliminar les diputacions. Si avui dia, a la província de Barcelona, podem parlar d’equitat territorial, de qualitat homogènia dels serveis públics locals, és perquè hi ha un govern, que és també local i per tant format per representants dels territoris de la província, que treballa per corregir aquests problemes d’eficiència.
Més que dir que han de desaparèixer, ara convindria un reconeixement formal de competències materials a les diputacions en tant que governs locals intermedis en l’àmbit de les dues lògiques esmentades. Primer en la lògica política de govern i de representació d’un territori; segon, en la de produir eficàcia, eficiència i equitat en la prestació de serveis públics municipals. A la fi, el municipalisme ha estat el gran motor de transformació social del nostre país, gràcies, justament a la proximitat del poder polític i la ciutadania.
3 de maig de 2011
Grup Breus
És cert que hi ha molts ajuntaments. A Catalunya 946, a Espanya 8.111. I una bona part són municipis petits, un 60% de poblacions menors de 1.000 habitants. Aquesta realitat dificulta una de les funcions bàsiques dels governs locals com és la prestació de serveis públics. Municipis petits implica pressupostos petits. Però les competències bàsiques, per tant les obligacions envers la ciutadania, són gairebé similars per a tots. Entre els qui opinen en reduir ajuntaments s’hi barregen dues línies argumentats, una la d’aconseguir una major eficiència, i una altra, que la veritat no s’acaba d’entendre és per evitar el risc de la corrupció. Des de fa anys hi ha literatura extensa, publicacions i fins i tot congressos que en parlen. En aquest breus només volem posar sobre la taula dues reflexions que, potser, anirien en direcció contrària a les darreres opinions publicades als mitjans. La més recent és la de Joaquín Estefania a El País de diumenge passat favorable al tancament d’ajuntaments.
Primera reflexió. Per a què es van crear els moderns ajuntaments? En els treballs previs en comissió a la redacció de la Constitució de Càdis de 1812 ja hi va haver un debat sobre si s’havien de crear ajuntaments a tots els nuclis de població o no, fins i tot als de menys de 1.000 habitants. Qüestions com l’eficiència ja es van posar sobre la taula tot i que los servicios minimos de l’època a fer pels ajuntaments eren efectivament molt reduïts. Les raons per les quals el Decret de 23 de maig de 1812 ordenava la creació ajuntaments constitucionals a tots els nuclis de població, seguint la tradició francesa d’identificar municipi amb casc urbà, eren efectivament de caràcter polític. Es volien abolir els poder locals de l’antic règim, els càrrecs perpetus municipals i constituir governs locals democràtics. La lògica política d’atorgar més representació a la ciutadania i el rol, no ja d’impartir justícia de l’alcalde, sinó d’agent conciliador entre els interessos locals, va prevaler sobre els problemes de l’eficiència. Així és com es van formar la majoria dels ajuntaments que ara coneixem.
La història després ha donat moltes voltes. I aquesta lògica política sembla oblidada per una segona lògica que guanya posicions, i és la funció de prestar serveis. Quan els requeriments i les competències superen de llarg aquells serveis mínims del segle XIX és quan més es posa en crisi la capacitat econòmica del minifundisme municipal. Cert. Però també és cert que per a la població que habita en pobles petits la figura de l’alcalde/ssa i del govern local li és absolutament funcional en termes polítics, de representació de l’interès general i d’administrador de les normes que modulen la convivència, siguin aquestes urbanístiques, socials o culturals. Si es dissol un ajuntament en nom de l’eficiència econòmica, s’ha de preveure que es redueix potència a l’exercici de la ciutadania d’aquestes poblacions. Un alcalde o alcaldessa, a efectes de relació amb altres administracions, és formalment el mateix si el seu municipi té 300 habitants o en té 50.000.
No deixa de ser una paradoxa que els ajuntaments constitucionals del XIX es van crear per lluitar contra els privilegis, el caciquisme i la corrupció i ara, al segle XXI es qüestionen perquè hi ha qui considera que l’inframunicipalisme incrementa el risc de corrupció. I més quan la corrupció apareix també a ciutats i capitals de província i a altres nivells de l’administració.
Segona reflexió. Les diputacions. El que no es pot fer és dir que els ajuntaments petits han de desaparèixer per manca d’eficiència econòmica i al mateix temps parlar d’eliminar les diputacions. Si avui dia, a la província de Barcelona, podem parlar d’equitat territorial, de qualitat homogènia dels serveis públics locals, és perquè hi ha un govern, que és també local i per tant format per representants dels territoris de la província, que treballa per corregir aquests problemes d’eficiència.
Més que dir que han de desaparèixer, ara convindria un reconeixement formal de competències materials a les diputacions en tant que governs locals intermedis en l’àmbit de les dues lògiques esmentades. Primer en la lògica política de govern i de representació d’un territori; segon, en la de produir eficàcia, eficiència i equitat en la prestació de serveis públics municipals. A la fi, el municipalisme ha estat el gran motor de transformació social del nostre país, gràcies, justament a la proximitat del poder polític i la ciutadania.
3 de maig de 2011
Grup Breus
Les enquestes a Espanya
El PP va per davant a les enquestes a nivell de l’estat. Alguna cosa passa quan un partit que no fa propostes per a sortir de la crisi, que més aviat posa pals a les rodes als grans acords entre el govern i els agents socials, aconsegueix més adhesions en els sondeigs. Fa unes setmanes, en un dels breus, afirmàvem que el combat amb la dreta es basa, finalment, en quina ètica resultarà hegemònica. En aquests moments veiem que l’ètica de l’individualisme guanya posicions en una societat que les darreres dècades ha fet un salt econòmic i social indiscutible. És legítim que les noves classes mitjanes urbanes espanyoles i catalanes se sentin orgulloses dels seus èxits i del seu progrés personal. Les biografies de molta gent registren molts esforços, propis i de les seves famílies, per accedir a una formació universitària i molt de treball per créixer professionalment o per aixecar els centenars de projectes d’empresa que s’han desenvolupat des de la democràcia.
Aquesta hipòtesi podria explicar l’èxit actual en les enquestes de la dreta. Això i el fet que actualment el govern que pateix el desgast de la crisi és el socialista. Però cal explicar algunes realitats. La primera és que si bé l’esforç per ascendir socialment ha estat personal i familiar, aquest no hauria pogut existir sense un govern, el socialista, que va posar els estudis universitaris a l’abast de tothom. O que va transformar les estructures de l’economia per adobar un terreny favorable als projectes emprenedors. O que va consolidar un estat del benestar que, diguem-ho clar, ha permès que milions de persones hagin gaudit d’estabilitat laboral en tots aquests anys a l’administració.
La segona és que si la dreta guanya, ho hem vist amb CiU a Catalunya, es posarà en marxa l’enderroc de les estructures públiques i col•lectives que han fet possible anivellar-nos amb Europa. Un exemple són les noves taxes universitàries. Sembla un cercle viciós sense sortida. Els socialistes, quan han governat, han aplicat una ètica de la cooperació i la responsabilitat social, han generat benestar i noves classes mitjanes i professionals. Les mateixes que ara conreen una ideologia conservadora que legitima partits com el Partit Popular espanyol o candidats oportunistes que aprofiten la crisi per dir que el projecte de Barcelona ha fracassat.
El combat no és només entre un o un altre candidat. És un combat ideològic i un combat ètic.
9 de maig de 2011
Grup Breus
Aquesta hipòtesi podria explicar l’èxit actual en les enquestes de la dreta. Això i el fet que actualment el govern que pateix el desgast de la crisi és el socialista. Però cal explicar algunes realitats. La primera és que si bé l’esforç per ascendir socialment ha estat personal i familiar, aquest no hauria pogut existir sense un govern, el socialista, que va posar els estudis universitaris a l’abast de tothom. O que va transformar les estructures de l’economia per adobar un terreny favorable als projectes emprenedors. O que va consolidar un estat del benestar que, diguem-ho clar, ha permès que milions de persones hagin gaudit d’estabilitat laboral en tots aquests anys a l’administració.
La segona és que si la dreta guanya, ho hem vist amb CiU a Catalunya, es posarà en marxa l’enderroc de les estructures públiques i col•lectives que han fet possible anivellar-nos amb Europa. Un exemple són les noves taxes universitàries. Sembla un cercle viciós sense sortida. Els socialistes, quan han governat, han aplicat una ètica de la cooperació i la responsabilitat social, han generat benestar i noves classes mitjanes i professionals. Les mateixes que ara conreen una ideologia conservadora que legitima partits com el Partit Popular espanyol o candidats oportunistes que aprofiten la crisi per dir que el projecte de Barcelona ha fracassat.
El combat no és només entre un o un altre candidat. És un combat ideològic i un combat ètic.
9 de maig de 2011
Grup Breus
sábado, 7 de mayo de 2011
La convivencia en la Europa del siglo XXI
JAVIER SOLANA / EMMA BONINO 07/05/2011.Publicado El País
La diversidad cultural ha sido una característica constante de la historia europea. Ha sido la fuente de muchos de los mayores logros de nuestro continente, sin embargo, cuando se ha gestionado de forma inapropiada, también ha desempeñado un papel en algunas de sus mayores tragedias.
El Consejo de Europa y la UE deben formular una política de inmigración de gran alcance
La diversidad ha aumentado en las últimas décadas, debido a las nuevas olas de inmigración, y seguirá haciéndolo, al menos por dos motivos.
En primer lugar, la mayoría de aquellos que han llegado a Europa en las últimas décadas, y sus descendientes, tienen la intención de quedarse. Muchos siguen apegados a la herencia cultural de sus países de origen. ¿Qué tiene esto de malo? Siempre y cuando cumplan la ley, no debería esperarse que las personas que se establecen en un nuevo país dejen tras de sí su fe, su cultura o su identidad. Esta diversidad puede contribuir a la creatividad que Europa tanto necesita, ahora más que nunca.
En segundo lugar, Europa está envejeciendo, lo que significa que se necesitan más inmigrantes. Sin ellos, la Comisión Europea estima que solo en la UE, en los próximos 50 años, la fuerza de trabajo se reducirá prácticamente en 100 millones de personas aun cuando la población en su conjunto siga aumentando. Se trata de una fórmula que lleva a la decadencia.
Por lo tanto, la diversidad es el destino de Europa. Está forjando nuestro futuro en un mundo que evoluciona rápidamente, y seguirá haciéndolo. Así pues, es de vital importancia que los europeos encaren sus desafíos con más eficacia y determinación -y, para ser francos-, mucho mejor de lo que lo están haciendo en la actualidad. Esta vez no pueden permitirse equivocarse en cómo hacer frente a la situación. Por desgracia, hay indicios de que corren el peligro de estar haciendo precisamente esto.
Estos indicios son evidentes: una intolerancia creciente, un mayor apoyo a los partidos xenófobos y populistas, la discriminación, la presencia de una población de migrantes no documentados que prácticamente no tienen derechos, comunidades "paralelas" cuyos miembros apenas interactúan con la sociedad que les rodea, el extremismo islámico, la pérdida de libertades democráticas, e intentos de restringir la libertad de expresión con el presunto interés de defender la libertad de religión.
Bajo estos indicios subyacen una inseguridad profundamente arraigada (consecuencia de las dificultades económicas de Europa y de un sentido de decadencia relativa); el fenómeno de la inmigración a gran escala (tanto como la experimentada realmente como la percibida); imágenes deformadas y estereotipos nocivos de las minorías en los medios de comunicación y laopinión pública, y la escasez de dirigentes que puedan inspirar confianza articulando una visión clara del destino de Europa.
Nuestro informe -que será publicado el 11 de mayo- Living Together: Combining Diversity and Freedom in 21st Century Europe (La convivencia: combinar la diversidad y la libertad en la Europa del siglo XXI) ofrece una respuesta asentada en los valores fundamentales de Europa: un programa para una Europa con mayor confianza en sí misma, que acogerá la diversidad en lugar de rechazarla, y aceptará asimismo que la existencia de identidades múltiples no es en absoluto negativa. Si se puede ser afroamericano o italoamericano, ¿por qué no un europeo "con guiones" turco-alemán, norafricano-francés o asiático-británico?
Estamos convencidos de que podemos ser esa Europa, pero solo si todos los residentes a largo plazo de los países europeos son aceptados como ciudadanos de pleno derecho, y si todos, con independencia de su credo, cultura o etnicidad, son tratados por igual por la legislación, las autoridades y sus conciudadanos. Al igual que todos los demás ciudadanos de una democracia, deberían participar en la elaboración de las leyes, pero ni la religión ni la cultura pueden ser una excusa para vulnerarlas.
Proponemos 17 principios rectores, y confiamos en que los legisladores, los formadores de opinión y los activistas de la sociedad civil puedan utilizarlos como un manual para la diversidad.
Como mínimo, es necesario que exista un acuerdo de que la ley debe acatarse, y alcanzar un entendimiento común de lo que es la ley y de cómo puede cambiarse. Siempre que respeten la ley, no se debería esperar que los inmigrantes renuncien a su credo, cultura o identidad. Es preciso adoptar medidas especiales para que los miembros de los grupos desfavorecidos o marginados gocen de una verdadera igualdad de oportunidades, y también deben desplegarse esfuerzos para que los miembros de diferentes grupos religiones, culturales o étnicos se conozcan entre sí y aúnen esfuerzos como miembros de asociaciones voluntarias. Por último, defendemos firmemente el derecho a la libertad de expresión, que no debe restringirse, ni en la legislación ni en la práctica, para aplacar la intimidación violenta. Al mismo tiempo, creemos que no se puede dejar de responder a las declaraciones públicas que tienden a construir o a reforzar los prejuicios públicos contra los miembros de cualquier grupo, en particular miembros de minorías, inmigrantes o personas de origen migrante reciente. Un mensaje central de nuestro informe es "reducir al mínimo las exigencias establecidas legalmente y potenciar al máximo la persuasión".
Con objeto de aplicar estos principios en la práctica, instamos a los Estados a extender estos derechos y obligaciones de la ciudadanía, incluido el derecho de voto, al mayor número posible de miembros de la población residente y -como medida provisional- a conceder a todos los residentes extranjeros el derecho a votar en las elecciones locales. También les instamos a corregir toda información que pudiera malinterpretarse y los estereotipos sobre la migración, y a ofrecer a sus ciudadanos una imagen más realista de la situación de los migrantes y de las necesidades actuales y futuras de Europa. Reconocemos su derecho y su deber de controlar la inmigración, pero también instamos a todos los europeos a tratar a los solicitantes de asilo y a los migrantes que llegan a Europa de una manera justa y humana, mostrando la solidaridad apropiada y repartiéndose la carga entre los Estados miembros. Pedimos al Consejo de Europa y a la UE que trabajen juntos para formular una política de inmigración de gran alcance, coherente y transparente para toda Europa y, al mismo tiempo, que tiendan una mano a nuestros vecinos de Oriente Próximo y África del Norte, brindándoles la oportunidad de participar, con un estatus apropiado, en las instituciones y convenios europeos.
Si se sigue este camino, estamos plenamente convencidos de que Europa puede ser un lugar mejor y más esperanzador de lo que es en la actualidad.
Firman este artículo Javier Solana, Emma Bonino, Joschka Fischer, Timothy Garton Ash, Martin Hirsch, Danuta Hübner, Ayse Kadioglu, Sonja Licht y Vladimir Lukin. Los autores son los miembros del Grupo de Personas Eminentes creado por Thorbjørn Jagland, secretario general del Consejo de Europa, para preparar un informe sobre la convivencia en Europa. Su informe podrá consultarse en www.coe.int a partir del 11 de mayo.
La diversidad cultural ha sido una característica constante de la historia europea. Ha sido la fuente de muchos de los mayores logros de nuestro continente, sin embargo, cuando se ha gestionado de forma inapropiada, también ha desempeñado un papel en algunas de sus mayores tragedias.
El Consejo de Europa y la UE deben formular una política de inmigración de gran alcance
La diversidad ha aumentado en las últimas décadas, debido a las nuevas olas de inmigración, y seguirá haciéndolo, al menos por dos motivos.
En primer lugar, la mayoría de aquellos que han llegado a Europa en las últimas décadas, y sus descendientes, tienen la intención de quedarse. Muchos siguen apegados a la herencia cultural de sus países de origen. ¿Qué tiene esto de malo? Siempre y cuando cumplan la ley, no debería esperarse que las personas que se establecen en un nuevo país dejen tras de sí su fe, su cultura o su identidad. Esta diversidad puede contribuir a la creatividad que Europa tanto necesita, ahora más que nunca.
En segundo lugar, Europa está envejeciendo, lo que significa que se necesitan más inmigrantes. Sin ellos, la Comisión Europea estima que solo en la UE, en los próximos 50 años, la fuerza de trabajo se reducirá prácticamente en 100 millones de personas aun cuando la población en su conjunto siga aumentando. Se trata de una fórmula que lleva a la decadencia.
Por lo tanto, la diversidad es el destino de Europa. Está forjando nuestro futuro en un mundo que evoluciona rápidamente, y seguirá haciéndolo. Así pues, es de vital importancia que los europeos encaren sus desafíos con más eficacia y determinación -y, para ser francos-, mucho mejor de lo que lo están haciendo en la actualidad. Esta vez no pueden permitirse equivocarse en cómo hacer frente a la situación. Por desgracia, hay indicios de que corren el peligro de estar haciendo precisamente esto.
Estos indicios son evidentes: una intolerancia creciente, un mayor apoyo a los partidos xenófobos y populistas, la discriminación, la presencia de una población de migrantes no documentados que prácticamente no tienen derechos, comunidades "paralelas" cuyos miembros apenas interactúan con la sociedad que les rodea, el extremismo islámico, la pérdida de libertades democráticas, e intentos de restringir la libertad de expresión con el presunto interés de defender la libertad de religión.
Bajo estos indicios subyacen una inseguridad profundamente arraigada (consecuencia de las dificultades económicas de Europa y de un sentido de decadencia relativa); el fenómeno de la inmigración a gran escala (tanto como la experimentada realmente como la percibida); imágenes deformadas y estereotipos nocivos de las minorías en los medios de comunicación y laopinión pública, y la escasez de dirigentes que puedan inspirar confianza articulando una visión clara del destino de Europa.
Nuestro informe -que será publicado el 11 de mayo- Living Together: Combining Diversity and Freedom in 21st Century Europe (La convivencia: combinar la diversidad y la libertad en la Europa del siglo XXI) ofrece una respuesta asentada en los valores fundamentales de Europa: un programa para una Europa con mayor confianza en sí misma, que acogerá la diversidad en lugar de rechazarla, y aceptará asimismo que la existencia de identidades múltiples no es en absoluto negativa. Si se puede ser afroamericano o italoamericano, ¿por qué no un europeo "con guiones" turco-alemán, norafricano-francés o asiático-británico?
Estamos convencidos de que podemos ser esa Europa, pero solo si todos los residentes a largo plazo de los países europeos son aceptados como ciudadanos de pleno derecho, y si todos, con independencia de su credo, cultura o etnicidad, son tratados por igual por la legislación, las autoridades y sus conciudadanos. Al igual que todos los demás ciudadanos de una democracia, deberían participar en la elaboración de las leyes, pero ni la religión ni la cultura pueden ser una excusa para vulnerarlas.
Proponemos 17 principios rectores, y confiamos en que los legisladores, los formadores de opinión y los activistas de la sociedad civil puedan utilizarlos como un manual para la diversidad.
Como mínimo, es necesario que exista un acuerdo de que la ley debe acatarse, y alcanzar un entendimiento común de lo que es la ley y de cómo puede cambiarse. Siempre que respeten la ley, no se debería esperar que los inmigrantes renuncien a su credo, cultura o identidad. Es preciso adoptar medidas especiales para que los miembros de los grupos desfavorecidos o marginados gocen de una verdadera igualdad de oportunidades, y también deben desplegarse esfuerzos para que los miembros de diferentes grupos religiones, culturales o étnicos se conozcan entre sí y aúnen esfuerzos como miembros de asociaciones voluntarias. Por último, defendemos firmemente el derecho a la libertad de expresión, que no debe restringirse, ni en la legislación ni en la práctica, para aplacar la intimidación violenta. Al mismo tiempo, creemos que no se puede dejar de responder a las declaraciones públicas que tienden a construir o a reforzar los prejuicios públicos contra los miembros de cualquier grupo, en particular miembros de minorías, inmigrantes o personas de origen migrante reciente. Un mensaje central de nuestro informe es "reducir al mínimo las exigencias establecidas legalmente y potenciar al máximo la persuasión".
Con objeto de aplicar estos principios en la práctica, instamos a los Estados a extender estos derechos y obligaciones de la ciudadanía, incluido el derecho de voto, al mayor número posible de miembros de la población residente y -como medida provisional- a conceder a todos los residentes extranjeros el derecho a votar en las elecciones locales. También les instamos a corregir toda información que pudiera malinterpretarse y los estereotipos sobre la migración, y a ofrecer a sus ciudadanos una imagen más realista de la situación de los migrantes y de las necesidades actuales y futuras de Europa. Reconocemos su derecho y su deber de controlar la inmigración, pero también instamos a todos los europeos a tratar a los solicitantes de asilo y a los migrantes que llegan a Europa de una manera justa y humana, mostrando la solidaridad apropiada y repartiéndose la carga entre los Estados miembros. Pedimos al Consejo de Europa y a la UE que trabajen juntos para formular una política de inmigración de gran alcance, coherente y transparente para toda Europa y, al mismo tiempo, que tiendan una mano a nuestros vecinos de Oriente Próximo y África del Norte, brindándoles la oportunidad de participar, con un estatus apropiado, en las instituciones y convenios europeos.
Si se sigue este camino, estamos plenamente convencidos de que Europa puede ser un lugar mejor y más esperanzador de lo que es en la actualidad.
Firman este artículo Javier Solana, Emma Bonino, Joschka Fischer, Timothy Garton Ash, Martin Hirsch, Danuta Hübner, Ayse Kadioglu, Sonja Licht y Vladimir Lukin. Los autores son los miembros del Grupo de Personas Eminentes creado por Thorbjørn Jagland, secretario general del Consejo de Europa, para preparar un informe sobre la convivencia en Europa. Su informe podrá consultarse en www.coe.int a partir del 11 de mayo.
Revoluciones e inmigración
SAMI NAÏR 07/05/2011.Publicado en el País.
La Comisión de Bruselas acaba de aceptar revisar las reglas del espacio de Schengen para la libertad de circulación dentro de la Unión Europea. La danza del vientre a la que se han entregado Nicolas Sarkozy y Silvio Berlusconi en lo que respecta a la "invasión" de los inmigrantes tunecinos desde hace cuatro meses tiene algo que ver con eso. No merece que nos detengamos en ella, de tan escandalosa que es desde el punto de vista político y humano. El cambio revolucionario en Túnez como en Libia provoca efectivamente la huida de las poblaciones. Hay aquí dos cuestiones estrechamente relacionadas: la del derecho de asilo y la de la inmigración de trabajo. Pero esta "invasión" no va precisamente en el sentido que se dice: más de 650.000 personas han huido de Libia; si sigue el conflicto, se esperan más de un millón de personas de aquí al verano. Túnez, que ahora está implicada en la guerra por Gadafi, ya ha recibido más de 500.000 refugiados por una población de 10,2 millones de habitantes y un PIB en caída desde la revolución, una tasa de desempleo superior al 30%, una situación de decrecimiento grave y una inestabilidad en cuanto a la seguridad peligrosa para la democracia naciente. Europa, con una población que supera los 520 millones de habitantes, un PIB 10 veces superior al de los países de la ribera sur del Mediterráneo, ha tenido que gestionar, aunque por supuesto en el estruendo mediático y los resabios de racismo de Estado... ¡26.000 tunecinos!
El asunto franco-italiano demuestra el fracaso patente de la política migratoria europea
En Túnez, lo he visto con mis propios ojos, los refugiados son acogidos por las poblaciones fronterizas, alimentados, invitados a dormir en las casas mientras esperan soluciones. El primer ministro Beyi Caid Esebsi, me dijo, tal cual, durante una charla: "¿Qué quiere usted? tampoco vamos a abandonarles sedientos y hambrientos en el desierto" (Túnez, 25-4-11). Por supuesto, esta situación no puede durar, es insoportable para Túnez. Pero no vemos comedia histérica alguna a costa de los extranjeros, animosidad alguna en el comportamiento de la población.
El asunto franco-italiano demuestra el fracaso patente de la política migratoria europea. La idea de un espacio interior abierto frente a un espacio exterior cerrado no es practicable en el contexto mundial actual de fuertes desplazamientos de las poblaciones y de demanda migratoria internacional, tanto por parte de los Estados ricos como de los Estados proveedores de emigración.
Si tomamos el caso de Frontex, instrumento de control de la libertad de circulación exterior de las personas, descubrimos que ni tan solo permite instaurar la confianza entre los propios europeos. Los 10 países que se adhirieron en mayo de 2004 a la Unión están todavía sometidos a unas reglas estrictas para el establecimiento de las personas. Francia y Alemania se oponen a la adhesión a los acuerdos de Schengen de Rumanía y Bulgaria, sospechosos de no poder controlar sus fronteras. Eso significa que reforzamos la Europa fortaleza a dos velocidades: hay países que están en primera línea de las zonas de inmigración y otros que se aprovechan del escudo de los primeros. Con la modificación de las reglas del artículo 23 de la Convención de Schengen en el sentido del restablecimiento de los controles en las fronteras interiores, España verá rápidamente lo que significa esto, en sus relaciones con los países africanos, Marruecos y Francia.
En el exterior, Frontex no es más que un éxito a medias, puesto que la inmigración ilegal no ha dejado de desarrollarse estos últimos años. Gadafi y Ben Ali recibían más de 400 millones de euros al año para asegurar el servicio de Frontex. Hoy, Gadafi expulsa a los extranjeros hacia Túnez y Europa.
La emigración continuará, bajo su forma legal e ilegal, simplemente porque corresponde a la integración mundial de las economías y de las sociedades. Se calcula que en nuestros días los inmigrantes ilegales son varios millones de personas, sin hablar de aquellos que se encuentran en los campos de retención rodeando Europa con una venda de vergüenza. En realidad, es todo el dispositivo migratorio europeo que hay que revisar. Hay que integrar las migraciones en una gran política de cooperación y codesarrollo europeo centrada principalmente en la circulación organizada de las personas. El objetivo sería responder a las necesidades mutuas de los países proveedores y de los países europeos. Europa necesita inmigrantes, desde un punto de vista demográfico y económico. La ribera sur del Mediterráneo expresa desde hace tiempo una fuerte demanda migratoria. No podemos responder con la policía de los mar
La Comisión de Bruselas acaba de aceptar revisar las reglas del espacio de Schengen para la libertad de circulación dentro de la Unión Europea. La danza del vientre a la que se han entregado Nicolas Sarkozy y Silvio Berlusconi en lo que respecta a la "invasión" de los inmigrantes tunecinos desde hace cuatro meses tiene algo que ver con eso. No merece que nos detengamos en ella, de tan escandalosa que es desde el punto de vista político y humano. El cambio revolucionario en Túnez como en Libia provoca efectivamente la huida de las poblaciones. Hay aquí dos cuestiones estrechamente relacionadas: la del derecho de asilo y la de la inmigración de trabajo. Pero esta "invasión" no va precisamente en el sentido que se dice: más de 650.000 personas han huido de Libia; si sigue el conflicto, se esperan más de un millón de personas de aquí al verano. Túnez, que ahora está implicada en la guerra por Gadafi, ya ha recibido más de 500.000 refugiados por una población de 10,2 millones de habitantes y un PIB en caída desde la revolución, una tasa de desempleo superior al 30%, una situación de decrecimiento grave y una inestabilidad en cuanto a la seguridad peligrosa para la democracia naciente. Europa, con una población que supera los 520 millones de habitantes, un PIB 10 veces superior al de los países de la ribera sur del Mediterráneo, ha tenido que gestionar, aunque por supuesto en el estruendo mediático y los resabios de racismo de Estado... ¡26.000 tunecinos!
El asunto franco-italiano demuestra el fracaso patente de la política migratoria europea
En Túnez, lo he visto con mis propios ojos, los refugiados son acogidos por las poblaciones fronterizas, alimentados, invitados a dormir en las casas mientras esperan soluciones. El primer ministro Beyi Caid Esebsi, me dijo, tal cual, durante una charla: "¿Qué quiere usted? tampoco vamos a abandonarles sedientos y hambrientos en el desierto" (Túnez, 25-4-11). Por supuesto, esta situación no puede durar, es insoportable para Túnez. Pero no vemos comedia histérica alguna a costa de los extranjeros, animosidad alguna en el comportamiento de la población.
El asunto franco-italiano demuestra el fracaso patente de la política migratoria europea. La idea de un espacio interior abierto frente a un espacio exterior cerrado no es practicable en el contexto mundial actual de fuertes desplazamientos de las poblaciones y de demanda migratoria internacional, tanto por parte de los Estados ricos como de los Estados proveedores de emigración.
Si tomamos el caso de Frontex, instrumento de control de la libertad de circulación exterior de las personas, descubrimos que ni tan solo permite instaurar la confianza entre los propios europeos. Los 10 países que se adhirieron en mayo de 2004 a la Unión están todavía sometidos a unas reglas estrictas para el establecimiento de las personas. Francia y Alemania se oponen a la adhesión a los acuerdos de Schengen de Rumanía y Bulgaria, sospechosos de no poder controlar sus fronteras. Eso significa que reforzamos la Europa fortaleza a dos velocidades: hay países que están en primera línea de las zonas de inmigración y otros que se aprovechan del escudo de los primeros. Con la modificación de las reglas del artículo 23 de la Convención de Schengen en el sentido del restablecimiento de los controles en las fronteras interiores, España verá rápidamente lo que significa esto, en sus relaciones con los países africanos, Marruecos y Francia.
En el exterior, Frontex no es más que un éxito a medias, puesto que la inmigración ilegal no ha dejado de desarrollarse estos últimos años. Gadafi y Ben Ali recibían más de 400 millones de euros al año para asegurar el servicio de Frontex. Hoy, Gadafi expulsa a los extranjeros hacia Túnez y Europa.
La emigración continuará, bajo su forma legal e ilegal, simplemente porque corresponde a la integración mundial de las economías y de las sociedades. Se calcula que en nuestros días los inmigrantes ilegales son varios millones de personas, sin hablar de aquellos que se encuentran en los campos de retención rodeando Europa con una venda de vergüenza. En realidad, es todo el dispositivo migratorio europeo que hay que revisar. Hay que integrar las migraciones en una gran política de cooperación y codesarrollo europeo centrada principalmente en la circulación organizada de las personas. El objetivo sería responder a las necesidades mutuas de los países proveedores y de los países europeos. Europa necesita inmigrantes, desde un punto de vista demográfico y económico. La ribera sur del Mediterráneo expresa desde hace tiempo una fuerte demanda migratoria. No podemos responder con la policía de los mar
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