España no hace los esfuerzos
necesarios para reducir la pobreza y la desigualdad. Lo repiten, desde hace
años, informes como el que acaba de publicar la Comisión Europea,
y que El País ha difundido en este artículo. En uno de los apartados se señala que
España, junto con Italia, es el país en el que las prestaciones
tienen un menor impacto en la reducción de la desigualdad, los que menos
ayudan a los hogares con rentas más bajas.
El sistema de garantía de ingresos,
esa compleja red de prestaciones (contributivas y no contributivas), que
deberían asegurar un nivel de mínimo de rentas a quienes no pueden obtener
ingresos por salario, protege poco –por sus
bajas cuantías-, y protege a pocos –debido
a sus bajas tasas de cobertura-. Es, además, un galimatías de instrumentos
dirigidos a cubrir distintas circunstancias de necesidad, cada una con un
diseño y características diferentes.
Sin embargo, no todo el
sistema funciona mal. Las pensiones contributivas muestran un impacto muy
alto en la reducción de la pobreza, casi la mitad del total de la reducción
de pobreza de todas las prestaciones económicas. Le siguen las prestaciones
contributivas por desempleo que se encuentran, de hecho, bastante cerca de
la media europea, y tienen la virtud de ser una de las prestaciones con
mayor impacto en la reducción de la pobreza infantil -y no las prestaciones
por hijo a cargo, a las que sólo acceden el 33,6% de los niños y niñas en situación de
pobreza en España-.
El último nivel del sistema
de garantía de ingresos está formado por algunas prestaciones específicas
gestionadas por el gobierno central –como la mencionada prestación por hijo
a cargo- y las rentas mínimas, de
competencia autonómica, la política social que
está más directamente enfocada a la asistencia de las personas en pobreza
severa. Son una parte pequeña de todo el sistema -representan sólo un 6%
del gasto total- pero juegan un papel fundamental: son el último recurso
posible para quienes han agotado todas las prestaciones vinculadas al
desempleo. Dado el comportamiento del mercado laboral español en los
últimos años, quienes han llegado a esta situación distan de ser una
excepción: 770.000 hogares llegaron a estar en esta situación.
Fuente: Encuesta de Población
Activa, INE.
En España no existe una renta
mínima general no contributiva, como en otros países europeos. La política
de rentas mínimas en España son, en realidad, 19
políticas distintas. Cada comunidad las ha ido desarrollando
de forma independiente, sin tener un marco compartido ni criterios
homogéneos a partir de los cuales desarrollar el nivel de protección
deseado. Es un sistema desigual, con algunas
comunidades autónomas con altos niveles de protección (como el de País
Vasco, Navarra o Asturias) y otros con niveles de protección muy bajos
(como Murcia o Andalucía), tal como vemos en el nivel de gasto que cada
comunidad autónoma ha destinado en los últimos años, como vemos en el
siguiente gráfico:
Fuente: Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Informe de Rentas Mínimas de
Inserción, 2015
Las diferencias entre
comunidades autónomas son muy importantes en cuanto a requisitos, duración,
cuantías mínimas y máximas, tasas de cobertura, gasto, etc. Un sistema
heterogéneo con enormes lagunas en su capacidad protectora. Para muestra un
botón:
Fuente: Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Informe de Rentas Mínimas de
Inserción, 2015.
El sistema de rentas mínimas
acusó, desde inicios de la crisis, una enorme presión debido a la demanda
creciente de personas que se habían quedado prestaciones y que no
conseguían volver a integrarse en el mercado laboral. Y este sistema,
precario y desarticulado, fue el que tuvo que responder a las consecuencias
de la crisis económica más importante de las últimas décadas.
Según los últimos datos disponibles
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
desde el año 2002 hasta el 2015, el número total de perceptores (titulares
y miembros dependientes) ha pasado de 322.319 a 789.672. La evolución del
gasto ha ido en consonancia al aumento de la demanda: de 250,7 millones de
euros en el año 2002 a 1.359,6 millones de euros en el año 2015. Sin
embargo, este importante aumento no ha sido suficiente: el sistema de
rentas mínimas no llega ni a la mitad de los hogares sin ingresos,
y no ha sido capaz de contener el avance de la pobreza y la exclusión en
España, como se observa en el aumento sostenido de los
indicadores de pobreza.
Fuente: Encuesta condiciones
de vida. INE.
Hay consenso entre los
expertos sobre la necesidad de una reforma del sistema. Desde Europa la
presión hacia la mejora de los sistemas de rentas mínimas de los estados
miembros ha subido de intensidad. Se ha recogido como derecho en el Pilar Social (art.
14) y en el Parlamento Europeo se ha votado a favor de crear un marco
europeo de la renta mínima.
La Comisión Europea incorpora
cada año en sus recomendaciones al estado español la
necesidad de “Abordar las disparidades y fragmentaciones regionales en los
regímenes de garantía de ingresos y mejorar el apoyo familiar, incluido el
acceso a los cuidados infantiles de calidad”. Recogiendo el guante, el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con apoyo de la
Comisión Europea a través de un programa Progress, se ha embarcado los dos
últimos años en una revisión exhaustiva de los Sistemas de Ingresos Mínimos
de España desde la perspectiva de su efectividad, que acabó en 2017, y
cuyos resultados finales deberían cerca de publicarse.
A raíz de la propuesta de ILP de los sindicatos se ha discutido en el Congreso sobre
el estado actual del sistema y sus posibilidades de cambio. Al parecer, -casi- todo mundo está de
acuerdo en que es necesario impulsar y mejorar los sistemas de rentas
mínimas en España. Cabe preguntarse entonces por
qué no estamos presenciando la reforma del sistema en
aquellos asuntos en los que hay acuerdo y evidencia que se debe
mejorar: adecuación –sus
cuantías tienen que ser suficientes para garantizar un nivel de vida digno
y evitar la pobreza, especialmente en hogares con hijos/as a cargo, que son
las que presentan las mayores brechas-, cobertura –aumentar
la proporción de personas en situación de pobreza severa que acceden al
sistema- y la armonización del sistema,
tanto entre la parte contributiva como no contributiva, como entre las distintas
comunidades autónomas, definiendo una renta mínima homogénea y suficiente,
sobre la que cada región pueda decidir sus propias mejoras.
Hay consenso, pero no
compromiso.
Lamentablemente, con el puro consenso no se va a transformar el actual
galimatías en un sistema razonable, que haga lo que se supone que debe
hacer: proteger adecuadamente a los hogares más pobres y mitigar de las
formas más severas de pobreza.
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