TRIBUNA: JOSÉ IGNACIO WERT
Descifrando la indignación
Eliminación de privilegios de la clase política y mayor participación ciudadana, colectivismo frente al liberalismo y la socialdemocracia. ¿Cómo van a canalizar políticamente esas propuestas? ¿Sin partidos?
JOSÉ IGNACIO WERT 30/06/2911.Publicado en El Pais.
De las toneladas de tinta real o virtual que llevamos gastadas en la indignación y su entorno, la mayor parte es perfectamente irrelevante en términos de su contribución a desentrañar el fenómeno. Y es preciso reconocer que, en esto como en otras cosas, los indignados han ganado una batalla decisiva, la de imponer el marco (frame) en el terreno que más les favorece.
En el campo ideológico y moral, el nonagenario Stéphane Hessel aporta la munición intelectual
Quieren una banca pública y una reforma fiscal. Rechazan los recortes y el Pacto del Euro
La batalla semántica en la que los indignados se han impuesto por goleada tiene una cuádruple dimensión. La primera es la de centrar el punto de vista en su razón de ser, la indignación. ¿Hay algo más natural que indignarse con el curso de las cosas? ¿Quién no está indignado? La segunda, poner el acento en lo que no son. No son políticos ni son sindicalistas, dos categorías profesionales denostadas, que viven sus horas más bajas en el aprecio popular. La tercera, llamar la atención sobre lo que no quieren: no quieren recortes sociales, no quieren que la crisis la paguen quienes no son responsables de ella, no quieren políticos corruptos, ni privilegiados, ni encastados. El cuarto pilar es el método: la protesta pacífica, no son violentos. Ciertamente, este último se tambaleó con los incidentes de Barcelona del 15-J, pero el mayor control de las formas en las diversas manifestaciones del 19-J parece haberlo reconstruido en parte, al menos en la opinión publicada.
De todas esas victorias semánticas surge un relato simple (los indignados tienen razón) que explica la simpatía mayoritaria que las encuestas (entre ellas, la de Metroscopia para este diario) reflejan.
Ahora bien, la imposición de ese marco no nos dispensa de hacernos las preguntas relevantes para analizar ese movimiento, dimensionar su importancia, y argumentar una posición respecto a él. Y es en este programa donde ha prevalecido la irrelevancia: la falta de respuesta interpretativa del movimiento es, sobre todo, consecuencia de no formular esas preguntas relevantes. No se trata de quiénes no son, sino de quiénes son. No se trata de qué no quieren, sino de qué quieren. No se trata de cómo dicen que aspiran a conseguirlo, sino de qué hacen de verdad.
Respecto a lo primero, la identidad del movimiento, los esfuerzos por buscar la mano que mece la cuna han oscurecido más que aclarado la cuestión. Por supuesto que un movimiento como este que se pretende -y en buena medida lo es- espontáneo y carente de un sujeto vertebrador visible convoca gentes muy diversas y, con seguridad, la mayoría de muy buena fe y provista de las mejores intenciones. Pero es preciso ir más allá. Y en ese más allá, habrá que atender a las fuentes de las que beben o lo que hasta ahora han producido los indignados.
Las fuentes de inspiración de los Manifiestos son inequívocas. En el campo ideológico-moral, la autoridad la provee Stéphane Hessel, el nonagenario miembro de la Resistencia, cuyo panfleto (¡Indignaos!, Destino, 2010) es no solo el pelotazo editorial de este año y el pasado, sino la munición intelectual más importante del movimiento. Pues bien, el inmenso respeto que el autor, por su experiencia, su biografía y su compromiso sin duda merece, no debe ser óbice para decir que las 30 páginas del documento son el fruto de un malentendido profundamente falso e injusto, basado en la identificación del actual statu quo en los países democráticos con el fascismo y hasta el nazismo. De semejante diagnóstico surge el imperativo categórico de la indignación que, por otra parte, el autor parece considerar como un fin en sí misma, puesto que apenas se proponen alternativas al actual estado de cosas. Esto para no mencionar algunos deslices como la comprensión hacia el terrorismo de Hamás.
A su vez, las referencias de autoridad en el campo económico son todas ellas del mismo palo (ATTAC, Economía Crítica, Taifa), el de la izquierda colectivista, opuesta radicalmente no ya al liberalismo, sino también a la socialdemocracia traidora y vendida al capital.
Bajo tal inspiración, puede imaginarse el resultado, y con ello entramos en lo que se propone. En el campo político, un catálogo de generalidades -astuto, es preciso admitirlo- en busca del mínimo denominador común de la indignación ciudadana: listas abiertas, reforma electoral para dar más representatividad, fin de los privilegios de los políticos, fuera los imputados por corrupción... y, ya puestos, un referéndum sobre la forma de Estado y alguna cosilla por añadidura. Partiendo de una supuesta verdad apodíctica, los políticos y los partidos son corruptos e ineficaces, la democracia representativa no nos representa, ha prevalecido la impresión de que proponen soluciones de sentido común.
No hay tal. Es evidente que el funcionamiento de la política en España deja mucho que desear en muchas facetas. Pero de ahí a sostener que los políticos son una casta corrupta, que la democracia española no es representativa, incluso que los políticos son unos privilegiados hay un mundo. Ni las listas abiertas tienen las virtudes que ingenuamente les atribuye la gente (y desde luego son muy manipulables en sentido populista), ni es cierto que el sistema electoral no sea representativo (ningún partido o coalición con más del 0,2% de los votos se quedó en 2008 fuera del Parlamento), ni la Monarquía es el problema. Pero, sobre todo, lo más importante es averiguar cuál es el contrafactual que los indignados sugieren. ¿Qué es la democracia real para los indignados? Las propuestas políticas (www.democraciarealya.es) se concretan en dos epígrafes, la eliminación de los privilegios de la clase política y las propuestas sobre libertades ciudadanas y participación política. La eliminación de privilegios viene a proponer una especie de sovietización de los representantes públicos, que debieran recibir solo el salario medio español (¿el concejal de un pequeño municipio lo mismo que el presidente del Gobierno?). Entre las libertades ciudadanas hay una verdaderamente notable: "que el voto blanco y el nulo tengan también su representación en el legislativo" (por cierto, esta reivindicación, de la que lo más suave que cabe decir es que se trata de un oxímoron grotesco, me la planteó un indignado con corbata en las recientes Jornadas de Sitges del Círculo de Economía y pensé que me estaba vacilando. Le pido, aunque sea tarde, disculpas, entonces no había leído aún esta portentosa propuesta).
En el campo económico y social, además de las propuestas genéricas, los indignados se han posicionado en un extenso documento (41 páginas) contra el Pacto del Euro. El nivel de desconocimiento de los datos que revela es pavoroso. Hay disparates del calibre de sostener que el gasto sanitario en España es del 0,4% del PIB. Pero, a la hora de proponer, lo único que proponen es que no se acepte el Pacto del Euro, que se rechace cualquier recorte, que se nacionalice la banca y que se aumenten los impuestos. O sea, lisa y llanamente que vayamos, eso sí, orgullosos como Rodríguez Saá en Argentina hace 10 años, al default.
Esto es lo que hay. Izquierdismo revolucionario, poco elaborado y menos realizable. Ausencia total de propuestas viables. Populismo, demagogia y explotación de los sentimientos antipolíticos, sustituyéndolos por no se sabe muy bien qué modalidades de democracia directa. O, a lo peor, sí que se sabe. Que se lo pregunten a Alberto Ruiz-Gallardón, a Rita Barberá, a Montserrat Tura o a Gerard Figueras, el diputado convergente al que hemos visto gritar "auxili" para escarnio no suyo, sino de todos. Pero la cuestión metodológica va más allá de la crítica a la violencia practicada. Demos por buena su condición minoritaria y el arrepentimiento espontáneo. Subsiste el problema de que sabemos que ocupan plazas, discuten manifiestos y toman la calle. Vale. Pero ¿cómo se van a canalizar políticamente esas propuestas? ¿Sin partidos? ¿Con un partido de indignados? No lo sabemos ni nos lo dicen. Hic sunt leones. No vaya a ser que, con el agua sucia, tiremos al niño por el desagüe. Porque el niño, la democracia, ya no es tan niño. Nos ha costado más de 30 años criarlo y no es cosa de que nos lo desgracien...
José Ignacio Wert es presidente de Inspireconsultores.
jueves, 30 de junio de 2011
EL FUTURO DE LA IZQUIERDA El PSC necesita renovarse
Los socialistas catalanes deben cambiar de líderes y de forma de proceder y no actuar por puro tacticismo
Jueves, 30 de junio del 2011 El Periódico de Catalunya
Àlex Masllorens
El PSC obtuvo un pésimo resultado en las elecciones municipales del mes pasado. Este hecho incontrovertible se puede disimular con cualquier excusa o poniendo de manifiesto que en algunos lugares concretos obtuvo buenos resultados. Pero la contundencia de la derrota fue de tal magnitud que cualquier matiz parecería una burda maniobra de distracción. Hubo honrosas excepciones que demuestran el arraigo del partido en algunos pueblos y ciudades o bien el buen trabajo de algunos alcaldes y alcaldesas. La cuestión de fondo es, de todas formas, si se prefiere obviar la realidad e ir llenando al enfermo de cataplasmas para distraerlo de la atención sobre su mal o bien se afronta el problema y se empiezan a tomar las medidas drásticas que la gravedad de la situación reclama. Llevamos dos tropiezos seguidos, y los dos de una dimensión considerable. Mientras tanto, parece que todo el mundo vaya mirando hacia otra parte, como si las dimisiones o la renovación («que se renueven ellos», diría Unamuno) no fueran con ellos. Hay quien, después de haber negado durante meses la evidencia que ya señalaban todas las encuestas, incluso pretende ahora transformar la derrota en una victoria relativa y se propone como alternativa de futuro.
La crisis del socialismo catalán y español no me parece que responda solo a la mala suerte de haber estado al frente de los gobiernos (estatal, catalán o locales) en el peor momento. De hecho, en otros países europeos la izquierda casi ha desaparecido del mapa sin ni siquiera tener responsabilidades de gobierno. Los tiempos son extraños y resultan difíciles de interpretar muchas reacciones y decisiones de la ciudadanía, pero tenemos que reconocer que los mensajes que han mandado los partidos socialistas a su electorado tampoco eran fáciles de entender. Por responsabilidad -hemos subrayado, pero de forma excesivamente acrítica- se han interiorizado los dictados de los mercados y de los poderes financieros y se han adoptado con sumisión medidas antisociales que nunca habríamos aceptado de la derecha más ultraliberal. En el momento decisivo, hemos ignorado las mejores tradiciones de la socialdemocracia europea. Para aumentar el desaliento, solo nos ha faltado descubrir con estupefacción y tristeza que varios dictadores de países árabes, cuyas revoluciones mirábamos con tanta simpatía, eran miembros de la Internacional Socialista.
En Catalunya tenemos, además, algunos problemas propios. A menudo damos la culpa de la falta de resolución en la profundización democrática y el autogobierno al hecho de que haya tan pocos federalistas en España, y tan poco convencidos. Pero a la hora de la verdad, a la hora de marcar la diferencia y de hacerse valer ante los socios federados, ¿qué hace el PSC en Madrid? A menudo se quieren reducir los problemas de las relaciones con el PSOE al hecho de tener o no un grupo parlamentario propio en el Congreso; a mí me parece que esta medida, que no es menor, no resolvería lo más importante: determinar si el PSC tiene una opción propia y diferenciada del PSOE y si está dispuesto a hacer valer su fuerza. No se trata de si se cae o no en las trampas puramente tacticistas y coyunturales de otros grupos catalanes, que saben sacar un rédito fácil de las dudas existenciales del PSC, sino que los socialistas catalanes exijamos de una vez, con toda contundencia, el peso que nos corresponde en el conjunto de la izquierda española. El PSC ha tenido que conformarse tradicionalmente con las migajas del poder cuando ha habido ocasión de gobernar en España, y encima lo ha hecho poniendo buena cara. El apoyo al PSOE tiene que valer, como mínimo, en la misma proporción que los votos que se aportan y la gobernabilidad que se hace posible. Y si esta visión parece excesivamente mercantilista, más vale esto que el desprecio que ha habido que aguantar tan a menudo de los «compañeros socialistas».
En el momento actual hace falta una renovación a fondo de personas y de maneras de proceder y actuar, hay que tener las ideas más claras y no actuar por puro tacticismo, escuchar más a la ciudadanía, estar más cerca de los movimientos sociales, dialogar de tú a tú y convencer a la gente de que la política es una actividad digna e imprescindible, hay que buscar complicidades con la juventud desencantada, con los sectores tradicionalmente progresistas y con el catalanismo integrador. Reivindicar, en definitiva, los viejos valores de la libertad, la igualdad y la solidaridad y el europeísmo convencido. Ante las tentaciones populistas y las propuestas de soluciones demasiado simplistas para resolver los problemas complejos de nuestro tiempo, la apuesta del PSC tiene que ser por más política y nunca menos. Es el momento de la renovación, de dejar paso a personas con reconocimiento social, con experiencia vital, valientes, decididas, creíbles, con ideas y valores claros y capacidad para escuchar y dialogar y para contagiar ilusión y esperanza en un futuro que puede ser mejor si la izquierda no renuncia a aportar sus valores. Periodista y exdiputado del grupo
Socialistes-Ciutadans pel Canvi.
Jueves, 30 de junio del 2011 El Periódico de Catalunya
Àlex Masllorens
El PSC obtuvo un pésimo resultado en las elecciones municipales del mes pasado. Este hecho incontrovertible se puede disimular con cualquier excusa o poniendo de manifiesto que en algunos lugares concretos obtuvo buenos resultados. Pero la contundencia de la derrota fue de tal magnitud que cualquier matiz parecería una burda maniobra de distracción. Hubo honrosas excepciones que demuestran el arraigo del partido en algunos pueblos y ciudades o bien el buen trabajo de algunos alcaldes y alcaldesas. La cuestión de fondo es, de todas formas, si se prefiere obviar la realidad e ir llenando al enfermo de cataplasmas para distraerlo de la atención sobre su mal o bien se afronta el problema y se empiezan a tomar las medidas drásticas que la gravedad de la situación reclama. Llevamos dos tropiezos seguidos, y los dos de una dimensión considerable. Mientras tanto, parece que todo el mundo vaya mirando hacia otra parte, como si las dimisiones o la renovación («que se renueven ellos», diría Unamuno) no fueran con ellos. Hay quien, después de haber negado durante meses la evidencia que ya señalaban todas las encuestas, incluso pretende ahora transformar la derrota en una victoria relativa y se propone como alternativa de futuro.
La crisis del socialismo catalán y español no me parece que responda solo a la mala suerte de haber estado al frente de los gobiernos (estatal, catalán o locales) en el peor momento. De hecho, en otros países europeos la izquierda casi ha desaparecido del mapa sin ni siquiera tener responsabilidades de gobierno. Los tiempos son extraños y resultan difíciles de interpretar muchas reacciones y decisiones de la ciudadanía, pero tenemos que reconocer que los mensajes que han mandado los partidos socialistas a su electorado tampoco eran fáciles de entender. Por responsabilidad -hemos subrayado, pero de forma excesivamente acrítica- se han interiorizado los dictados de los mercados y de los poderes financieros y se han adoptado con sumisión medidas antisociales que nunca habríamos aceptado de la derecha más ultraliberal. En el momento decisivo, hemos ignorado las mejores tradiciones de la socialdemocracia europea. Para aumentar el desaliento, solo nos ha faltado descubrir con estupefacción y tristeza que varios dictadores de países árabes, cuyas revoluciones mirábamos con tanta simpatía, eran miembros de la Internacional Socialista.
En Catalunya tenemos, además, algunos problemas propios. A menudo damos la culpa de la falta de resolución en la profundización democrática y el autogobierno al hecho de que haya tan pocos federalistas en España, y tan poco convencidos. Pero a la hora de la verdad, a la hora de marcar la diferencia y de hacerse valer ante los socios federados, ¿qué hace el PSC en Madrid? A menudo se quieren reducir los problemas de las relaciones con el PSOE al hecho de tener o no un grupo parlamentario propio en el Congreso; a mí me parece que esta medida, que no es menor, no resolvería lo más importante: determinar si el PSC tiene una opción propia y diferenciada del PSOE y si está dispuesto a hacer valer su fuerza. No se trata de si se cae o no en las trampas puramente tacticistas y coyunturales de otros grupos catalanes, que saben sacar un rédito fácil de las dudas existenciales del PSC, sino que los socialistas catalanes exijamos de una vez, con toda contundencia, el peso que nos corresponde en el conjunto de la izquierda española. El PSC ha tenido que conformarse tradicionalmente con las migajas del poder cuando ha habido ocasión de gobernar en España, y encima lo ha hecho poniendo buena cara. El apoyo al PSOE tiene que valer, como mínimo, en la misma proporción que los votos que se aportan y la gobernabilidad que se hace posible. Y si esta visión parece excesivamente mercantilista, más vale esto que el desprecio que ha habido que aguantar tan a menudo de los «compañeros socialistas».
En el momento actual hace falta una renovación a fondo de personas y de maneras de proceder y actuar, hay que tener las ideas más claras y no actuar por puro tacticismo, escuchar más a la ciudadanía, estar más cerca de los movimientos sociales, dialogar de tú a tú y convencer a la gente de que la política es una actividad digna e imprescindible, hay que buscar complicidades con la juventud desencantada, con los sectores tradicionalmente progresistas y con el catalanismo integrador. Reivindicar, en definitiva, los viejos valores de la libertad, la igualdad y la solidaridad y el europeísmo convencido. Ante las tentaciones populistas y las propuestas de soluciones demasiado simplistas para resolver los problemas complejos de nuestro tiempo, la apuesta del PSC tiene que ser por más política y nunca menos. Es el momento de la renovación, de dejar paso a personas con reconocimiento social, con experiencia vital, valientes, decididas, creíbles, con ideas y valores claros y capacidad para escuchar y dialogar y para contagiar ilusión y esperanza en un futuro que puede ser mejor si la izquierda no renuncia a aportar sus valores. Periodista y exdiputado del grupo
Socialistes-Ciutadans pel Canvi.
martes, 28 de junio de 2011
Diputacions
Breus comentaris 92
Rubalcaba va parlar fa un dies de les diputacions. La notícia a El Periódico destaca que el vicepresident del Govern es mostrava partidari de suprimir diputacions que dupliquin serveis amb altres administracions. En algun altre breus n’hem parlat, de les diputacions, i ja hem dit que per a una major comprensió dels anomenats “governs locals intermedis” recomanem la lectura de l’informe elaborat per la Fundació Democràcia i Govern Local. Aquest estudi detalla els aspectes jurídics, institucionals i polítics que argumenten la necessitat d’aquest tipus de governs que a Espanya es diuen diputacions i a altres països europeus reben altres denominacions.
Quan es parla de diputacions, sovint es redueix excessivament la seva funció a la de prestació de serveis. Si considerem que les diputacions són meres “agències” que cooperen amb els ajuntaments, aleshores és possible abordar i estudiar quina és la manera més eficaç i eficient de fer aquesta feina. Clar que potser ens trobem amb la sorpresa que algunes diputacions són més eficients en la prestació de serveis que el govern de la pròpia comunitat autònoma. A la província de Barcelona, podríem avaluar per exemple serveis com la lectura pública, la gestió de parcs naturals, els centres d’atenció a la dona, el manteniment de carreteres, la gestió de les teleassistències, aspectes que la Generalitat exerceix en altres províncies, i veuríem qui és més competent des del punt de vista de la gestió econòmica, dels resultats i de la valoració ciutadana.
Però tot i així, aquesta és una reducció excessivament mecànica del paper de les diputacions. Hi ha un aspecte molt més rellevant, i és que les diputacions són poder i govern local. Estan estretament vinculades als resultats en les eleccions municipals de manera que en l’avaluació que fa la ciutadania del seu ajuntament també hi ha implícita la valoració que fa de la seva diputació, encara que d’això no se’n parli gaire. Eliminar diputacions vol dir retallar aquest poder local, que és el més accessible a la ciutadania, i en conseqüència correm el risc de rebaixar la qualitat democràtica del sistema polític. No oblidem l’anomenat principi de subsidiarietat que regeix a la Unió Europea i pel qual les decisions públiques les ha de prendre el govern competent més proper a les persones.
Que les diputacions són un govern local ho posen en evidència altres qüestions. Una és com s’adrecen els alcaldes i alcaldesses a les diputacions quan necessiten suport o resoldre un problema. No té res a veure en com parlen amb un departament de la Generalitat o amb un ministeri. No és un qüestió de color polític, és que els ajuntaments consideren les diputacions com una extensió natural del seu govern, cosa que no succeirà mai amb una altra nivell de l’administració, sigui Generalitat o Govern espanyol.
Un altre exemple és que les diputacions presten serveis, però a més gestionen el coneixement col•lectiu que es genera de treballar en xarxa amb els ajuntaments. No són només una finestreta d’atorgament de subvencions, són el referent per a la innovació política dels municipis. No es tracta només de lliurar recursos, es tracta de comprometre’s amb el resultat final amb l’ajuntament en qüestió. I això no ho farà cap altre govern que no sigui local.
El debat no és senzill. El futur de les diputacions no es pot limitar a parlar d’eficiència. Tot i que potser trobaríem sorpreses. En aquest debat hem de parlar també de polítiques que resolen problemes, de representació ciutadana i de govern local, de proximitat i de qualitat del sistema polític.
28 de juny de 2011
Grup Breus
Rubalcaba va parlar fa un dies de les diputacions. La notícia a El Periódico destaca que el vicepresident del Govern es mostrava partidari de suprimir diputacions que dupliquin serveis amb altres administracions. En algun altre breus n’hem parlat, de les diputacions, i ja hem dit que per a una major comprensió dels anomenats “governs locals intermedis” recomanem la lectura de l’informe elaborat per la Fundació Democràcia i Govern Local. Aquest estudi detalla els aspectes jurídics, institucionals i polítics que argumenten la necessitat d’aquest tipus de governs que a Espanya es diuen diputacions i a altres països europeus reben altres denominacions.
Quan es parla de diputacions, sovint es redueix excessivament la seva funció a la de prestació de serveis. Si considerem que les diputacions són meres “agències” que cooperen amb els ajuntaments, aleshores és possible abordar i estudiar quina és la manera més eficaç i eficient de fer aquesta feina. Clar que potser ens trobem amb la sorpresa que algunes diputacions són més eficients en la prestació de serveis que el govern de la pròpia comunitat autònoma. A la província de Barcelona, podríem avaluar per exemple serveis com la lectura pública, la gestió de parcs naturals, els centres d’atenció a la dona, el manteniment de carreteres, la gestió de les teleassistències, aspectes que la Generalitat exerceix en altres províncies, i veuríem qui és més competent des del punt de vista de la gestió econòmica, dels resultats i de la valoració ciutadana.
Però tot i així, aquesta és una reducció excessivament mecànica del paper de les diputacions. Hi ha un aspecte molt més rellevant, i és que les diputacions són poder i govern local. Estan estretament vinculades als resultats en les eleccions municipals de manera que en l’avaluació que fa la ciutadania del seu ajuntament també hi ha implícita la valoració que fa de la seva diputació, encara que d’això no se’n parli gaire. Eliminar diputacions vol dir retallar aquest poder local, que és el més accessible a la ciutadania, i en conseqüència correm el risc de rebaixar la qualitat democràtica del sistema polític. No oblidem l’anomenat principi de subsidiarietat que regeix a la Unió Europea i pel qual les decisions públiques les ha de prendre el govern competent més proper a les persones.
Que les diputacions són un govern local ho posen en evidència altres qüestions. Una és com s’adrecen els alcaldes i alcaldesses a les diputacions quan necessiten suport o resoldre un problema. No té res a veure en com parlen amb un departament de la Generalitat o amb un ministeri. No és un qüestió de color polític, és que els ajuntaments consideren les diputacions com una extensió natural del seu govern, cosa que no succeirà mai amb una altra nivell de l’administració, sigui Generalitat o Govern espanyol.
Un altre exemple és que les diputacions presten serveis, però a més gestionen el coneixement col•lectiu que es genera de treballar en xarxa amb els ajuntaments. No són només una finestreta d’atorgament de subvencions, són el referent per a la innovació política dels municipis. No es tracta només de lliurar recursos, es tracta de comprometre’s amb el resultat final amb l’ajuntament en qüestió. I això no ho farà cap altre govern que no sigui local.
El debat no és senzill. El futur de les diputacions no es pot limitar a parlar d’eficiència. Tot i que potser trobaríem sorpreses. En aquest debat hem de parlar també de polítiques que resolen problemes, de representació ciutadana i de govern local, de proximitat i de qualitat del sistema polític.
28 de juny de 2011
Grup Breus
LA RENOVACIÓN DE UNA CORRIENTE POLÍTICA Seis preguntas sobre la socialdemocracia
Los partidos no pueden ser los monologuistas de la política, sino grupos corales, abiertos y plurales
Martes, 28 de junio del 2011 Publicado en el Periódico de Catalunya
Julio Jiménez
Es el año 2030 y en clase de historia la profesora explica «la crisis del 2008». Empieza describiendo la especulación y las hipotecas subprime; habla de Lehman Brothers y Moody's; detalla la crisis de la deuda soberana y las revueltas populares. En un momento dado, uno de los alumnos aventajados levanta la mano y pregunta: «¿Y cómo es que los conservadores gobernaban por aquel entonces en toda Europa?». La maestra, en tono aleccionador, responde: «Esa es una buena pregunta...».
Los socialdemócratas asistimos atónitos a una de las más tristes paradojas de nuestro tiempo. Mientras vivimos la mayor crisis del capitalismo de los últimos 70 años, las fuerzas progresistas, en principio ostentadoras de un modelo social alternativo, han sido barridas del mapa político europeo. Más que «la crisis del capitalismo», parece que estamos ante la «crisis de la socialdemocracia». La causa está probablemente en un discurso equivocado, connivente con el modelo neoliberal y pusilánime en el cometido de la transformación social; estamos de capa caída y buscamos como locos una salida: nuestra renovación.
¿Por qué hay que renovar? Por la falta de apoyo electoral. En España, el PSOE cosechó una derrota histórica en las municipales, bajando por primera vez del 30%; en Alemania, el SPD obtuvo el peor resultado histórico en el 2009; en el Reino Unido, el Labour se recupera lentamente del posblairismo, después del fiasco en las elecciones del 2010 al Parlamento británico, derrota también «histórica»; en Francia, la esperanza del PS era un hombre que ahora está en libertad bajo fianza; en Italia todavía hay futuro para la izquierda, pero no lo encarna el Partido Democrático (PD): ni el nuevo alcalde de Milán ni el de Nápoles se presentaban por el PD.
¿Qué hay que renovar? El discurso. No es que la socialdemocracia no tenga proyecto ni ideas. De hecho, las fundaciones de los partidos socialdemócratas fomentan constantemente la discusión de nuevas ideas, la definición de nuevos horizontes, proyectos que esperan ser recogidos por algún político de altura. La británica Compass lleva años promoviendo la idea de la Good Society, una suerte de corriente izquierdista que sitúa a la democracia como principio radical y que pretende ser una alternativa verosímil al escalofriante «la sociedad no existe, solo son individuos», de Margaret Thatcher. El director del prestigioso Policy Network, Olaf Cramme, apuntaba tres elementos que debían estar en cualquier programa de gobierno socialdemócrata: 1. Una estrategia para regular mercados financieros. 2. Un plan de modernización industrial. 3. Una reforma del sistema impositivo. La Fundación Ideas ha publicado sendos informes donde aborda tales cuestiones para el caso español.
¿Dónde se debería situar nuestro ámbito de renovación? Mientras que la batalla está en el Estado nación, el proyecto está en Europa. El 95% de las grandes cuestiones nacionales están influidas, hoy, por los designios de los grandes poderes europeos. Es necesario plantear programas de gobierno, tanto de ámbito nacional como europeo, que se fundamenten en los mismos valores e ideas y que sean coherentes con el proyecto de futuro que deseamos construir.
¿Quiénes deben de protagonizar el impulso renovador? Los partidos beta, partidos en constante construcción. Los partidos no pueden ser los monologuistas de la política, sino más bien grupos corales, portavoces de sensibilidades comunes. Abiertos, plurales, amables, modernos, jóvenes, atrevidos, ricos en experiencia, transparentes, porosos y, obviamente, de masas. Los partidos, tan jerarquizados hoy, se verán sustituidos por partidos en red, donde el compromiso no siempre será del 100%, donde se atraiga talento y desaparezca la idea del «cada cuatro afiliados, uno es un cargo electo, dos trabajan a su servicio y el cuarto es un militante».
¿Cómo hacer la renovación? Progresivamente. Primero, hace falta un programa, cuyos debates sean impulsados por el partido pero donde los protagonistas sean los ciudadanos y la sociedad civil. Segundo, es imprescindible la movilización y conquista del electorado, fundamentada preferiblemente en la ilusión por el proyecto propio antes que por el miedo al del contrario. Y tercero, ganar y, una vez en el poder, transformar.
¿Cuándo empezar la renovación? Tan pronto como sea posible. Debemos de llegar a las elecciones al Parlamento Europeo del 2014 con un programa homogéneo (como de forma acertada se hizo en el 2009), con los partidos socialdemócratas renovados, bien posicionados en sus estados y con proyectos políticos que reten al poder de los mercados y reivindiquen los valores progresistas.
El proceso de renovación de la socialdemocracia no será fácil. Deberemos de ser capaces de retomar en nuestro discurso ese etos que aspira a transformar la realidad, a hacer posible nuestro ideal emancipatorio, el de la «igual libertad» para todos. Y en eso nos tenemos que centrar. Como bien apuntó el brasileño Roberto Unger, «para ser realista antes hay que ser un visionario».
Economista.
Martes, 28 de junio del 2011 Publicado en el Periódico de Catalunya
Julio Jiménez
Es el año 2030 y en clase de historia la profesora explica «la crisis del 2008». Empieza describiendo la especulación y las hipotecas subprime; habla de Lehman Brothers y Moody's; detalla la crisis de la deuda soberana y las revueltas populares. En un momento dado, uno de los alumnos aventajados levanta la mano y pregunta: «¿Y cómo es que los conservadores gobernaban por aquel entonces en toda Europa?». La maestra, en tono aleccionador, responde: «Esa es una buena pregunta...».
Los socialdemócratas asistimos atónitos a una de las más tristes paradojas de nuestro tiempo. Mientras vivimos la mayor crisis del capitalismo de los últimos 70 años, las fuerzas progresistas, en principio ostentadoras de un modelo social alternativo, han sido barridas del mapa político europeo. Más que «la crisis del capitalismo», parece que estamos ante la «crisis de la socialdemocracia». La causa está probablemente en un discurso equivocado, connivente con el modelo neoliberal y pusilánime en el cometido de la transformación social; estamos de capa caída y buscamos como locos una salida: nuestra renovación.
¿Por qué hay que renovar? Por la falta de apoyo electoral. En España, el PSOE cosechó una derrota histórica en las municipales, bajando por primera vez del 30%; en Alemania, el SPD obtuvo el peor resultado histórico en el 2009; en el Reino Unido, el Labour se recupera lentamente del posblairismo, después del fiasco en las elecciones del 2010 al Parlamento británico, derrota también «histórica»; en Francia, la esperanza del PS era un hombre que ahora está en libertad bajo fianza; en Italia todavía hay futuro para la izquierda, pero no lo encarna el Partido Democrático (PD): ni el nuevo alcalde de Milán ni el de Nápoles se presentaban por el PD.
¿Qué hay que renovar? El discurso. No es que la socialdemocracia no tenga proyecto ni ideas. De hecho, las fundaciones de los partidos socialdemócratas fomentan constantemente la discusión de nuevas ideas, la definición de nuevos horizontes, proyectos que esperan ser recogidos por algún político de altura. La británica Compass lleva años promoviendo la idea de la Good Society, una suerte de corriente izquierdista que sitúa a la democracia como principio radical y que pretende ser una alternativa verosímil al escalofriante «la sociedad no existe, solo son individuos», de Margaret Thatcher. El director del prestigioso Policy Network, Olaf Cramme, apuntaba tres elementos que debían estar en cualquier programa de gobierno socialdemócrata: 1. Una estrategia para regular mercados financieros. 2. Un plan de modernización industrial. 3. Una reforma del sistema impositivo. La Fundación Ideas ha publicado sendos informes donde aborda tales cuestiones para el caso español.
¿Dónde se debería situar nuestro ámbito de renovación? Mientras que la batalla está en el Estado nación, el proyecto está en Europa. El 95% de las grandes cuestiones nacionales están influidas, hoy, por los designios de los grandes poderes europeos. Es necesario plantear programas de gobierno, tanto de ámbito nacional como europeo, que se fundamenten en los mismos valores e ideas y que sean coherentes con el proyecto de futuro que deseamos construir.
¿Quiénes deben de protagonizar el impulso renovador? Los partidos beta, partidos en constante construcción. Los partidos no pueden ser los monologuistas de la política, sino más bien grupos corales, portavoces de sensibilidades comunes. Abiertos, plurales, amables, modernos, jóvenes, atrevidos, ricos en experiencia, transparentes, porosos y, obviamente, de masas. Los partidos, tan jerarquizados hoy, se verán sustituidos por partidos en red, donde el compromiso no siempre será del 100%, donde se atraiga talento y desaparezca la idea del «cada cuatro afiliados, uno es un cargo electo, dos trabajan a su servicio y el cuarto es un militante».
¿Cómo hacer la renovación? Progresivamente. Primero, hace falta un programa, cuyos debates sean impulsados por el partido pero donde los protagonistas sean los ciudadanos y la sociedad civil. Segundo, es imprescindible la movilización y conquista del electorado, fundamentada preferiblemente en la ilusión por el proyecto propio antes que por el miedo al del contrario. Y tercero, ganar y, una vez en el poder, transformar.
¿Cuándo empezar la renovación? Tan pronto como sea posible. Debemos de llegar a las elecciones al Parlamento Europeo del 2014 con un programa homogéneo (como de forma acertada se hizo en el 2009), con los partidos socialdemócratas renovados, bien posicionados en sus estados y con proyectos políticos que reten al poder de los mercados y reivindiquen los valores progresistas.
El proceso de renovación de la socialdemocracia no será fácil. Deberemos de ser capaces de retomar en nuestro discurso ese etos que aspira a transformar la realidad, a hacer posible nuestro ideal emancipatorio, el de la «igual libertad» para todos. Y en eso nos tenemos que centrar. Como bien apuntó el brasileño Roberto Unger, «para ser realista antes hay que ser un visionario».
Economista.
lunes, 27 de junio de 2011
Por una política socialdemócrata
El PSOE aplica una política lejana a sus principios. Se impone un giro que incluya propuestas para regenerar la democracia, como la reforma electoral, e iniciativas económicas como una reforma fiscal y una banca pública
PEDRO BOFILL 27/06/2011.Publicado en El Pais.
La severa derrota cosechada por el PSOE en las elecciones municipales y autonómicas ha puesto a los socialistas españoles en una frágil situación política que afecta a toda la izquierda, ya que es la organización con cuyas propuestas y programas se han identificado tradicionalmente los sectores más progresistas de nuestra sociedad. Estos resultados ponen claramente de manifiesto que los votantes de izquierda han decidido castigar al Gobierno de la nación por la crisis económica y al Partido Socialista, por su política alejada de los principios de la socialdemocracia evolucionada.
Nuestra democracia se ha deteriorado. Los políticos se han alejado de la ciudadanía
Los ajustes los exigen los culpables de la crisis y los sufre la gente en su nivel de vida y sus derechos
El error del socialismo ha sido refugiarse a veces en principios claramente opuestos a los socialistas, como el nacionalismo egoísta o ciertos supuestos del liberalismo manchesteriano, entre otros, abandonando los criterios programáticos de la izquierda democrática, que había logrado integrar a la sociedad española en una convivencia respetuosa y solidaria. Convivencia, en la que los principios de igualdad de oportunidades y respeto a los derechos humanos y sociales habían creado las condiciones idóneas para la movilidad vertical y la promoción de los mejores en torno a la modernización de España.
La actual crisis económica es consecuencia de los excesos de los sistemas financieros internacionales ocasionados por su desregulación, presentada como presupuesto para avanzar económicamente. Esta situación ha sido aprovechada por los sectores financieros para imponer sus criterios y actuar en beneficio propio. Debido a la debilidad de los poderes públicos, estos sectores, lejos de reconocer sus fallos y las consecuencias que tienen, nos imponen unas recetas, las suyas, que nos abocan a una nueva crisis más aguda y dolorosa, de no remediarlo los legítimos representantes de los ciudadanos.
Como los socialdemócratas hemos afirmado tradicionalmente, los mercados han demostrado una vez más que son incapaces de regularse por sí mismos. La falta de una adecuada intervención de los poderes públicos ha agudizado la insolidaridad y ha generado situaciones de extrema injusticia, que ponen en peligro la paz social, tan costosamente conseguida.
La crisis económica originada por los abusos del sistema financiero ha agravado la crisis política. El sistema democrático español ha experimentado en esta última década un notable deterioro cuyas causas son, entre otras, la desnaturalización de los mecanismos de representación, el autismo de los partidos políticos, el alejamiento de los dirigentes democráticos de la sociedad y los sucesivos escándalos de corrupción. Estos comportamientos y abusos, además de corroer la propia esencia del poder representativo, generan el desánimo en los ciudadanos, favorecen la pérdida de los valores básicos de la convivencia y fermentan la expansión del nihilismo político.
Si no se actúa enérgicamente contra esas deficiencias, el sistema democrático corre el riesgo de degenerar, máxime si los sectores más retrógrados, al socaire de la debilidad mostrada por el poder político frente al financiero, continúan intentando el desmantelamiento del Estado del bienestar, clave de bóveda de la civilización europea. Con cuatro millones de parados -el 40%, jóvenes-, se corre el riesgo de que reaparezcan el conflicto y el enfrentamiento social, con las trágicas consecuencias que históricamente han tenido en Europa.
Ante la gravedad de la crisis, que ha supuesto uno de los fracasos más contundentes del liberalismo económico más acérrimo, resulta paradójico que sean precisamente sus responsables los que orienten las medidas que tienen que tomar los Gobiernos. Es un sarcasmo que quienes han fomentado inversiones temerarias o han alentado un consumo irresponsable culpen ahora a los ciudadanos por vivir por encima de sus posibilidades y reclamen medidas de ajuste que limitan gravemente los avances sociales alcanzados.
Es cierto que el Gobierno, pese a sus fallos, se ha visto obligado a tomar medidas impopulares pero absolutamente necesarias para sortear las consecuencias aún más graves que la crisis habría tenido. Estas medidas no han sido apoyadas por el Partido Popular, que, al contrario, las ha criticado irresponsablemente por un puñado de votos. La realidad nos demostrará, si desgraciadamente ganan las próximas elecciones, que su política consiste en limitar los derechos sociales logrados por los españoles.
A fin de que los ciudadanos españoles puedan recuperar su estabilidad económica y su nivel de vida, es necesario articular propuestas basadas en:
- La reafirmación responsable de un Estado del bienestar que garantice la solución de las necesidades básicas de una sociedad avanzada como la española, porque aquel no solo genera actividad económica y riqueza, sino que además aporta paz social, requisito indispensable para consolidar el desarrollo social y económico.
La educación, la sanidad y los servicios sociales son parte imprescindible de la inversión productiva en las sociedades avanzadas, y no un gasto inútil como afirman sectores de la derecha.
- La recuperación urgente por parte del Estado del sector financiero básico que permita afrontar directamente las necesidades crediticias de los sectores local, agrario e hipotecario, sin recurrir necesariamente a la intermediación de la banca privada.
- La reorientación del gasto autonómico hacia fines productivos que beneficien a los ciudadanos y no a intereses partidistas o de grupos. Es urgente la reasignación del gasto público de manera solidaria entre las distintas Comunidades Autónomas que integran España y dentro de cada una de ellas, creando además mecanismos que refuercen la transparencia en todas las instituciones locales, autonómicas y estatales.
- El respeto a las instituciones y a sus representantes, esencial para el desarrollo de un Estado democrático de derecho, en el bien entendido de que el principio de legalidad, y por tanto el sometimiento a las leyes, es exigible especialmente a quienes nos representan. Consecuentemente, es preciso el endurecimiento de las penas para aquellos representantes que utilizan su poder de manera torticera para enriquecerse. Igualmente es necesaria la adopción de ciertas medidas de austeridad que no suponen un gran ahorro, pero tienen un significado moral en la vida pública.
- La reforma del sistema tributario para que sea verdaderamente justo como se proclama en el artículo 31 de la Constitución, y el refuerzo de los mecanismos de lucha contra el fraude y la economía sumergida.
- La recuperación y el fomento de los valores en torno a los que se fraguó la conciencia cívica y solidaria que distingue a las sociedades europeas avanzadas. Es imprescindible que los españoles volvamos a confiar en nuestras instituciones y nos impliquemos en los asuntos públicos.
- La urgente reforma de la ley electoral, de manera que facilite una más justa representación en las instituciones, una mayor democracia interna en el proceso de elaboración de las listas, la participación de los mejores, y una cercanía entre representantes y representados de modo que estos últimos se hagan oír directamente. Abogamos por un sistema electoral similar al alemán, en el que se combinan criterios mayoritarios y proporcionales.
Estimamos que corresponde, en este momento:
- Un proceso electoral adecuado a la delicada situación económica, evitando incertidumbres que alienten la voracidad especuladora de los poderes financieros internacionales y el encarecimiento de la deuda.
- Una Conferencia específica -finalizado el proceso electoral- que elabore una nueva orientación del PSOE para facilitar una auténtica participación democrática de los militantes y nuevos cauces para los simpatizantes. Urge la adaptación de la estructura de nuestro partido a los cambios en las formas de movilización de los ciudadanos, para escuchar y responder a sus demandas y expectativas.
* Firman este artículo Pedro Bofill, que ha sido miembro de la Comisión Ejecutiva del PSOE, diputado, eurodiputado y delegado del Gobierno; Francisco Cruz de Castro, pintor, ex gobernador civil y ex director general; Bárbara Dührkop, que ha sido miembro de la Comisión Ejecutiva del PSE-PSOE y eurodiputada; Leopoldo Torres Boursault, que ha sido vicepresidente del Congreso de los Diputados y fiscal general del Estado; Ana Miranda de Lage, que ha sido miembro de la Comisión Ejecutiva del PSOE, senadora y eurodiputada, y Fernando Sanz, que ha sido senador.
PEDRO BOFILL 27/06/2011.Publicado en El Pais.
La severa derrota cosechada por el PSOE en las elecciones municipales y autonómicas ha puesto a los socialistas españoles en una frágil situación política que afecta a toda la izquierda, ya que es la organización con cuyas propuestas y programas se han identificado tradicionalmente los sectores más progresistas de nuestra sociedad. Estos resultados ponen claramente de manifiesto que los votantes de izquierda han decidido castigar al Gobierno de la nación por la crisis económica y al Partido Socialista, por su política alejada de los principios de la socialdemocracia evolucionada.
Nuestra democracia se ha deteriorado. Los políticos se han alejado de la ciudadanía
Los ajustes los exigen los culpables de la crisis y los sufre la gente en su nivel de vida y sus derechos
El error del socialismo ha sido refugiarse a veces en principios claramente opuestos a los socialistas, como el nacionalismo egoísta o ciertos supuestos del liberalismo manchesteriano, entre otros, abandonando los criterios programáticos de la izquierda democrática, que había logrado integrar a la sociedad española en una convivencia respetuosa y solidaria. Convivencia, en la que los principios de igualdad de oportunidades y respeto a los derechos humanos y sociales habían creado las condiciones idóneas para la movilidad vertical y la promoción de los mejores en torno a la modernización de España.
La actual crisis económica es consecuencia de los excesos de los sistemas financieros internacionales ocasionados por su desregulación, presentada como presupuesto para avanzar económicamente. Esta situación ha sido aprovechada por los sectores financieros para imponer sus criterios y actuar en beneficio propio. Debido a la debilidad de los poderes públicos, estos sectores, lejos de reconocer sus fallos y las consecuencias que tienen, nos imponen unas recetas, las suyas, que nos abocan a una nueva crisis más aguda y dolorosa, de no remediarlo los legítimos representantes de los ciudadanos.
Como los socialdemócratas hemos afirmado tradicionalmente, los mercados han demostrado una vez más que son incapaces de regularse por sí mismos. La falta de una adecuada intervención de los poderes públicos ha agudizado la insolidaridad y ha generado situaciones de extrema injusticia, que ponen en peligro la paz social, tan costosamente conseguida.
La crisis económica originada por los abusos del sistema financiero ha agravado la crisis política. El sistema democrático español ha experimentado en esta última década un notable deterioro cuyas causas son, entre otras, la desnaturalización de los mecanismos de representación, el autismo de los partidos políticos, el alejamiento de los dirigentes democráticos de la sociedad y los sucesivos escándalos de corrupción. Estos comportamientos y abusos, además de corroer la propia esencia del poder representativo, generan el desánimo en los ciudadanos, favorecen la pérdida de los valores básicos de la convivencia y fermentan la expansión del nihilismo político.
Si no se actúa enérgicamente contra esas deficiencias, el sistema democrático corre el riesgo de degenerar, máxime si los sectores más retrógrados, al socaire de la debilidad mostrada por el poder político frente al financiero, continúan intentando el desmantelamiento del Estado del bienestar, clave de bóveda de la civilización europea. Con cuatro millones de parados -el 40%, jóvenes-, se corre el riesgo de que reaparezcan el conflicto y el enfrentamiento social, con las trágicas consecuencias que históricamente han tenido en Europa.
Ante la gravedad de la crisis, que ha supuesto uno de los fracasos más contundentes del liberalismo económico más acérrimo, resulta paradójico que sean precisamente sus responsables los que orienten las medidas que tienen que tomar los Gobiernos. Es un sarcasmo que quienes han fomentado inversiones temerarias o han alentado un consumo irresponsable culpen ahora a los ciudadanos por vivir por encima de sus posibilidades y reclamen medidas de ajuste que limitan gravemente los avances sociales alcanzados.
Es cierto que el Gobierno, pese a sus fallos, se ha visto obligado a tomar medidas impopulares pero absolutamente necesarias para sortear las consecuencias aún más graves que la crisis habría tenido. Estas medidas no han sido apoyadas por el Partido Popular, que, al contrario, las ha criticado irresponsablemente por un puñado de votos. La realidad nos demostrará, si desgraciadamente ganan las próximas elecciones, que su política consiste en limitar los derechos sociales logrados por los españoles.
A fin de que los ciudadanos españoles puedan recuperar su estabilidad económica y su nivel de vida, es necesario articular propuestas basadas en:
- La reafirmación responsable de un Estado del bienestar que garantice la solución de las necesidades básicas de una sociedad avanzada como la española, porque aquel no solo genera actividad económica y riqueza, sino que además aporta paz social, requisito indispensable para consolidar el desarrollo social y económico.
La educación, la sanidad y los servicios sociales son parte imprescindible de la inversión productiva en las sociedades avanzadas, y no un gasto inútil como afirman sectores de la derecha.
- La recuperación urgente por parte del Estado del sector financiero básico que permita afrontar directamente las necesidades crediticias de los sectores local, agrario e hipotecario, sin recurrir necesariamente a la intermediación de la banca privada.
- La reorientación del gasto autonómico hacia fines productivos que beneficien a los ciudadanos y no a intereses partidistas o de grupos. Es urgente la reasignación del gasto público de manera solidaria entre las distintas Comunidades Autónomas que integran España y dentro de cada una de ellas, creando además mecanismos que refuercen la transparencia en todas las instituciones locales, autonómicas y estatales.
- El respeto a las instituciones y a sus representantes, esencial para el desarrollo de un Estado democrático de derecho, en el bien entendido de que el principio de legalidad, y por tanto el sometimiento a las leyes, es exigible especialmente a quienes nos representan. Consecuentemente, es preciso el endurecimiento de las penas para aquellos representantes que utilizan su poder de manera torticera para enriquecerse. Igualmente es necesaria la adopción de ciertas medidas de austeridad que no suponen un gran ahorro, pero tienen un significado moral en la vida pública.
- La reforma del sistema tributario para que sea verdaderamente justo como se proclama en el artículo 31 de la Constitución, y el refuerzo de los mecanismos de lucha contra el fraude y la economía sumergida.
- La recuperación y el fomento de los valores en torno a los que se fraguó la conciencia cívica y solidaria que distingue a las sociedades europeas avanzadas. Es imprescindible que los españoles volvamos a confiar en nuestras instituciones y nos impliquemos en los asuntos públicos.
- La urgente reforma de la ley electoral, de manera que facilite una más justa representación en las instituciones, una mayor democracia interna en el proceso de elaboración de las listas, la participación de los mejores, y una cercanía entre representantes y representados de modo que estos últimos se hagan oír directamente. Abogamos por un sistema electoral similar al alemán, en el que se combinan criterios mayoritarios y proporcionales.
Estimamos que corresponde, en este momento:
- Un proceso electoral adecuado a la delicada situación económica, evitando incertidumbres que alienten la voracidad especuladora de los poderes financieros internacionales y el encarecimiento de la deuda.
- Una Conferencia específica -finalizado el proceso electoral- que elabore una nueva orientación del PSOE para facilitar una auténtica participación democrática de los militantes y nuevos cauces para los simpatizantes. Urge la adaptación de la estructura de nuestro partido a los cambios en las formas de movilización de los ciudadanos, para escuchar y responder a sus demandas y expectativas.
* Firman este artículo Pedro Bofill, que ha sido miembro de la Comisión Ejecutiva del PSOE, diputado, eurodiputado y delegado del Gobierno; Francisco Cruz de Castro, pintor, ex gobernador civil y ex director general; Bárbara Dührkop, que ha sido miembro de la Comisión Ejecutiva del PSE-PSOE y eurodiputada; Leopoldo Torres Boursault, que ha sido vicepresidente del Congreso de los Diputados y fiscal general del Estado; Ana Miranda de Lage, que ha sido miembro de la Comisión Ejecutiva del PSOE, senadora y eurodiputada, y Fernando Sanz, que ha sido senador.
viernes, 3 de junio de 2011
Pepinos
Aquests dies hem assistit a una comèdia que, si no fos per les seves conseqüències fatals, n’hi ha per llogar-hi cadires. Parlem de pepinos i d’Alemanya. Resulta que una infecció, sembla que de caràcter alimentari, ha provocat la malaltia de centenars de persones i la mort de 18 fins a la data. Les autoritats alemanyes de seguida van dir que els cogombres havien estat la causa i van bloquejar les importacions de verdures des d’Espanya. Després s’ha vist que els cogombres no hi tenien res a veure.
La pèrdua d’ingressos per als agricultors és actualment d’uns 75 milions d’euros ja que no han pogut exportar la collita. I s’ha difós una mala imatge d’un sector que justament treballa intensament per evitar aquesta mena de problemes. S’hi juguen la subsistència econòmica. Recordo una visita a una cooperativa d’agricultors del sud de Granada. Hivernacles, plàstics com diuen ells, capaços de produir tota mena de verdures amb una tecnologia veritablement industrial. Visitem les instal•lacions i un parent ens ensenya les naus per a l’embalatge de la mercaderia i la càrrega dels tràilers. El personal va amb bates verdes, un barret com de quiròfan, molta llum, el terra lliscant, les caixes de fusta i de plàstic noves. Preguntem per què a la nau es treballa com si fos un laboratori. La resposta que tenen unes exigències sanitàries que han d’acomplir per poder ser exportadors. D’això ja fa un grapat d’anys.
Però la crisi del cogombre ha fet aflorar una vella estratègia nacional que apliquen alguns països quan les coses val maldades. Alemanya, també Rússia, van prohibir la importació de productes espanyols. No és una decisió sanitària. Encara que efectivament els quatre cogombres d’Almeria hagin estat portadors de l’Escherichia Coli que no és el cas. No, és pur proteccionisme econòmic. La decisió empitjora les expectatives de l’agricultura espanyola però afavoreix la pròpia o la de tercers. I, posats a ser proteccionistes, la pregunta és, perquè Alemanya, de fet la Unió Europea, no posa problemes a aquells productes que són fabricats en països que no respecten els drets humans, socials, laborals o mediambientals.
3 de juny de 2011
Grup Breus
La pèrdua d’ingressos per als agricultors és actualment d’uns 75 milions d’euros ja que no han pogut exportar la collita. I s’ha difós una mala imatge d’un sector que justament treballa intensament per evitar aquesta mena de problemes. S’hi juguen la subsistència econòmica. Recordo una visita a una cooperativa d’agricultors del sud de Granada. Hivernacles, plàstics com diuen ells, capaços de produir tota mena de verdures amb una tecnologia veritablement industrial. Visitem les instal•lacions i un parent ens ensenya les naus per a l’embalatge de la mercaderia i la càrrega dels tràilers. El personal va amb bates verdes, un barret com de quiròfan, molta llum, el terra lliscant, les caixes de fusta i de plàstic noves. Preguntem per què a la nau es treballa com si fos un laboratori. La resposta que tenen unes exigències sanitàries que han d’acomplir per poder ser exportadors. D’això ja fa un grapat d’anys.
Però la crisi del cogombre ha fet aflorar una vella estratègia nacional que apliquen alguns països quan les coses val maldades. Alemanya, també Rússia, van prohibir la importació de productes espanyols. No és una decisió sanitària. Encara que efectivament els quatre cogombres d’Almeria hagin estat portadors de l’Escherichia Coli que no és el cas. No, és pur proteccionisme econòmic. La decisió empitjora les expectatives de l’agricultura espanyola però afavoreix la pròpia o la de tercers. I, posats a ser proteccionistes, la pregunta és, perquè Alemanya, de fet la Unió Europea, no posa problemes a aquells productes que són fabricats en països que no respecten els drets humans, socials, laborals o mediambientals.
3 de juny de 2011
Grup Breus
Alerta vermella, racisme
Si la sociologia fos una ciència exacta, la realitat es podria expressar amb polinomis més o menys complexos. Desenvolupant una bona representació matemàtica, la predicció sobre el canvi social seria molt més encertada. Però la sociologia no és una ciència exacta i sobre la realitat operen múltiples factors difícils d’avaluar. Això no exclou, però, que puguem intervenir, des de la política, per tal de modificar el resultat final. A Catalunya tenim un problema amb el racisme i la xenofòbia.
Plataforma per Catalunya ha obtingut 65.905 vots a les darreres municipals. Alerta vermella a moltes poblacions. I, a més, alguns dirigents del Partit Popular han utilitzat intensament el rebuig a la diferència per aconseguir vots, per cert, amb èxit. Fixeu-vos que a Badalona, Plataforma no ha tret representació i, en canvi, el PP de García Albiol ha estat la llista més votada amb un discurs molt similar al de Anglada.
És un tòpic afirmar que la suma d’alts percentatges de població immigrada, amb elevades taxes d’atur, en barris populars pot facilitar l’existència de conflictes i un increment d’ideologies d’extrema dreta. Però no necessàriament és així. Fins ara no havia estat així. Hi ha un altre factor decisiu, el polític, que pot afavorir o amortir el resultat final. I això és el que ha passat en algunes poblacions. Allà on Plataforma ha estat activa ha aconseguit moltes més adhesions que allà on no ho ha fet. Sembla una obvietat, però els plens municipals on ha tret representació patiran de valent les seves mocions a partir d’ara i tensionaran la vida municipal durant el proper mandat.
Som al principi d’un futur incert. I convé que la resta de forces democràtiques sensates del país facin un gran acord per apagar aquest incendi que pot acabar destruint milers d’hectàrees de convivència i de cohesió social els propers anys. Hem d’expulsar de la nostra societat el discurs racista i els partits d’extrema dreta ara que hi som a temps. Després, si el pensament xenòfob arrela a Catalunya, serà massa tard. L’acord sensat és deixar de polititzar una realitat, la immigració, que no canviarà els propers anys i explicar clarament a la ciutadania, des del partits centrals, que convé activar un gran esforç d’integració i rebutjar a tot aquell que fomenti l’odi o creï problemes innecessaris.
1 de juny de 2011
Grup Breus
Plataforma per Catalunya ha obtingut 65.905 vots a les darreres municipals. Alerta vermella a moltes poblacions. I, a més, alguns dirigents del Partit Popular han utilitzat intensament el rebuig a la diferència per aconseguir vots, per cert, amb èxit. Fixeu-vos que a Badalona, Plataforma no ha tret representació i, en canvi, el PP de García Albiol ha estat la llista més votada amb un discurs molt similar al de Anglada.
És un tòpic afirmar que la suma d’alts percentatges de població immigrada, amb elevades taxes d’atur, en barris populars pot facilitar l’existència de conflictes i un increment d’ideologies d’extrema dreta. Però no necessàriament és així. Fins ara no havia estat així. Hi ha un altre factor decisiu, el polític, que pot afavorir o amortir el resultat final. I això és el que ha passat en algunes poblacions. Allà on Plataforma ha estat activa ha aconseguit moltes més adhesions que allà on no ho ha fet. Sembla una obvietat, però els plens municipals on ha tret representació patiran de valent les seves mocions a partir d’ara i tensionaran la vida municipal durant el proper mandat.
Som al principi d’un futur incert. I convé que la resta de forces democràtiques sensates del país facin un gran acord per apagar aquest incendi que pot acabar destruint milers d’hectàrees de convivència i de cohesió social els propers anys. Hem d’expulsar de la nostra societat el discurs racista i els partits d’extrema dreta ara que hi som a temps. Després, si el pensament xenòfob arrela a Catalunya, serà massa tard. L’acord sensat és deixar de polititzar una realitat, la immigració, que no canviarà els propers anys i explicar clarament a la ciutadania, des del partits centrals, que convé activar un gran esforç d’integració i rebutjar a tot aquell que fomenti l’odi o creï problemes innecessaris.
1 de juny de 2011
Grup Breus
Més agenda verda
Fa temps vàrem dedicar un dels breus a proposar una agenda verda per a la socialdemocràcia. Argumentàvem que el nivell de consciència davant el risc nuclear i l’esgotament del planeta sumat a importants avenços en les energies alternatives permetien, ara si, posar dates i objectius factibles.
Alemanya ho ha fet. Els darrers resultats electorals i les manifestacions al carrer han provocat la decisió del govern federal de finalitzar la producció nuclear el 2022. Hi ha, al darrera, una aposta estratègica per les renovables i per un nou model de desenvolupament econòmic.
El partit socialista, una vegada alliberada la incògnita del candidat, pot abordar aquesta agenda verda en profunditat. Un nova política energètica respectuosa amb el planeta i amb les persones, una política de residus encara més sostenible, una política que enforteixi els sistemes agraris i de pesca que preservin el medi natural i una política ecològica pel que fa a la producció alimentària. Si a més es tracta de programes que permetin la creació de llocs de treball, la societat estarà plenament d’acord en el seu desenvolupament.
Daniel Innerarity, en un article a El País el 22 d’abril d’aquest any, deia “Lo que propongo es que la renovación de la agenda socialdemócrata surja de esa combinación entre liberalismo (eliminación de las dominaciones en el mercado), socialismo (preocupación por la igualdad) y ecologismo (perspectiva sistémica y de sostenibilidad).” Recomanem la seva lectura i compartim plenament que si ha d’existir una nova socialdemocràcia, la seva agenda incorpori els tres ingredients que proposa Innerarity. Ara cal concretar objectius.
2 de juny de 2011
Grup Breus
Alemanya ho ha fet. Els darrers resultats electorals i les manifestacions al carrer han provocat la decisió del govern federal de finalitzar la producció nuclear el 2022. Hi ha, al darrera, una aposta estratègica per les renovables i per un nou model de desenvolupament econòmic.
El partit socialista, una vegada alliberada la incògnita del candidat, pot abordar aquesta agenda verda en profunditat. Un nova política energètica respectuosa amb el planeta i amb les persones, una política de residus encara més sostenible, una política que enforteixi els sistemes agraris i de pesca que preservin el medi natural i una política ecològica pel que fa a la producció alimentària. Si a més es tracta de programes que permetin la creació de llocs de treball, la societat estarà plenament d’acord en el seu desenvolupament.
Daniel Innerarity, en un article a El País el 22 d’abril d’aquest any, deia “Lo que propongo es que la renovación de la agenda socialdemócrata surja de esa combinación entre liberalismo (eliminación de las dominaciones en el mercado), socialismo (preocupación por la igualdad) y ecologismo (perspectiva sistémica y de sostenibilidad).” Recomanem la seva lectura i compartim plenament que si ha d’existir una nova socialdemocràcia, la seva agenda incorpori els tres ingredients que proposa Innerarity. Ara cal concretar objectius.
2 de juny de 2011
Grup Breus
TRIBUNA: DANIEL INNERARITY Un mundo amurallado
La actual proliferación de barreras para impedir el tránsito de personas ilustra un retroceso en el sueño de un 'mundo global'. Se desnacionaliza la vida económica y a la par se renacionaliza la vida política
DANIEL INNERARITY 03/06/20.Publicado en El Pais.
La actual pretensión danesa de controlar las fronteras con Alemania y Suecia viene tras los cierres de Francia e Italia, pero resulta aún más inquietante si lo ponemos en relación con una tendencia en el mundo actual a cerrar, impedir el paso y controlar, que responde a la demanda creciente de protección. Desde que en 1989 cae el muro de Berlín, la construcción de nuevos muros se ha multiplicado, como si se tratara de una carrera frenética por hacer frente a una nueva desprotección: entre México y Estados Unidos, en Cisjordania, entre India y Pakistán, entre Irak y Arabia Saudí, entre África del Sur y Zimbabue, entre España y Marruecos (rodeando las ciudades de Ceuta y Melilla), entre Tailandia y Malasia..
Los muros generan zonas de no-derecho y conflictividad, exacerban las hostilidades mutuas
Las fronteras indican, sobre todo, la desconfianza frente al otro, al extranjero
¿En qué consisten estos muros? ¿Cuál es su utilidad o el propósito con que se levantan? Estas barreras no están pensadas para impedir el ataque de ejércitos enemigos, sino para impedir el tránsito de personas; quieren hacer frente a fuerzas persistentes y desorganizadas más que a estrategias militares o económicas; son más post-, sub- y transnacionales que internacionales; son una respuesta a los flujos desconectados de las soberanías estatales. Los muros actuales no responden a la lógica de la guerra fría sino que son muros de protección; indican la desconfianza frente al otro, el extranjero, y dicen mucho acerca de las ambigüedades de la globalización. Se dirigen contra el movimiento de bienes y personas que muchas veces no tienen su causa en una invasión exterior sino en la demanda interna: mano de obra, drogas, prostitución...
Un muro no es tanto una cosa material como algo mental que traza una línea de separación entre un "adentro" que se siente amenazado y un "afuera" amenazante, considerado como enemigo, estereotipado, ubicuo y en ocasiones fantasmal. Los muros funcionan como un icono tranquilizador en la medida en que restablecen una distinción nítida entre el interior y el exterior, entre el amigo y el enemigo, que se hace coincidir frecuentemente con las fronteras nacionales. Todos los procesos de guetización participan de esa misma lógica al segmentar la ciudad de una manera invisible, arruinando así su vocación de aproximar a sus habitantes. Las barreras recuperan una modalidad de poder soberano, material y delimitado en un entorno, para algunos inquietante, en el que el poder se presenta como una realidad difusa y débil. Los muros son una respuesta psicosociológica al desdibujamiento de la distinción entre el interior y el exterior, al que acompañan otras distinciones que se han vuelto problemáticas, como la diferencia entre ejército y policía, los criminales y los enemigos, la guerra y el terrorismo, derecho y no-derecho, lo público y lo privado, el interés propio y el interés general.
La construcción de muros no solamente ilustra un retroceso en el sueño de un "mundo global", sino que testimonia unas tendencias subterráneas de la globalización que alimentan el retorno de ciertas formas de "neofeudalización" del mundo. Un mundo en el que son asombrosamente compatibles la integración de la economía global y el aislamiento psicopolítico. Cabría incluso afirmar que la defensa de esta compatibilidad se ha convertido en un objetivo ideológico en esa síntesis de neoliberalismo político y nacionalismo estatal de cierta nueva derecha cuyo proyecto ha sintetizado Saskia Sassen en el doble objetivo de "desnacionalización de la vida económica y renacionalización de la vida política". No vivimos en un mundo ilimitado, sino en la tensión entre una geografía de los mercados abiertos que tiende a abolir las fronteras y una territorialidad de la seguridad nacional que tiende a construirlas. No hay coherencia entre la práctica geoeconómica y la práctica geopolítica que equilibre las diferentes agendas del comercio y de la seguridad.
Sabíamos desde Maquiavelo que las fortalezas suelen ser más perjudiciales que útiles. Los muros proyectan una imagen de jurisdicción y espacio asegurado, una presencia física espectacular que se contradice con los hechos: por lo general no contribuyen a solucionar los conflictos e impiden muy escasamente la circulación. Complican el objetivo, obligan a modificar el itinerario, pero en tanto que prohibiciones de paso suelen ser poco eficaces.
El ejemplo más elocuente de ello lo encontramos en el control de la emigración, que aumenta o disminuye por factores que no están vinculados a la rigidez o porosidad de las fronteras. Hay emigración porque hay un diferencial de oportunidades o, si se prefiere, porque las desigualdades son actualmente percibidas en un contexto global. Cuando se piensa que el establecimiento de barreras es la solución para el incremento del número de los emigrantes y refugiados es porque se ha considerado previamente que la causa de esos desplazamientos era la flexibilidad de las fronteras, lo que es radicalmente falso.
Si no cumplen esa función que se les asigna, entonces ¿para qué sirven esas fronteras que adoptan la forma de muros? Dada su falta de eficacia, lo que hay que preguntarse es cuáles son las necesidades psicológicas que su construcción satisface. Y la respuesta está en la necesidad de limitación y protección de quienes se perciben a sí mismas -muchas veces contra toda evidencia- como "sociedades asediadas" (Bauman). En lo que hace referencia a los muros está claro que aluden inmediatamente a la defensa contra unos asaltantes venidos de un "afuera" caótico, pero sirven como instrumentos de identificación y cohesión, responden al miedo frente a la pérdida de soberanía y a la desaparición de las culturas homogéneas. De esta manera se construye una siniestra equivalencia entre alteridad y hostilidad, lo que es además un error de percepción (la mayor parte de los atentados que se han cometido en EE UU han provenido de terroristas del interior). Y se asienta el prejuicio de que la democracia no puede existir más que en un espacio cerrado y homogéneo.
Así pues, se trata de remedios físicos para problemas psíquicos, de una teatralización con efectos más visuales que reales. Un muro aparenta ofrecer seguridad en un mundo en el que la capacidad de protección del Estado ha disminuido, en el que los sujetos son más vulnerables a las vicisitudes económicas globales y a la violencia transnacional. Todo lo que acompaña a la escenografía rotunda de los muros no son sino gestos políticos destinados a contentar a cierto electorado, a suprimir la imagen de un caos políticamente embarazoso y sustituirla por la de un orden reconfortante. Aunque es imposible muchas veces cerrar completamente las fronteras, es peor dar la impresión de que no se hace nada. Construir una barrera es la mejor manera de no hacer nada dando la impresión de que se hace algo; de este modo se despliega una seductora salva política dirigida contra un conjunto de problemas especialmente complejos, a los que es imposible aportar una solución de corto plazo.
Los muros serían inicuos si se limitaran a dejar sin resolver los problemas que de manera tan simplista pretenden delimitar. Pero no es ese el caso: los muros generan zonas de no-derecho y conflictividad, agravan muchos de los problemas que tratan de resolver, exacerban las hostilidades mutuas, proyectan hacia el exterior los fracasos internos y excluyen toda confrontación con las desigualdades globales. Además, cuando se acentúa ostentativamente la seguridad se provoca al mismo tiempo un sentimiento de inseguridad. Son demasiados daños laterales como para que compensara la débil protección que pueden proporcionar.
Frente a la nostalgia por el orden perdido que clama por límites crispados y barreras de exclusión, la reivindicación de una frontera que comunique, demarque, equilibre y limite puede ser una estrategia razonable para transformar esos espacios de choque, cierre y soberanía en zonas porosas de contacto y comunicación. La alternativa, en cualquier caso, no es entre la frontera y su ausencia, sino entre las fronteras rígidas que siguen colonizando buena parte de nuestro imaginario político y una frontera red que permitiría pensar el mundo contemporáneo como una multiplicidad de espacios que se diferencian y entrecruzan, creando así unos puntos fronterizos que son también puntos de paso y comunicación.
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Daniel Innerarity es catedrático de Filosofía Política y Social, investigador Ikerbasque en la Universidad del País Vasco y director del Instituto de Gobernanza Democrática (www.globernance.com)
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DANIEL INNERARITY 03/06/20.Publicado en El Pais.
La actual pretensión danesa de controlar las fronteras con Alemania y Suecia viene tras los cierres de Francia e Italia, pero resulta aún más inquietante si lo ponemos en relación con una tendencia en el mundo actual a cerrar, impedir el paso y controlar, que responde a la demanda creciente de protección. Desde que en 1989 cae el muro de Berlín, la construcción de nuevos muros se ha multiplicado, como si se tratara de una carrera frenética por hacer frente a una nueva desprotección: entre México y Estados Unidos, en Cisjordania, entre India y Pakistán, entre Irak y Arabia Saudí, entre África del Sur y Zimbabue, entre España y Marruecos (rodeando las ciudades de Ceuta y Melilla), entre Tailandia y Malasia..
Los muros generan zonas de no-derecho y conflictividad, exacerban las hostilidades mutuas
Las fronteras indican, sobre todo, la desconfianza frente al otro, al extranjero
¿En qué consisten estos muros? ¿Cuál es su utilidad o el propósito con que se levantan? Estas barreras no están pensadas para impedir el ataque de ejércitos enemigos, sino para impedir el tránsito de personas; quieren hacer frente a fuerzas persistentes y desorganizadas más que a estrategias militares o económicas; son más post-, sub- y transnacionales que internacionales; son una respuesta a los flujos desconectados de las soberanías estatales. Los muros actuales no responden a la lógica de la guerra fría sino que son muros de protección; indican la desconfianza frente al otro, el extranjero, y dicen mucho acerca de las ambigüedades de la globalización. Se dirigen contra el movimiento de bienes y personas que muchas veces no tienen su causa en una invasión exterior sino en la demanda interna: mano de obra, drogas, prostitución...
Un muro no es tanto una cosa material como algo mental que traza una línea de separación entre un "adentro" que se siente amenazado y un "afuera" amenazante, considerado como enemigo, estereotipado, ubicuo y en ocasiones fantasmal. Los muros funcionan como un icono tranquilizador en la medida en que restablecen una distinción nítida entre el interior y el exterior, entre el amigo y el enemigo, que se hace coincidir frecuentemente con las fronteras nacionales. Todos los procesos de guetización participan de esa misma lógica al segmentar la ciudad de una manera invisible, arruinando así su vocación de aproximar a sus habitantes. Las barreras recuperan una modalidad de poder soberano, material y delimitado en un entorno, para algunos inquietante, en el que el poder se presenta como una realidad difusa y débil. Los muros son una respuesta psicosociológica al desdibujamiento de la distinción entre el interior y el exterior, al que acompañan otras distinciones que se han vuelto problemáticas, como la diferencia entre ejército y policía, los criminales y los enemigos, la guerra y el terrorismo, derecho y no-derecho, lo público y lo privado, el interés propio y el interés general.
La construcción de muros no solamente ilustra un retroceso en el sueño de un "mundo global", sino que testimonia unas tendencias subterráneas de la globalización que alimentan el retorno de ciertas formas de "neofeudalización" del mundo. Un mundo en el que son asombrosamente compatibles la integración de la economía global y el aislamiento psicopolítico. Cabría incluso afirmar que la defensa de esta compatibilidad se ha convertido en un objetivo ideológico en esa síntesis de neoliberalismo político y nacionalismo estatal de cierta nueva derecha cuyo proyecto ha sintetizado Saskia Sassen en el doble objetivo de "desnacionalización de la vida económica y renacionalización de la vida política". No vivimos en un mundo ilimitado, sino en la tensión entre una geografía de los mercados abiertos que tiende a abolir las fronteras y una territorialidad de la seguridad nacional que tiende a construirlas. No hay coherencia entre la práctica geoeconómica y la práctica geopolítica que equilibre las diferentes agendas del comercio y de la seguridad.
Sabíamos desde Maquiavelo que las fortalezas suelen ser más perjudiciales que útiles. Los muros proyectan una imagen de jurisdicción y espacio asegurado, una presencia física espectacular que se contradice con los hechos: por lo general no contribuyen a solucionar los conflictos e impiden muy escasamente la circulación. Complican el objetivo, obligan a modificar el itinerario, pero en tanto que prohibiciones de paso suelen ser poco eficaces.
El ejemplo más elocuente de ello lo encontramos en el control de la emigración, que aumenta o disminuye por factores que no están vinculados a la rigidez o porosidad de las fronteras. Hay emigración porque hay un diferencial de oportunidades o, si se prefiere, porque las desigualdades son actualmente percibidas en un contexto global. Cuando se piensa que el establecimiento de barreras es la solución para el incremento del número de los emigrantes y refugiados es porque se ha considerado previamente que la causa de esos desplazamientos era la flexibilidad de las fronteras, lo que es radicalmente falso.
Si no cumplen esa función que se les asigna, entonces ¿para qué sirven esas fronteras que adoptan la forma de muros? Dada su falta de eficacia, lo que hay que preguntarse es cuáles son las necesidades psicológicas que su construcción satisface. Y la respuesta está en la necesidad de limitación y protección de quienes se perciben a sí mismas -muchas veces contra toda evidencia- como "sociedades asediadas" (Bauman). En lo que hace referencia a los muros está claro que aluden inmediatamente a la defensa contra unos asaltantes venidos de un "afuera" caótico, pero sirven como instrumentos de identificación y cohesión, responden al miedo frente a la pérdida de soberanía y a la desaparición de las culturas homogéneas. De esta manera se construye una siniestra equivalencia entre alteridad y hostilidad, lo que es además un error de percepción (la mayor parte de los atentados que se han cometido en EE UU han provenido de terroristas del interior). Y se asienta el prejuicio de que la democracia no puede existir más que en un espacio cerrado y homogéneo.
Así pues, se trata de remedios físicos para problemas psíquicos, de una teatralización con efectos más visuales que reales. Un muro aparenta ofrecer seguridad en un mundo en el que la capacidad de protección del Estado ha disminuido, en el que los sujetos son más vulnerables a las vicisitudes económicas globales y a la violencia transnacional. Todo lo que acompaña a la escenografía rotunda de los muros no son sino gestos políticos destinados a contentar a cierto electorado, a suprimir la imagen de un caos políticamente embarazoso y sustituirla por la de un orden reconfortante. Aunque es imposible muchas veces cerrar completamente las fronteras, es peor dar la impresión de que no se hace nada. Construir una barrera es la mejor manera de no hacer nada dando la impresión de que se hace algo; de este modo se despliega una seductora salva política dirigida contra un conjunto de problemas especialmente complejos, a los que es imposible aportar una solución de corto plazo.
Los muros serían inicuos si se limitaran a dejar sin resolver los problemas que de manera tan simplista pretenden delimitar. Pero no es ese el caso: los muros generan zonas de no-derecho y conflictividad, agravan muchos de los problemas que tratan de resolver, exacerban las hostilidades mutuas, proyectan hacia el exterior los fracasos internos y excluyen toda confrontación con las desigualdades globales. Además, cuando se acentúa ostentativamente la seguridad se provoca al mismo tiempo un sentimiento de inseguridad. Son demasiados daños laterales como para que compensara la débil protección que pueden proporcionar.
Frente a la nostalgia por el orden perdido que clama por límites crispados y barreras de exclusión, la reivindicación de una frontera que comunique, demarque, equilibre y limite puede ser una estrategia razonable para transformar esos espacios de choque, cierre y soberanía en zonas porosas de contacto y comunicación. La alternativa, en cualquier caso, no es entre la frontera y su ausencia, sino entre las fronteras rígidas que siguen colonizando buena parte de nuestro imaginario político y una frontera red que permitiría pensar el mundo contemporáneo como una multiplicidad de espacios que se diferencian y entrecruzan, creando así unos puntos fronterizos que son también puntos de paso y comunicación.
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Daniel Innerarity es catedrático de Filosofía Política y Social, investigador Ikerbasque en la Universidad del País Vasco y director del Instituto de Gobernanza Democrática (www.globernance.com)
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martes, 10 de mayo de 2011
No anem bé
A Catalunya, amb CiU, no anem bé. Encara que llencin pilotes fora i diguin que la culpa de tot és del tripartit. Els indicadors de l’economia catalana, en aquest primer trimestre, així ho expressen. Un d’aquests indicadors és el Producte Interior Brut (PIB). A Catalunya, el PIB va créixer entre gener i març del 2011 un 0,1%. En canvi, a Espanya, un 0,2%. Són petites magnituds però una representa el doble de l’altra. Fins ara els resultats, en termes de creixement del PIB, eren superiors a Catalunya. Però la tendència d’aquest darrer trimestre ha estat la inversa.
Una altra dada més recent: Catalunya és la comunitat autònoma que més expedients d’empreses insolvents ha presentat en aquest primer trimestre de l’any. Fa temps que hem detectat un clima de desmoralització en la societat i en l’economia catalana. CiU no governa, no transmet cap il•lusió de futur, no és capaç de plantejar pactes polítics estratègics per Catalunya i això s’acaba expressant en la capacitat productiva del país. Hi ha problemes a les empreses i problemes amb l’atur. Si recordeu, fa uns dies, comentàvem les dades de l’Enquesta de Població Activa. A Catalunya, en els primers tres mesos de l’any, s’havien perdut el mateix nombre de llocs de treball que en tot l’any 2010.
Per acabar-ho d’arrodonir, tot plegat, us recomanem que entreu al web de la Generalitat, on hi ha penjat el Pla de Govern. Si feu una ullada a l’apartat d’Ocupació, veureu afirmacions i propostes sense dades que suggereixen dos comentaris. El primer és que aquest apartat, n’estem convençuts, no l’ha escrit el conseller Mena. A ESADE, i Mena ha estat professor a diversos dels seus màsters, ensenyen que els objectius, a les empreses i a l’administració, han de ser mesurables; és a dir, han de fixar quantitativament on es vol arribar. I aquí només hi ha la literatura de sempre. El segon comentari és que Mena sí que va posar dades; al principi del mandat va afirmar que si l’atur no es reduïa a la meitat en quatre anys, ell hauria fracassat. I quan l’atur creix, creix també el fracàs del nostre govern.
El 14 de maig es preveu una gran manifestació contra les retallades. Cada cop apareixen més indicadors de què el govern dels millors no progressa adequadament, o dit clarament, de què amb CiU, no anem bé. El 14 manifestació i el 22 a votar solvència, i progrés.
10 de maig de 2011
Grup Breus
Una altra dada més recent: Catalunya és la comunitat autònoma que més expedients d’empreses insolvents ha presentat en aquest primer trimestre de l’any. Fa temps que hem detectat un clima de desmoralització en la societat i en l’economia catalana. CiU no governa, no transmet cap il•lusió de futur, no és capaç de plantejar pactes polítics estratègics per Catalunya i això s’acaba expressant en la capacitat productiva del país. Hi ha problemes a les empreses i problemes amb l’atur. Si recordeu, fa uns dies, comentàvem les dades de l’Enquesta de Població Activa. A Catalunya, en els primers tres mesos de l’any, s’havien perdut el mateix nombre de llocs de treball que en tot l’any 2010.
Per acabar-ho d’arrodonir, tot plegat, us recomanem que entreu al web de la Generalitat, on hi ha penjat el Pla de Govern. Si feu una ullada a l’apartat d’Ocupació, veureu afirmacions i propostes sense dades que suggereixen dos comentaris. El primer és que aquest apartat, n’estem convençuts, no l’ha escrit el conseller Mena. A ESADE, i Mena ha estat professor a diversos dels seus màsters, ensenyen que els objectius, a les empreses i a l’administració, han de ser mesurables; és a dir, han de fixar quantitativament on es vol arribar. I aquí només hi ha la literatura de sempre. El segon comentari és que Mena sí que va posar dades; al principi del mandat va afirmar que si l’atur no es reduïa a la meitat en quatre anys, ell hauria fracassat. I quan l’atur creix, creix també el fracàs del nostre govern.
El 14 de maig es preveu una gran manifestació contra les retallades. Cada cop apareixen més indicadors de què el govern dels millors no progressa adequadament, o dit clarament, de què amb CiU, no anem bé. El 14 manifestació i el 22 a votar solvència, i progrés.
10 de maig de 2011
Grup Breus
lunes, 9 de mayo de 2011
Inframunicipalisme
Darrerament apareixen articles, declaracions o comentaris sobre l’inframunicipalisme. La majoria coincideixen en la necessitat de fer una reforma de l’administració local que passaria per una reducció del nombre d’ajuntaments. I, de tant en tant, hi ha qui parla de fer desaparèixer les diputacions provincials com si això fos la solució a algun problema.
És cert que hi ha molts ajuntaments. A Catalunya 946, a Espanya 8.111. I una bona part són municipis petits, un 60% de poblacions menors de 1.000 habitants. Aquesta realitat dificulta una de les funcions bàsiques dels governs locals com és la prestació de serveis públics. Municipis petits implica pressupostos petits. Però les competències bàsiques, per tant les obligacions envers la ciutadania, són gairebé similars per a tots. Entre els qui opinen en reduir ajuntaments s’hi barregen dues línies argumentats, una la d’aconseguir una major eficiència, i una altra, que la veritat no s’acaba d’entendre és per evitar el risc de la corrupció. Des de fa anys hi ha literatura extensa, publicacions i fins i tot congressos que en parlen. En aquest breus només volem posar sobre la taula dues reflexions que, potser, anirien en direcció contrària a les darreres opinions publicades als mitjans. La més recent és la de Joaquín Estefania a El País de diumenge passat favorable al tancament d’ajuntaments.
Primera reflexió. Per a què es van crear els moderns ajuntaments? En els treballs previs en comissió a la redacció de la Constitució de Càdis de 1812 ja hi va haver un debat sobre si s’havien de crear ajuntaments a tots els nuclis de població o no, fins i tot als de menys de 1.000 habitants. Qüestions com l’eficiència ja es van posar sobre la taula tot i que los servicios minimos de l’època a fer pels ajuntaments eren efectivament molt reduïts. Les raons per les quals el Decret de 23 de maig de 1812 ordenava la creació ajuntaments constitucionals a tots els nuclis de població, seguint la tradició francesa d’identificar municipi amb casc urbà, eren efectivament de caràcter polític. Es volien abolir els poder locals de l’antic règim, els càrrecs perpetus municipals i constituir governs locals democràtics. La lògica política d’atorgar més representació a la ciutadania i el rol, no ja d’impartir justícia de l’alcalde, sinó d’agent conciliador entre els interessos locals, va prevaler sobre els problemes de l’eficiència. Així és com es van formar la majoria dels ajuntaments que ara coneixem.
La història després ha donat moltes voltes. I aquesta lògica política sembla oblidada per una segona lògica que guanya posicions, i és la funció de prestar serveis. Quan els requeriments i les competències superen de llarg aquells serveis mínims del segle XIX és quan més es posa en crisi la capacitat econòmica del minifundisme municipal. Cert. Però també és cert que per a la població que habita en pobles petits la figura de l’alcalde/ssa i del govern local li és absolutament funcional en termes polítics, de representació de l’interès general i d’administrador de les normes que modulen la convivència, siguin aquestes urbanístiques, socials o culturals. Si es dissol un ajuntament en nom de l’eficiència econòmica, s’ha de preveure que es redueix potència a l’exercici de la ciutadania d’aquestes poblacions. Un alcalde o alcaldessa, a efectes de relació amb altres administracions, és formalment el mateix si el seu municipi té 300 habitants o en té 50.000.
No deixa de ser una paradoxa que els ajuntaments constitucionals del XIX es van crear per lluitar contra els privilegis, el caciquisme i la corrupció i ara, al segle XXI es qüestionen perquè hi ha qui considera que l’inframunicipalisme incrementa el risc de corrupció. I més quan la corrupció apareix també a ciutats i capitals de província i a altres nivells de l’administració.
Segona reflexió. Les diputacions. El que no es pot fer és dir que els ajuntaments petits han de desaparèixer per manca d’eficiència econòmica i al mateix temps parlar d’eliminar les diputacions. Si avui dia, a la província de Barcelona, podem parlar d’equitat territorial, de qualitat homogènia dels serveis públics locals, és perquè hi ha un govern, que és també local i per tant format per representants dels territoris de la província, que treballa per corregir aquests problemes d’eficiència.
Més que dir que han de desaparèixer, ara convindria un reconeixement formal de competències materials a les diputacions en tant que governs locals intermedis en l’àmbit de les dues lògiques esmentades. Primer en la lògica política de govern i de representació d’un territori; segon, en la de produir eficàcia, eficiència i equitat en la prestació de serveis públics municipals. A la fi, el municipalisme ha estat el gran motor de transformació social del nostre país, gràcies, justament a la proximitat del poder polític i la ciutadania.
3 de maig de 2011
Grup Breus
És cert que hi ha molts ajuntaments. A Catalunya 946, a Espanya 8.111. I una bona part són municipis petits, un 60% de poblacions menors de 1.000 habitants. Aquesta realitat dificulta una de les funcions bàsiques dels governs locals com és la prestació de serveis públics. Municipis petits implica pressupostos petits. Però les competències bàsiques, per tant les obligacions envers la ciutadania, són gairebé similars per a tots. Entre els qui opinen en reduir ajuntaments s’hi barregen dues línies argumentats, una la d’aconseguir una major eficiència, i una altra, que la veritat no s’acaba d’entendre és per evitar el risc de la corrupció. Des de fa anys hi ha literatura extensa, publicacions i fins i tot congressos que en parlen. En aquest breus només volem posar sobre la taula dues reflexions que, potser, anirien en direcció contrària a les darreres opinions publicades als mitjans. La més recent és la de Joaquín Estefania a El País de diumenge passat favorable al tancament d’ajuntaments.
Primera reflexió. Per a què es van crear els moderns ajuntaments? En els treballs previs en comissió a la redacció de la Constitució de Càdis de 1812 ja hi va haver un debat sobre si s’havien de crear ajuntaments a tots els nuclis de població o no, fins i tot als de menys de 1.000 habitants. Qüestions com l’eficiència ja es van posar sobre la taula tot i que los servicios minimos de l’època a fer pels ajuntaments eren efectivament molt reduïts. Les raons per les quals el Decret de 23 de maig de 1812 ordenava la creació ajuntaments constitucionals a tots els nuclis de població, seguint la tradició francesa d’identificar municipi amb casc urbà, eren efectivament de caràcter polític. Es volien abolir els poder locals de l’antic règim, els càrrecs perpetus municipals i constituir governs locals democràtics. La lògica política d’atorgar més representació a la ciutadania i el rol, no ja d’impartir justícia de l’alcalde, sinó d’agent conciliador entre els interessos locals, va prevaler sobre els problemes de l’eficiència. Així és com es van formar la majoria dels ajuntaments que ara coneixem.
La història després ha donat moltes voltes. I aquesta lògica política sembla oblidada per una segona lògica que guanya posicions, i és la funció de prestar serveis. Quan els requeriments i les competències superen de llarg aquells serveis mínims del segle XIX és quan més es posa en crisi la capacitat econòmica del minifundisme municipal. Cert. Però també és cert que per a la població que habita en pobles petits la figura de l’alcalde/ssa i del govern local li és absolutament funcional en termes polítics, de representació de l’interès general i d’administrador de les normes que modulen la convivència, siguin aquestes urbanístiques, socials o culturals. Si es dissol un ajuntament en nom de l’eficiència econòmica, s’ha de preveure que es redueix potència a l’exercici de la ciutadania d’aquestes poblacions. Un alcalde o alcaldessa, a efectes de relació amb altres administracions, és formalment el mateix si el seu municipi té 300 habitants o en té 50.000.
No deixa de ser una paradoxa que els ajuntaments constitucionals del XIX es van crear per lluitar contra els privilegis, el caciquisme i la corrupció i ara, al segle XXI es qüestionen perquè hi ha qui considera que l’inframunicipalisme incrementa el risc de corrupció. I més quan la corrupció apareix també a ciutats i capitals de província i a altres nivells de l’administració.
Segona reflexió. Les diputacions. El que no es pot fer és dir que els ajuntaments petits han de desaparèixer per manca d’eficiència econòmica i al mateix temps parlar d’eliminar les diputacions. Si avui dia, a la província de Barcelona, podem parlar d’equitat territorial, de qualitat homogènia dels serveis públics locals, és perquè hi ha un govern, que és també local i per tant format per representants dels territoris de la província, que treballa per corregir aquests problemes d’eficiència.
Més que dir que han de desaparèixer, ara convindria un reconeixement formal de competències materials a les diputacions en tant que governs locals intermedis en l’àmbit de les dues lògiques esmentades. Primer en la lògica política de govern i de representació d’un territori; segon, en la de produir eficàcia, eficiència i equitat en la prestació de serveis públics municipals. A la fi, el municipalisme ha estat el gran motor de transformació social del nostre país, gràcies, justament a la proximitat del poder polític i la ciutadania.
3 de maig de 2011
Grup Breus
Les enquestes a Espanya
El PP va per davant a les enquestes a nivell de l’estat. Alguna cosa passa quan un partit que no fa propostes per a sortir de la crisi, que més aviat posa pals a les rodes als grans acords entre el govern i els agents socials, aconsegueix més adhesions en els sondeigs. Fa unes setmanes, en un dels breus, afirmàvem que el combat amb la dreta es basa, finalment, en quina ètica resultarà hegemònica. En aquests moments veiem que l’ètica de l’individualisme guanya posicions en una societat que les darreres dècades ha fet un salt econòmic i social indiscutible. És legítim que les noves classes mitjanes urbanes espanyoles i catalanes se sentin orgulloses dels seus èxits i del seu progrés personal. Les biografies de molta gent registren molts esforços, propis i de les seves famílies, per accedir a una formació universitària i molt de treball per créixer professionalment o per aixecar els centenars de projectes d’empresa que s’han desenvolupat des de la democràcia.
Aquesta hipòtesi podria explicar l’èxit actual en les enquestes de la dreta. Això i el fet que actualment el govern que pateix el desgast de la crisi és el socialista. Però cal explicar algunes realitats. La primera és que si bé l’esforç per ascendir socialment ha estat personal i familiar, aquest no hauria pogut existir sense un govern, el socialista, que va posar els estudis universitaris a l’abast de tothom. O que va transformar les estructures de l’economia per adobar un terreny favorable als projectes emprenedors. O que va consolidar un estat del benestar que, diguem-ho clar, ha permès que milions de persones hagin gaudit d’estabilitat laboral en tots aquests anys a l’administració.
La segona és que si la dreta guanya, ho hem vist amb CiU a Catalunya, es posarà en marxa l’enderroc de les estructures públiques i col•lectives que han fet possible anivellar-nos amb Europa. Un exemple són les noves taxes universitàries. Sembla un cercle viciós sense sortida. Els socialistes, quan han governat, han aplicat una ètica de la cooperació i la responsabilitat social, han generat benestar i noves classes mitjanes i professionals. Les mateixes que ara conreen una ideologia conservadora que legitima partits com el Partit Popular espanyol o candidats oportunistes que aprofiten la crisi per dir que el projecte de Barcelona ha fracassat.
El combat no és només entre un o un altre candidat. És un combat ideològic i un combat ètic.
9 de maig de 2011
Grup Breus
Aquesta hipòtesi podria explicar l’èxit actual en les enquestes de la dreta. Això i el fet que actualment el govern que pateix el desgast de la crisi és el socialista. Però cal explicar algunes realitats. La primera és que si bé l’esforç per ascendir socialment ha estat personal i familiar, aquest no hauria pogut existir sense un govern, el socialista, que va posar els estudis universitaris a l’abast de tothom. O que va transformar les estructures de l’economia per adobar un terreny favorable als projectes emprenedors. O que va consolidar un estat del benestar que, diguem-ho clar, ha permès que milions de persones hagin gaudit d’estabilitat laboral en tots aquests anys a l’administració.
La segona és que si la dreta guanya, ho hem vist amb CiU a Catalunya, es posarà en marxa l’enderroc de les estructures públiques i col•lectives que han fet possible anivellar-nos amb Europa. Un exemple són les noves taxes universitàries. Sembla un cercle viciós sense sortida. Els socialistes, quan han governat, han aplicat una ètica de la cooperació i la responsabilitat social, han generat benestar i noves classes mitjanes i professionals. Les mateixes que ara conreen una ideologia conservadora que legitima partits com el Partit Popular espanyol o candidats oportunistes que aprofiten la crisi per dir que el projecte de Barcelona ha fracassat.
El combat no és només entre un o un altre candidat. És un combat ideològic i un combat ètic.
9 de maig de 2011
Grup Breus
sábado, 7 de mayo de 2011
La convivencia en la Europa del siglo XXI
JAVIER SOLANA / EMMA BONINO 07/05/2011.Publicado El País
La diversidad cultural ha sido una característica constante de la historia europea. Ha sido la fuente de muchos de los mayores logros de nuestro continente, sin embargo, cuando se ha gestionado de forma inapropiada, también ha desempeñado un papel en algunas de sus mayores tragedias.
El Consejo de Europa y la UE deben formular una política de inmigración de gran alcance
La diversidad ha aumentado en las últimas décadas, debido a las nuevas olas de inmigración, y seguirá haciéndolo, al menos por dos motivos.
En primer lugar, la mayoría de aquellos que han llegado a Europa en las últimas décadas, y sus descendientes, tienen la intención de quedarse. Muchos siguen apegados a la herencia cultural de sus países de origen. ¿Qué tiene esto de malo? Siempre y cuando cumplan la ley, no debería esperarse que las personas que se establecen en un nuevo país dejen tras de sí su fe, su cultura o su identidad. Esta diversidad puede contribuir a la creatividad que Europa tanto necesita, ahora más que nunca.
En segundo lugar, Europa está envejeciendo, lo que significa que se necesitan más inmigrantes. Sin ellos, la Comisión Europea estima que solo en la UE, en los próximos 50 años, la fuerza de trabajo se reducirá prácticamente en 100 millones de personas aun cuando la población en su conjunto siga aumentando. Se trata de una fórmula que lleva a la decadencia.
Por lo tanto, la diversidad es el destino de Europa. Está forjando nuestro futuro en un mundo que evoluciona rápidamente, y seguirá haciéndolo. Así pues, es de vital importancia que los europeos encaren sus desafíos con más eficacia y determinación -y, para ser francos-, mucho mejor de lo que lo están haciendo en la actualidad. Esta vez no pueden permitirse equivocarse en cómo hacer frente a la situación. Por desgracia, hay indicios de que corren el peligro de estar haciendo precisamente esto.
Estos indicios son evidentes: una intolerancia creciente, un mayor apoyo a los partidos xenófobos y populistas, la discriminación, la presencia de una población de migrantes no documentados que prácticamente no tienen derechos, comunidades "paralelas" cuyos miembros apenas interactúan con la sociedad que les rodea, el extremismo islámico, la pérdida de libertades democráticas, e intentos de restringir la libertad de expresión con el presunto interés de defender la libertad de religión.
Bajo estos indicios subyacen una inseguridad profundamente arraigada (consecuencia de las dificultades económicas de Europa y de un sentido de decadencia relativa); el fenómeno de la inmigración a gran escala (tanto como la experimentada realmente como la percibida); imágenes deformadas y estereotipos nocivos de las minorías en los medios de comunicación y laopinión pública, y la escasez de dirigentes que puedan inspirar confianza articulando una visión clara del destino de Europa.
Nuestro informe -que será publicado el 11 de mayo- Living Together: Combining Diversity and Freedom in 21st Century Europe (La convivencia: combinar la diversidad y la libertad en la Europa del siglo XXI) ofrece una respuesta asentada en los valores fundamentales de Europa: un programa para una Europa con mayor confianza en sí misma, que acogerá la diversidad en lugar de rechazarla, y aceptará asimismo que la existencia de identidades múltiples no es en absoluto negativa. Si se puede ser afroamericano o italoamericano, ¿por qué no un europeo "con guiones" turco-alemán, norafricano-francés o asiático-británico?
Estamos convencidos de que podemos ser esa Europa, pero solo si todos los residentes a largo plazo de los países europeos son aceptados como ciudadanos de pleno derecho, y si todos, con independencia de su credo, cultura o etnicidad, son tratados por igual por la legislación, las autoridades y sus conciudadanos. Al igual que todos los demás ciudadanos de una democracia, deberían participar en la elaboración de las leyes, pero ni la religión ni la cultura pueden ser una excusa para vulnerarlas.
Proponemos 17 principios rectores, y confiamos en que los legisladores, los formadores de opinión y los activistas de la sociedad civil puedan utilizarlos como un manual para la diversidad.
Como mínimo, es necesario que exista un acuerdo de que la ley debe acatarse, y alcanzar un entendimiento común de lo que es la ley y de cómo puede cambiarse. Siempre que respeten la ley, no se debería esperar que los inmigrantes renuncien a su credo, cultura o identidad. Es preciso adoptar medidas especiales para que los miembros de los grupos desfavorecidos o marginados gocen de una verdadera igualdad de oportunidades, y también deben desplegarse esfuerzos para que los miembros de diferentes grupos religiones, culturales o étnicos se conozcan entre sí y aúnen esfuerzos como miembros de asociaciones voluntarias. Por último, defendemos firmemente el derecho a la libertad de expresión, que no debe restringirse, ni en la legislación ni en la práctica, para aplacar la intimidación violenta. Al mismo tiempo, creemos que no se puede dejar de responder a las declaraciones públicas que tienden a construir o a reforzar los prejuicios públicos contra los miembros de cualquier grupo, en particular miembros de minorías, inmigrantes o personas de origen migrante reciente. Un mensaje central de nuestro informe es "reducir al mínimo las exigencias establecidas legalmente y potenciar al máximo la persuasión".
Con objeto de aplicar estos principios en la práctica, instamos a los Estados a extender estos derechos y obligaciones de la ciudadanía, incluido el derecho de voto, al mayor número posible de miembros de la población residente y -como medida provisional- a conceder a todos los residentes extranjeros el derecho a votar en las elecciones locales. También les instamos a corregir toda información que pudiera malinterpretarse y los estereotipos sobre la migración, y a ofrecer a sus ciudadanos una imagen más realista de la situación de los migrantes y de las necesidades actuales y futuras de Europa. Reconocemos su derecho y su deber de controlar la inmigración, pero también instamos a todos los europeos a tratar a los solicitantes de asilo y a los migrantes que llegan a Europa de una manera justa y humana, mostrando la solidaridad apropiada y repartiéndose la carga entre los Estados miembros. Pedimos al Consejo de Europa y a la UE que trabajen juntos para formular una política de inmigración de gran alcance, coherente y transparente para toda Europa y, al mismo tiempo, que tiendan una mano a nuestros vecinos de Oriente Próximo y África del Norte, brindándoles la oportunidad de participar, con un estatus apropiado, en las instituciones y convenios europeos.
Si se sigue este camino, estamos plenamente convencidos de que Europa puede ser un lugar mejor y más esperanzador de lo que es en la actualidad.
Firman este artículo Javier Solana, Emma Bonino, Joschka Fischer, Timothy Garton Ash, Martin Hirsch, Danuta Hübner, Ayse Kadioglu, Sonja Licht y Vladimir Lukin. Los autores son los miembros del Grupo de Personas Eminentes creado por Thorbjørn Jagland, secretario general del Consejo de Europa, para preparar un informe sobre la convivencia en Europa. Su informe podrá consultarse en www.coe.int a partir del 11 de mayo.
La diversidad cultural ha sido una característica constante de la historia europea. Ha sido la fuente de muchos de los mayores logros de nuestro continente, sin embargo, cuando se ha gestionado de forma inapropiada, también ha desempeñado un papel en algunas de sus mayores tragedias.
El Consejo de Europa y la UE deben formular una política de inmigración de gran alcance
La diversidad ha aumentado en las últimas décadas, debido a las nuevas olas de inmigración, y seguirá haciéndolo, al menos por dos motivos.
En primer lugar, la mayoría de aquellos que han llegado a Europa en las últimas décadas, y sus descendientes, tienen la intención de quedarse. Muchos siguen apegados a la herencia cultural de sus países de origen. ¿Qué tiene esto de malo? Siempre y cuando cumplan la ley, no debería esperarse que las personas que se establecen en un nuevo país dejen tras de sí su fe, su cultura o su identidad. Esta diversidad puede contribuir a la creatividad que Europa tanto necesita, ahora más que nunca.
En segundo lugar, Europa está envejeciendo, lo que significa que se necesitan más inmigrantes. Sin ellos, la Comisión Europea estima que solo en la UE, en los próximos 50 años, la fuerza de trabajo se reducirá prácticamente en 100 millones de personas aun cuando la población en su conjunto siga aumentando. Se trata de una fórmula que lleva a la decadencia.
Por lo tanto, la diversidad es el destino de Europa. Está forjando nuestro futuro en un mundo que evoluciona rápidamente, y seguirá haciéndolo. Así pues, es de vital importancia que los europeos encaren sus desafíos con más eficacia y determinación -y, para ser francos-, mucho mejor de lo que lo están haciendo en la actualidad. Esta vez no pueden permitirse equivocarse en cómo hacer frente a la situación. Por desgracia, hay indicios de que corren el peligro de estar haciendo precisamente esto.
Estos indicios son evidentes: una intolerancia creciente, un mayor apoyo a los partidos xenófobos y populistas, la discriminación, la presencia de una población de migrantes no documentados que prácticamente no tienen derechos, comunidades "paralelas" cuyos miembros apenas interactúan con la sociedad que les rodea, el extremismo islámico, la pérdida de libertades democráticas, e intentos de restringir la libertad de expresión con el presunto interés de defender la libertad de religión.
Bajo estos indicios subyacen una inseguridad profundamente arraigada (consecuencia de las dificultades económicas de Europa y de un sentido de decadencia relativa); el fenómeno de la inmigración a gran escala (tanto como la experimentada realmente como la percibida); imágenes deformadas y estereotipos nocivos de las minorías en los medios de comunicación y laopinión pública, y la escasez de dirigentes que puedan inspirar confianza articulando una visión clara del destino de Europa.
Nuestro informe -que será publicado el 11 de mayo- Living Together: Combining Diversity and Freedom in 21st Century Europe (La convivencia: combinar la diversidad y la libertad en la Europa del siglo XXI) ofrece una respuesta asentada en los valores fundamentales de Europa: un programa para una Europa con mayor confianza en sí misma, que acogerá la diversidad en lugar de rechazarla, y aceptará asimismo que la existencia de identidades múltiples no es en absoluto negativa. Si se puede ser afroamericano o italoamericano, ¿por qué no un europeo "con guiones" turco-alemán, norafricano-francés o asiático-británico?
Estamos convencidos de que podemos ser esa Europa, pero solo si todos los residentes a largo plazo de los países europeos son aceptados como ciudadanos de pleno derecho, y si todos, con independencia de su credo, cultura o etnicidad, son tratados por igual por la legislación, las autoridades y sus conciudadanos. Al igual que todos los demás ciudadanos de una democracia, deberían participar en la elaboración de las leyes, pero ni la religión ni la cultura pueden ser una excusa para vulnerarlas.
Proponemos 17 principios rectores, y confiamos en que los legisladores, los formadores de opinión y los activistas de la sociedad civil puedan utilizarlos como un manual para la diversidad.
Como mínimo, es necesario que exista un acuerdo de que la ley debe acatarse, y alcanzar un entendimiento común de lo que es la ley y de cómo puede cambiarse. Siempre que respeten la ley, no se debería esperar que los inmigrantes renuncien a su credo, cultura o identidad. Es preciso adoptar medidas especiales para que los miembros de los grupos desfavorecidos o marginados gocen de una verdadera igualdad de oportunidades, y también deben desplegarse esfuerzos para que los miembros de diferentes grupos religiones, culturales o étnicos se conozcan entre sí y aúnen esfuerzos como miembros de asociaciones voluntarias. Por último, defendemos firmemente el derecho a la libertad de expresión, que no debe restringirse, ni en la legislación ni en la práctica, para aplacar la intimidación violenta. Al mismo tiempo, creemos que no se puede dejar de responder a las declaraciones públicas que tienden a construir o a reforzar los prejuicios públicos contra los miembros de cualquier grupo, en particular miembros de minorías, inmigrantes o personas de origen migrante reciente. Un mensaje central de nuestro informe es "reducir al mínimo las exigencias establecidas legalmente y potenciar al máximo la persuasión".
Con objeto de aplicar estos principios en la práctica, instamos a los Estados a extender estos derechos y obligaciones de la ciudadanía, incluido el derecho de voto, al mayor número posible de miembros de la población residente y -como medida provisional- a conceder a todos los residentes extranjeros el derecho a votar en las elecciones locales. También les instamos a corregir toda información que pudiera malinterpretarse y los estereotipos sobre la migración, y a ofrecer a sus ciudadanos una imagen más realista de la situación de los migrantes y de las necesidades actuales y futuras de Europa. Reconocemos su derecho y su deber de controlar la inmigración, pero también instamos a todos los europeos a tratar a los solicitantes de asilo y a los migrantes que llegan a Europa de una manera justa y humana, mostrando la solidaridad apropiada y repartiéndose la carga entre los Estados miembros. Pedimos al Consejo de Europa y a la UE que trabajen juntos para formular una política de inmigración de gran alcance, coherente y transparente para toda Europa y, al mismo tiempo, que tiendan una mano a nuestros vecinos de Oriente Próximo y África del Norte, brindándoles la oportunidad de participar, con un estatus apropiado, en las instituciones y convenios europeos.
Si se sigue este camino, estamos plenamente convencidos de que Europa puede ser un lugar mejor y más esperanzador de lo que es en la actualidad.
Firman este artículo Javier Solana, Emma Bonino, Joschka Fischer, Timothy Garton Ash, Martin Hirsch, Danuta Hübner, Ayse Kadioglu, Sonja Licht y Vladimir Lukin. Los autores son los miembros del Grupo de Personas Eminentes creado por Thorbjørn Jagland, secretario general del Consejo de Europa, para preparar un informe sobre la convivencia en Europa. Su informe podrá consultarse en www.coe.int a partir del 11 de mayo.
Revoluciones e inmigración
SAMI NAÏR 07/05/2011.Publicado en el País.
La Comisión de Bruselas acaba de aceptar revisar las reglas del espacio de Schengen para la libertad de circulación dentro de la Unión Europea. La danza del vientre a la que se han entregado Nicolas Sarkozy y Silvio Berlusconi en lo que respecta a la "invasión" de los inmigrantes tunecinos desde hace cuatro meses tiene algo que ver con eso. No merece que nos detengamos en ella, de tan escandalosa que es desde el punto de vista político y humano. El cambio revolucionario en Túnez como en Libia provoca efectivamente la huida de las poblaciones. Hay aquí dos cuestiones estrechamente relacionadas: la del derecho de asilo y la de la inmigración de trabajo. Pero esta "invasión" no va precisamente en el sentido que se dice: más de 650.000 personas han huido de Libia; si sigue el conflicto, se esperan más de un millón de personas de aquí al verano. Túnez, que ahora está implicada en la guerra por Gadafi, ya ha recibido más de 500.000 refugiados por una población de 10,2 millones de habitantes y un PIB en caída desde la revolución, una tasa de desempleo superior al 30%, una situación de decrecimiento grave y una inestabilidad en cuanto a la seguridad peligrosa para la democracia naciente. Europa, con una población que supera los 520 millones de habitantes, un PIB 10 veces superior al de los países de la ribera sur del Mediterráneo, ha tenido que gestionar, aunque por supuesto en el estruendo mediático y los resabios de racismo de Estado... ¡26.000 tunecinos!
El asunto franco-italiano demuestra el fracaso patente de la política migratoria europea
En Túnez, lo he visto con mis propios ojos, los refugiados son acogidos por las poblaciones fronterizas, alimentados, invitados a dormir en las casas mientras esperan soluciones. El primer ministro Beyi Caid Esebsi, me dijo, tal cual, durante una charla: "¿Qué quiere usted? tampoco vamos a abandonarles sedientos y hambrientos en el desierto" (Túnez, 25-4-11). Por supuesto, esta situación no puede durar, es insoportable para Túnez. Pero no vemos comedia histérica alguna a costa de los extranjeros, animosidad alguna en el comportamiento de la población.
El asunto franco-italiano demuestra el fracaso patente de la política migratoria europea. La idea de un espacio interior abierto frente a un espacio exterior cerrado no es practicable en el contexto mundial actual de fuertes desplazamientos de las poblaciones y de demanda migratoria internacional, tanto por parte de los Estados ricos como de los Estados proveedores de emigración.
Si tomamos el caso de Frontex, instrumento de control de la libertad de circulación exterior de las personas, descubrimos que ni tan solo permite instaurar la confianza entre los propios europeos. Los 10 países que se adhirieron en mayo de 2004 a la Unión están todavía sometidos a unas reglas estrictas para el establecimiento de las personas. Francia y Alemania se oponen a la adhesión a los acuerdos de Schengen de Rumanía y Bulgaria, sospechosos de no poder controlar sus fronteras. Eso significa que reforzamos la Europa fortaleza a dos velocidades: hay países que están en primera línea de las zonas de inmigración y otros que se aprovechan del escudo de los primeros. Con la modificación de las reglas del artículo 23 de la Convención de Schengen en el sentido del restablecimiento de los controles en las fronteras interiores, España verá rápidamente lo que significa esto, en sus relaciones con los países africanos, Marruecos y Francia.
En el exterior, Frontex no es más que un éxito a medias, puesto que la inmigración ilegal no ha dejado de desarrollarse estos últimos años. Gadafi y Ben Ali recibían más de 400 millones de euros al año para asegurar el servicio de Frontex. Hoy, Gadafi expulsa a los extranjeros hacia Túnez y Europa.
La emigración continuará, bajo su forma legal e ilegal, simplemente porque corresponde a la integración mundial de las economías y de las sociedades. Se calcula que en nuestros días los inmigrantes ilegales son varios millones de personas, sin hablar de aquellos que se encuentran en los campos de retención rodeando Europa con una venda de vergüenza. En realidad, es todo el dispositivo migratorio europeo que hay que revisar. Hay que integrar las migraciones en una gran política de cooperación y codesarrollo europeo centrada principalmente en la circulación organizada de las personas. El objetivo sería responder a las necesidades mutuas de los países proveedores y de los países europeos. Europa necesita inmigrantes, desde un punto de vista demográfico y económico. La ribera sur del Mediterráneo expresa desde hace tiempo una fuerte demanda migratoria. No podemos responder con la policía de los mar
La Comisión de Bruselas acaba de aceptar revisar las reglas del espacio de Schengen para la libertad de circulación dentro de la Unión Europea. La danza del vientre a la que se han entregado Nicolas Sarkozy y Silvio Berlusconi en lo que respecta a la "invasión" de los inmigrantes tunecinos desde hace cuatro meses tiene algo que ver con eso. No merece que nos detengamos en ella, de tan escandalosa que es desde el punto de vista político y humano. El cambio revolucionario en Túnez como en Libia provoca efectivamente la huida de las poblaciones. Hay aquí dos cuestiones estrechamente relacionadas: la del derecho de asilo y la de la inmigración de trabajo. Pero esta "invasión" no va precisamente en el sentido que se dice: más de 650.000 personas han huido de Libia; si sigue el conflicto, se esperan más de un millón de personas de aquí al verano. Túnez, que ahora está implicada en la guerra por Gadafi, ya ha recibido más de 500.000 refugiados por una población de 10,2 millones de habitantes y un PIB en caída desde la revolución, una tasa de desempleo superior al 30%, una situación de decrecimiento grave y una inestabilidad en cuanto a la seguridad peligrosa para la democracia naciente. Europa, con una población que supera los 520 millones de habitantes, un PIB 10 veces superior al de los países de la ribera sur del Mediterráneo, ha tenido que gestionar, aunque por supuesto en el estruendo mediático y los resabios de racismo de Estado... ¡26.000 tunecinos!
El asunto franco-italiano demuestra el fracaso patente de la política migratoria europea
En Túnez, lo he visto con mis propios ojos, los refugiados son acogidos por las poblaciones fronterizas, alimentados, invitados a dormir en las casas mientras esperan soluciones. El primer ministro Beyi Caid Esebsi, me dijo, tal cual, durante una charla: "¿Qué quiere usted? tampoco vamos a abandonarles sedientos y hambrientos en el desierto" (Túnez, 25-4-11). Por supuesto, esta situación no puede durar, es insoportable para Túnez. Pero no vemos comedia histérica alguna a costa de los extranjeros, animosidad alguna en el comportamiento de la población.
El asunto franco-italiano demuestra el fracaso patente de la política migratoria europea. La idea de un espacio interior abierto frente a un espacio exterior cerrado no es practicable en el contexto mundial actual de fuertes desplazamientos de las poblaciones y de demanda migratoria internacional, tanto por parte de los Estados ricos como de los Estados proveedores de emigración.
Si tomamos el caso de Frontex, instrumento de control de la libertad de circulación exterior de las personas, descubrimos que ni tan solo permite instaurar la confianza entre los propios europeos. Los 10 países que se adhirieron en mayo de 2004 a la Unión están todavía sometidos a unas reglas estrictas para el establecimiento de las personas. Francia y Alemania se oponen a la adhesión a los acuerdos de Schengen de Rumanía y Bulgaria, sospechosos de no poder controlar sus fronteras. Eso significa que reforzamos la Europa fortaleza a dos velocidades: hay países que están en primera línea de las zonas de inmigración y otros que se aprovechan del escudo de los primeros. Con la modificación de las reglas del artículo 23 de la Convención de Schengen en el sentido del restablecimiento de los controles en las fronteras interiores, España verá rápidamente lo que significa esto, en sus relaciones con los países africanos, Marruecos y Francia.
En el exterior, Frontex no es más que un éxito a medias, puesto que la inmigración ilegal no ha dejado de desarrollarse estos últimos años. Gadafi y Ben Ali recibían más de 400 millones de euros al año para asegurar el servicio de Frontex. Hoy, Gadafi expulsa a los extranjeros hacia Túnez y Europa.
La emigración continuará, bajo su forma legal e ilegal, simplemente porque corresponde a la integración mundial de las economías y de las sociedades. Se calcula que en nuestros días los inmigrantes ilegales son varios millones de personas, sin hablar de aquellos que se encuentran en los campos de retención rodeando Europa con una venda de vergüenza. En realidad, es todo el dispositivo migratorio europeo que hay que revisar. Hay que integrar las migraciones en una gran política de cooperación y codesarrollo europeo centrada principalmente en la circulación organizada de las personas. El objetivo sería responder a las necesidades mutuas de los países proveedores y de los países europeos. Europa necesita inmigrantes, desde un punto de vista demográfico y económico. La ribera sur del Mediterráneo expresa desde hace tiempo una fuerte demanda migratoria. No podemos responder con la policía de los mar
jueves, 28 de abril de 2011
Una cara nueva
JORDI GRACIA 28/04/2011:Publicado en el País
Entre los misterios que resolverán las elecciones del 22 de mayo hay al menos dos con efectos políticos de larga duración: qué hará Carme Chacón y qué sitio encuentra la izquierda a la izquierda del PSOE. Pero hay un tercer misterio menos explícito. Tiene que ver con el papel que el federalismo puede jugar en el futuro como descongestionador de la relación bloqueada entre Catalunya y España.
¿Podrá liderar el PSOE una amplia izquierda con bandera federal y socialdemócrata?
Pueden parecer asuntos heterogéneos, pero vistos desde la periferia profesional y geopolítica no lo son. Periferia geopolítica quiere decir lejos de la greña mediática y patógena madrileña y periferia profesional significa lejos de la politología estricta. Pero añado una tercera periferia: la de una izquierda que no es votante de los socialistas (pero prefiere que gobiernen los socialistas), y es votante de IU o de Iniciativa per Catalunya, pero no está dispuesta a ser voto testimonial, voto suicida o voto alineado con la lucha obrera del siglo XIX.
Los tres misterios se pueden reformular de una sola tacada: ¿podrá liderar el PSOE una izquierda con bandera federal y ánimo tonificador de la socialdemocracia, con capacidad para impulsar la confianza en una izquierda útil a su izquierda? Es falsa la apariencia de cuadratura del círculo que tiene el interrogante porque formula más bien la defensa de una opción ideológica coherente con la izquierda a la altura de 2011. La tensión reaccionaria que el PP puso en marcha tras la denuncia en el Constitucional del Estatut ha reactivado dos milagrerías: el independentismo en Catalunya y el neoespañolismo soez en España. La población no ha redescubierto de golpe las virtudes ocultas de semejantes posiciones, sino que han sido las salidas instintivas de sectores socialmente minoritarios pero muy ruidosos: la ducha político-mediática a un lado y otro ha facilitado la fuga hacia los extremos.
En Catalunya empieza a ser doctrina común que el federalismo está muerto porque no hay federalistas en España y tampoco en Catalunya. Es el diagnóstico que conviene al discurso nacionalista e independentista, y su objetivo es la descalificación del proyecto federal como imposible metafísico. El independentismo, aunque sea retórico, arrastra un goteo de personalidades desengañadas del proyecto autonómico (lo más parecido a la práctica federal) y dispuestos a romper la baraja (dada la ceguera centralista de los poderes del Estado). El resultado es que la solución federal queda desactivada pese a ser la más lógica, la de voltaje político más controlado y en todos los casos la más sensata. Al independentismo le hará muy poca gracia que los movimientos revitalizadores de la evidencia federal (posautonómica) cobren fuerza como solución renovada, con cara y ojos.
De ahí el enfado de tantos en Catalunya (y paradójicamente en España) ante un artículo sustancialmente sensato como fue el que Carme Chacón suscribió con Felipe González para minimizar los efectos correctivos de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut. Porque lo que sobre todo recordaba el artículo era la ampliación sustancial, incluso en términos fiscales, de las competencias autonómicas de Catalunya con respecto al anterior Estatuto. Pero este éxito objetivo del socialismo en el poder ha sido desactivado tanto por la lectura pesimista del independentismo como por la inversamente explosiva e irresponsable de la derecha.
Es otra pinza, y por eso a veces conviene repetir lo obvio: la batalla socialista podría ser la batalla del federalismo como postulado ideológico capaz de neutralizar el reaccionarismo españolista y la fuga hacia el independentismo de los desencantados con el Estado.
Hoy la bola de nieve del independentismo en Cataluña empieza a arrastrar a federalistas naturales, que a menudo lo son sin conciencia de serlo, pero que se saben descolocados o anticuados o desfasados en el nuevo marco autista España-Catalunya. Cada día es mayor el goteo de fugas a la bandera juvenil de la independencia y cada día es más difícil de frenar esa salida maximalista que garantiza, al menos para muchos años, un conflicto crónico no distinto del que se ha vivido en la última década.
En tiempos de pocas bromas económicas y de terror activo al despilfarro de esfuerzos, la defensa de una posición pragmáticamente federalista, convivencial y cohesionadora debe ser programática. Su argumento político es de fondo y convincente: resuelve más problemas de los que crea y su coste (para Catalunya y también para España) es inequívocamente menor en términos económicos pero también sociales, de relación con Europa y hasta simbólicos. Desde su nueva posición política, Ferran Mascarell lo apuntó hace unos días: España también pierde si pierde a Catalunya.
Que el federalismo adopte una cara nueva y deje de sonar a monserga rancia debería formar parte del horizonte ideológico de la izquierda en su conjunto y no sólo del PSOE. Y desde esa convicción, su fuerza está en denunciar sin tapujos la responsabilidad temeraria e incendiaria de la derecha en el actual atolladero y defender el horizonte federal como expresión madura de la construcción autonómica. Esa es la posición socialmente mayoritaria en la izquierda y darle un aire nuevo es cosa de la misma izquierda: más que nada para que no nos hagan una cara nova, que es como en catalán anunciamos las grandes bofetadas.
Jordi Gracia es catedrático de Literatura Española en la Universidad de Barcelona.
Entre los misterios que resolverán las elecciones del 22 de mayo hay al menos dos con efectos políticos de larga duración: qué hará Carme Chacón y qué sitio encuentra la izquierda a la izquierda del PSOE. Pero hay un tercer misterio menos explícito. Tiene que ver con el papel que el federalismo puede jugar en el futuro como descongestionador de la relación bloqueada entre Catalunya y España.
¿Podrá liderar el PSOE una amplia izquierda con bandera federal y socialdemócrata?
Pueden parecer asuntos heterogéneos, pero vistos desde la periferia profesional y geopolítica no lo son. Periferia geopolítica quiere decir lejos de la greña mediática y patógena madrileña y periferia profesional significa lejos de la politología estricta. Pero añado una tercera periferia: la de una izquierda que no es votante de los socialistas (pero prefiere que gobiernen los socialistas), y es votante de IU o de Iniciativa per Catalunya, pero no está dispuesta a ser voto testimonial, voto suicida o voto alineado con la lucha obrera del siglo XIX.
Los tres misterios se pueden reformular de una sola tacada: ¿podrá liderar el PSOE una izquierda con bandera federal y ánimo tonificador de la socialdemocracia, con capacidad para impulsar la confianza en una izquierda útil a su izquierda? Es falsa la apariencia de cuadratura del círculo que tiene el interrogante porque formula más bien la defensa de una opción ideológica coherente con la izquierda a la altura de 2011. La tensión reaccionaria que el PP puso en marcha tras la denuncia en el Constitucional del Estatut ha reactivado dos milagrerías: el independentismo en Catalunya y el neoespañolismo soez en España. La población no ha redescubierto de golpe las virtudes ocultas de semejantes posiciones, sino que han sido las salidas instintivas de sectores socialmente minoritarios pero muy ruidosos: la ducha político-mediática a un lado y otro ha facilitado la fuga hacia los extremos.
En Catalunya empieza a ser doctrina común que el federalismo está muerto porque no hay federalistas en España y tampoco en Catalunya. Es el diagnóstico que conviene al discurso nacionalista e independentista, y su objetivo es la descalificación del proyecto federal como imposible metafísico. El independentismo, aunque sea retórico, arrastra un goteo de personalidades desengañadas del proyecto autonómico (lo más parecido a la práctica federal) y dispuestos a romper la baraja (dada la ceguera centralista de los poderes del Estado). El resultado es que la solución federal queda desactivada pese a ser la más lógica, la de voltaje político más controlado y en todos los casos la más sensata. Al independentismo le hará muy poca gracia que los movimientos revitalizadores de la evidencia federal (posautonómica) cobren fuerza como solución renovada, con cara y ojos.
De ahí el enfado de tantos en Catalunya (y paradójicamente en España) ante un artículo sustancialmente sensato como fue el que Carme Chacón suscribió con Felipe González para minimizar los efectos correctivos de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut. Porque lo que sobre todo recordaba el artículo era la ampliación sustancial, incluso en términos fiscales, de las competencias autonómicas de Catalunya con respecto al anterior Estatuto. Pero este éxito objetivo del socialismo en el poder ha sido desactivado tanto por la lectura pesimista del independentismo como por la inversamente explosiva e irresponsable de la derecha.
Es otra pinza, y por eso a veces conviene repetir lo obvio: la batalla socialista podría ser la batalla del federalismo como postulado ideológico capaz de neutralizar el reaccionarismo españolista y la fuga hacia el independentismo de los desencantados con el Estado.
Hoy la bola de nieve del independentismo en Cataluña empieza a arrastrar a federalistas naturales, que a menudo lo son sin conciencia de serlo, pero que se saben descolocados o anticuados o desfasados en el nuevo marco autista España-Catalunya. Cada día es mayor el goteo de fugas a la bandera juvenil de la independencia y cada día es más difícil de frenar esa salida maximalista que garantiza, al menos para muchos años, un conflicto crónico no distinto del que se ha vivido en la última década.
En tiempos de pocas bromas económicas y de terror activo al despilfarro de esfuerzos, la defensa de una posición pragmáticamente federalista, convivencial y cohesionadora debe ser programática. Su argumento político es de fondo y convincente: resuelve más problemas de los que crea y su coste (para Catalunya y también para España) es inequívocamente menor en términos económicos pero también sociales, de relación con Europa y hasta simbólicos. Desde su nueva posición política, Ferran Mascarell lo apuntó hace unos días: España también pierde si pierde a Catalunya.
Que el federalismo adopte una cara nueva y deje de sonar a monserga rancia debería formar parte del horizonte ideológico de la izquierda en su conjunto y no sólo del PSOE. Y desde esa convicción, su fuerza está en denunciar sin tapujos la responsabilidad temeraria e incendiaria de la derecha en el actual atolladero y defender el horizonte federal como expresión madura de la construcción autonómica. Esa es la posición socialmente mayoritaria en la izquierda y darle un aire nuevo es cosa de la misma izquierda: más que nada para que no nos hagan una cara nova, que es como en catalán anunciamos las grandes bofetadas.
Jordi Gracia es catedrático de Literatura Española en la Universidad de Barcelona.
Israel y las revueltas árabes
La existencia del Estado palestino contribuiría a desactivar al actual Hamás. Este movimiento tendría que reconvertirse en un islamismo moderado a lo turco o egipcio, en sintonía con la ola democratizadora árabe
ADOLFO GARCÍA ORTEGA 28/04/2011.Publicado en el País.
A la luz del siempre impredecible tablero de Oriente Próximo, parece lógico pensar que lo verdaderamente positivo para Israel es la creación de un Estado palestino. Hay voces allí que creen que, ante los problemas de otra índole que están en el horizonte de Israel (economía, ansiedad por el futuro, creciente inmigración ilegal, ceguera de los grupos religiosos, asentamientos), la creación de ese Estado supondría una vía para las soluciones
El actual Gobierno de Israel no parece ni clarividente ni capaz, y la oposición es nula
Las revueltas árabes han debilitado la posición de Irán y reforzado la de Turquía
Pero la creación del Estado palestino supone fundamentalmente modificar la relación clave en el eterno proceso de paz: el pulso con Hamás. Parece que ambos, Hamás e Israel, se necesitan mutuamente en todo, pero para lo malo, para mantener ese statu quo de cada uno en su inamovible papel, ya que los dos se justifican bien en una situación de parálisis. Prueba de ello es que ante las revueltas árabes y el desvío del foco hacia ellas, Hamás ha incrementado el lanzamiento de cohetes, con vistas a conseguir volver al primer nivel de actualidad mediante la provocación, e Israel ha respondido como suele, también para incidir en que Hamás es la principal amenaza, y de paso también la mayor excusa. Parece evidente que el cambio en esta ecuación perversa es la base de la construcción del futuro. Hamás e Israel se necesitan incluso para acabar con su mutuo enfrentamiento.
Las revueltas árabes, todas diferentes, huelen un poco a precipitación y a prisa. Pero de pronto la Historia le brinda a Hamás una oportunidad valiosísima de demostrar su papel real en la política de su futuro Estado. Podría ahora demostrar no solo una voluntad de solucionar el conflicto con Israel desde una posición política, sino una voluntad de resolución de los problemas internos entre las facciones palestinas, con la mirada puesta en la convivencia. ¿Está preparado Hamás para hacer esa política de Estado? ¿Es algo más que un movimiento títere o una banda de terroristas que oprime a su pueblo, como insiste en proclamar ante la opinión mundial? Tendrá que demostrarlo. La fundación del Estado ayudaría mucho a ello, qué duda cabe.
Por otro lado, cada vez son más los que en el propio Israel están dispuestos a esas "concesiones dolorosas" que desde hace años se vienen anunciando. Hay un alto porcentaje de israelíes que revisaría las fronteras del 67, que compartiría la capitalidad de Jerusalén y que dejaría la parte Este totalmente para los palestinos. Ya crearán ellos una gran y próspera ciudad más al oeste. Estarían dispuestos a una negociación por fases, sin tener que negociarlo todo a la vez, con el consiguiente bloqueo. Un Estado palestino, como sucedió con Israel en su día, abriría una agenda de prioridades y de acciones paulatinas y verificables totalmente distintas. Y en ese contexto, la visión política permitiría posponer sin traumas cuestiones como la cocapitalidad y los asentamientos. No son prioridades, sino elementos de negociación sobre la base de dos Estados. Los israelíes y los palestinos lo saben, el problema es que también saben que el primer paso es una cuestión de fe.
La existencia del Estado palestino contribuiría a desactivar al actual Hamás y ponerlo frente a su responsabilidad histórica. Esto sería lo verdaderamente prioritario. Luego se fijarían, escalonadamente, otros objetos. La realidad misma de las revueltas parece que está marcando este nuevo orden de prioridades. Si Siria se democratiza, esto es bueno para Israel. Como será buena para Israel la democracia en Egipto. Siempre y cuando sea una auténtica democracia. Y el garante de que puede serlo es precisamente Turquía, que ha encontrado una vía para hacer cohabitable el islamismo con la democracia real. Una Siria sin Irán, que no apoye como ahora a Hezbolá ni a Hamás, obligará a rebajar la radicalidad de ambos movimientos terroristas. Ni Egipto ni Turquía, a medio plazo, permitirían que Hamás, en circunstancias democráticas, sea una amenaza para Israel.
Pero ¿de qué manera Turquía o Egipto pueden influir, directa o indirectamente, en Hamás? Ya se ha hablado hasta la saciedad de que el papel de Turquía ha crecido hasta ser ejemplar para la región, a la hora garantizar futuro y bienestar dentro de un marco de respeto al islam. Es lo que las poblaciones desean y por lo que han ido a la revuelta.
En Egipto está aún por ver qué deparará su nueva Constitución y qué mapa crearán las elecciones. Unas elecciones que seguramente no ganarán todavía los Hermanos Musulmanes, porque no les convendrá tanta significación en una primera época, pero es obvio que se reservan un papel estelar para el futuro cercano. En cuanto a Siria, este tiene con Israel el conflicto, desactivado, de los Altos del Golán, algo que hasta Israel estaría dispuesto a conceder. Si Siria logra salir con bien de lo que todo parece anunciar como un durísimo tránsito a la democracia, dejaría de ser una correa de transmisión de Irán. A su vez, Irán, después de las revueltas árabes, se ha ido debilitando a corto plazo porque ha delatado la fragilidad de su estabilidad interna, su trazo grueso en política exterior, y, encima, su gran baza atómica se ha descafeinado después de Fukushima. Ha perdido predicamento y sus coartadas se han esfumado. Veremos la última revuelta en Irán, donde fue la primera.
Hamás, por tanto, ha de asumir su responsabilidad de futuro, que no es otra que acercarse al modelo egipcio, a su vez reflejo inevitable del modelo turco. Pero está muy lejos aún, porque eso pasa antes por la disputa, vía elecciones o vía acuerdo de concentración, con Fatah. Un Estado palestino lo facilitaría. Porque incluso contaría con el respaldo explícito de quienes ahora lo tratan como grupo terrorista. Kosovo es un ejemplo y hay otros. Más que nunca, Hamás tiene la llave. ¿Tiene para ello alguna estrategia compatible con una política palestina de Estado y democrática?
Hamás podría tener la tentación de seguir demostrando la fortaleza de la intransigencia, pero eso va en contra de la corriente democratizadora de la calle árabe. Véanse las manifestaciones en Gaza, no muy difundidas, o en Cisjordania, donde, no nos olvidemos, Hamás también se presentará a las elecciones cuando toque. Pero Hamás sabe que su supervivencia en un Estado palestino requiere una apuesta por la moderación. Los partidos islamistas con futuro en Turquía, en Egipto, en Túnez, se encargarán de llevarlo a ese terreno. No les conviene la mala imagen que Hamás pueda dar a sus promesas de pluralidad democrática. ¿Cómo podrían, si no, aducir los Hermanos Musulmanes que se puede contar con ellos sin que sean una amenaza contra las esperanzas de la población que, con sus revueltas, ha permitido lavar su cara política y propiciar su redención incluso para Occidente? Por tanto, no es la vía radical la que le conviene a Hamás. Además, la sociedad palestina sabe que no todos sus problemas provienen del "yugo" de Israel. La miseria y la economía estrangulada en los territorios palestinos también tienen algo que ver con Hamás, ya por corrupción, ya por impericia, ya por obcecación.
¿Y Israel? Se moverá cuando perciba indicios claros de cambio en Hamás. El primero, reconocer la existencia de Israel; el segundo, ser una opción política nacional en un Estado palestino. Los problemas internos de Israel pasarían a un primer plano y eso posibilitaría cambios en su devenir político, ya sin excusas paranoicas por la seguridad. Pero lo cierto es que el actual Gobierno no parece muy clarividente ni muy capaz, la oposición es poco activa y nula, ya que es consciente de que si gana necesitará el apoyo de muchos de quienes están ya gobernando. Y hay que añadir la inmigración ilegal y los problemas de asunción de la diversidad en un contexto de identidad judía frente a las minorías ultraconservadoras, que tienen demasiado peso político y ninguna visión de futuro. La oportunidad histórica de Hamás es, entonces, evidente: podría cambiarlo todo si cambia lo suficiente de sí.
Adolfo García Ortega es escritor y editor.
ADOLFO GARCÍA ORTEGA 28/04/2011.Publicado en el País.
A la luz del siempre impredecible tablero de Oriente Próximo, parece lógico pensar que lo verdaderamente positivo para Israel es la creación de un Estado palestino. Hay voces allí que creen que, ante los problemas de otra índole que están en el horizonte de Israel (economía, ansiedad por el futuro, creciente inmigración ilegal, ceguera de los grupos religiosos, asentamientos), la creación de ese Estado supondría una vía para las soluciones
El actual Gobierno de Israel no parece ni clarividente ni capaz, y la oposición es nula
Las revueltas árabes han debilitado la posición de Irán y reforzado la de Turquía
Pero la creación del Estado palestino supone fundamentalmente modificar la relación clave en el eterno proceso de paz: el pulso con Hamás. Parece que ambos, Hamás e Israel, se necesitan mutuamente en todo, pero para lo malo, para mantener ese statu quo de cada uno en su inamovible papel, ya que los dos se justifican bien en una situación de parálisis. Prueba de ello es que ante las revueltas árabes y el desvío del foco hacia ellas, Hamás ha incrementado el lanzamiento de cohetes, con vistas a conseguir volver al primer nivel de actualidad mediante la provocación, e Israel ha respondido como suele, también para incidir en que Hamás es la principal amenaza, y de paso también la mayor excusa. Parece evidente que el cambio en esta ecuación perversa es la base de la construcción del futuro. Hamás e Israel se necesitan incluso para acabar con su mutuo enfrentamiento.
Las revueltas árabes, todas diferentes, huelen un poco a precipitación y a prisa. Pero de pronto la Historia le brinda a Hamás una oportunidad valiosísima de demostrar su papel real en la política de su futuro Estado. Podría ahora demostrar no solo una voluntad de solucionar el conflicto con Israel desde una posición política, sino una voluntad de resolución de los problemas internos entre las facciones palestinas, con la mirada puesta en la convivencia. ¿Está preparado Hamás para hacer esa política de Estado? ¿Es algo más que un movimiento títere o una banda de terroristas que oprime a su pueblo, como insiste en proclamar ante la opinión mundial? Tendrá que demostrarlo. La fundación del Estado ayudaría mucho a ello, qué duda cabe.
Por otro lado, cada vez son más los que en el propio Israel están dispuestos a esas "concesiones dolorosas" que desde hace años se vienen anunciando. Hay un alto porcentaje de israelíes que revisaría las fronteras del 67, que compartiría la capitalidad de Jerusalén y que dejaría la parte Este totalmente para los palestinos. Ya crearán ellos una gran y próspera ciudad más al oeste. Estarían dispuestos a una negociación por fases, sin tener que negociarlo todo a la vez, con el consiguiente bloqueo. Un Estado palestino, como sucedió con Israel en su día, abriría una agenda de prioridades y de acciones paulatinas y verificables totalmente distintas. Y en ese contexto, la visión política permitiría posponer sin traumas cuestiones como la cocapitalidad y los asentamientos. No son prioridades, sino elementos de negociación sobre la base de dos Estados. Los israelíes y los palestinos lo saben, el problema es que también saben que el primer paso es una cuestión de fe.
La existencia del Estado palestino contribuiría a desactivar al actual Hamás y ponerlo frente a su responsabilidad histórica. Esto sería lo verdaderamente prioritario. Luego se fijarían, escalonadamente, otros objetos. La realidad misma de las revueltas parece que está marcando este nuevo orden de prioridades. Si Siria se democratiza, esto es bueno para Israel. Como será buena para Israel la democracia en Egipto. Siempre y cuando sea una auténtica democracia. Y el garante de que puede serlo es precisamente Turquía, que ha encontrado una vía para hacer cohabitable el islamismo con la democracia real. Una Siria sin Irán, que no apoye como ahora a Hezbolá ni a Hamás, obligará a rebajar la radicalidad de ambos movimientos terroristas. Ni Egipto ni Turquía, a medio plazo, permitirían que Hamás, en circunstancias democráticas, sea una amenaza para Israel.
Pero ¿de qué manera Turquía o Egipto pueden influir, directa o indirectamente, en Hamás? Ya se ha hablado hasta la saciedad de que el papel de Turquía ha crecido hasta ser ejemplar para la región, a la hora garantizar futuro y bienestar dentro de un marco de respeto al islam. Es lo que las poblaciones desean y por lo que han ido a la revuelta.
En Egipto está aún por ver qué deparará su nueva Constitución y qué mapa crearán las elecciones. Unas elecciones que seguramente no ganarán todavía los Hermanos Musulmanes, porque no les convendrá tanta significación en una primera época, pero es obvio que se reservan un papel estelar para el futuro cercano. En cuanto a Siria, este tiene con Israel el conflicto, desactivado, de los Altos del Golán, algo que hasta Israel estaría dispuesto a conceder. Si Siria logra salir con bien de lo que todo parece anunciar como un durísimo tránsito a la democracia, dejaría de ser una correa de transmisión de Irán. A su vez, Irán, después de las revueltas árabes, se ha ido debilitando a corto plazo porque ha delatado la fragilidad de su estabilidad interna, su trazo grueso en política exterior, y, encima, su gran baza atómica se ha descafeinado después de Fukushima. Ha perdido predicamento y sus coartadas se han esfumado. Veremos la última revuelta en Irán, donde fue la primera.
Hamás, por tanto, ha de asumir su responsabilidad de futuro, que no es otra que acercarse al modelo egipcio, a su vez reflejo inevitable del modelo turco. Pero está muy lejos aún, porque eso pasa antes por la disputa, vía elecciones o vía acuerdo de concentración, con Fatah. Un Estado palestino lo facilitaría. Porque incluso contaría con el respaldo explícito de quienes ahora lo tratan como grupo terrorista. Kosovo es un ejemplo y hay otros. Más que nunca, Hamás tiene la llave. ¿Tiene para ello alguna estrategia compatible con una política palestina de Estado y democrática?
Hamás podría tener la tentación de seguir demostrando la fortaleza de la intransigencia, pero eso va en contra de la corriente democratizadora de la calle árabe. Véanse las manifestaciones en Gaza, no muy difundidas, o en Cisjordania, donde, no nos olvidemos, Hamás también se presentará a las elecciones cuando toque. Pero Hamás sabe que su supervivencia en un Estado palestino requiere una apuesta por la moderación. Los partidos islamistas con futuro en Turquía, en Egipto, en Túnez, se encargarán de llevarlo a ese terreno. No les conviene la mala imagen que Hamás pueda dar a sus promesas de pluralidad democrática. ¿Cómo podrían, si no, aducir los Hermanos Musulmanes que se puede contar con ellos sin que sean una amenaza contra las esperanzas de la población que, con sus revueltas, ha permitido lavar su cara política y propiciar su redención incluso para Occidente? Por tanto, no es la vía radical la que le conviene a Hamás. Además, la sociedad palestina sabe que no todos sus problemas provienen del "yugo" de Israel. La miseria y la economía estrangulada en los territorios palestinos también tienen algo que ver con Hamás, ya por corrupción, ya por impericia, ya por obcecación.
¿Y Israel? Se moverá cuando perciba indicios claros de cambio en Hamás. El primero, reconocer la existencia de Israel; el segundo, ser una opción política nacional en un Estado palestino. Los problemas internos de Israel pasarían a un primer plano y eso posibilitaría cambios en su devenir político, ya sin excusas paranoicas por la seguridad. Pero lo cierto es que el actual Gobierno no parece muy clarividente ni muy capaz, la oposición es poco activa y nula, ya que es consciente de que si gana necesitará el apoyo de muchos de quienes están ya gobernando. Y hay que añadir la inmigración ilegal y los problemas de asunción de la diversidad en un contexto de identidad judía frente a las minorías ultraconservadoras, que tienen demasiado peso político y ninguna visión de futuro. La oportunidad histórica de Hamás es, entonces, evidente: podría cambiarlo todo si cambia lo suficiente de sí.
Adolfo García Ortega es escritor y editor.
Elogio de la inconsecuencia
PATXO UNZUETA 28/04/2011.Publicado en el País
Tras la consulta soberanista del día 10 en Barcelona, el presidente de la Generalidad, Artur Mas, que había votado a favor, fue acusado de no ser consecuente con ese voto al abstenerse, tres días después, de respaldar en el Parlamento catalán una proposición que planteaba un itinerario hacia la proclamación de la independencia. Lo asombroso fue que el reproche procediera de sectores muy críticos con el nacionalismo, que le acusaban de cobardía por no llevar hasta el final sus convicciones personales.
Cataluña desafía al Gobierno y pone en riesgo el recorte del déficit de 2011
Es la pluralidad catalana lo que aconseja a Artur Mas no llevar hasta el final su voto independentista
Enzensberger es autor de un breve ensayo, "El fin de la consecuencia", incluido en Migajas políticas (Anagrama. 1984), cuya tesis central es que gracias a que algunas personas no fueron consecuentes hasta el final con sus ideas el mundo se había librado de unas cuantas catástrofes. Pone el ejemplo de Kruschov en la crisis de los misiles de Cuba. Tenía argumentos poderosos para no retirarlos, pero de no haberlo hecho es probable que se hubiera desencadenado la tercera guerra mundial. En el extremo opuesto sitúa Enzensberger a Pol Pot. Ese sí que fue consecuente con las ideas sobre la revolución que había aprendido en las universidades europeas: su aplicación por los jemeres rojos entre 1975 y 1979 provocó la muerte de unos tres millones de camboyanos.
Decía Adorno que la separación entre teoría y práctica es uno de los grandes progresos de la civilización. Una cosa es votar a favor de la independencia en una consulta sin valor legal organizada por una asociación privada (Catalunya Decideix), y otra poner en marcha un proceso de separación de España.
Hace unos 20 años se produjo en el País Vasco una oleada de soberanismo sobrevenido, especialmente juvenil, similar a la que ahora afecta a la clase política catalana; con la diferencia, sin embargo, de que entonces hubo en Euskadi una considerable resistencia intelectual (y senior) a dejarse arrastrar por la corriente que no se ha observado en Cataluña. Al revés: se ha asistido a conversiones sorprendentes con el argumento de que ya no es necesario ser nacionalista para defender la independencia por motivos de interés económico.
En el libro de conversaciones entre Felipe González y Miquel Roca, con arbitraje de Lluís Bassets, publicado recientemente por Planeta, dice el expresidente haber escuchado a Pujol invocar las grandes renuncias que tuvieron que hacer los nacionalistas en aras del pacto constitucional; y su respuesta: "Si no hubieras renunciado a nada, ¿cuantas elecciones habrías ganado? ¿Y [cuántas habría ganado] yo?". El paso de la ideología a la política (y de la política testimonial a la de gobierno) implica renunciar a imponer convicciones quizás muy profundas pero que no comparte la mayoría. Y en la Cataluña democrática de hoy existen respuestas a las demandas de autogobierno (autonomía, federalismo) capaces de satisfacer a muchos más ciudadanos que la separación.
Pujol también ha votado en la consulta independentista, con el argumento de que, tras haberse pasado la vida tratando de persuadir a los que optaban por esa vía, se encuentra ahora con que "no tengo argumentos para rebatirles"; y que ya no cree posible que Cataluña pueda "conservar su identidad y desarrollar su proyecto dentro de España".
Es sorprendente que Pujol haya dejado de creer coincidiendo con el periodo de máximo nivel de autogobierno de Cataluña. A no ser que se trate de una variante de lo que observó Tocqueville a propósito de la Revolución Francesa: que la radicalización política no es tanto consecuencia de la ausencia de reformas como de la frustración que resulta de la imposibilidad de satisfacer las expectativas (o ilusiones) despertadas por promesas de cambio de difícil cumplimiento.
El Pujol pragmático que gobernó durante 23 años ha reconocido muchas veces que (como sigue sosteniendo Duran Lleida), la vía independentista es de difícil viabilidad porque, entre otras cosas, no cuenta con el apoyo mayoritario de la sociedad catalana. Se dijo que la sentencia sobre el Estatuto era una máquina de crear independentistas, pero en las autonómicas de noviembre los partidos que lo son perdieron 9 de sus 23 escaños; se sostuvo entonces que a cambio había aumentado el número de independentistas entre los electores de CiU. Si así fuera tendría que haberse manifestado en las consultas. Pero los resultados, con un voto favorable en torno al 18% del censo, no lo confirman, y en cambio sí refuerzan la idea de que en Cataluña existe una persistente distancia entre las preocupaciones de los representantes y las de sus representados.
Es lógico, por ello, que Artur Mas se haya abstenido de trasladar la consulta virtual al Parlamento real. Y los que le reprochan no ser consecuente con sus ideas recuerdan, diría Enzensberger, a la multitud que le grita al suicida que duda en lo alto del tejado: "Vamos, salta de una vez".
Tras la consulta soberanista del día 10 en Barcelona, el presidente de la Generalidad, Artur Mas, que había votado a favor, fue acusado de no ser consecuente con ese voto al abstenerse, tres días después, de respaldar en el Parlamento catalán una proposición que planteaba un itinerario hacia la proclamación de la independencia. Lo asombroso fue que el reproche procediera de sectores muy críticos con el nacionalismo, que le acusaban de cobardía por no llevar hasta el final sus convicciones personales.
Cataluña desafía al Gobierno y pone en riesgo el recorte del déficit de 2011
Es la pluralidad catalana lo que aconseja a Artur Mas no llevar hasta el final su voto independentista
Enzensberger es autor de un breve ensayo, "El fin de la consecuencia", incluido en Migajas políticas (Anagrama. 1984), cuya tesis central es que gracias a que algunas personas no fueron consecuentes hasta el final con sus ideas el mundo se había librado de unas cuantas catástrofes. Pone el ejemplo de Kruschov en la crisis de los misiles de Cuba. Tenía argumentos poderosos para no retirarlos, pero de no haberlo hecho es probable que se hubiera desencadenado la tercera guerra mundial. En el extremo opuesto sitúa Enzensberger a Pol Pot. Ese sí que fue consecuente con las ideas sobre la revolución que había aprendido en las universidades europeas: su aplicación por los jemeres rojos entre 1975 y 1979 provocó la muerte de unos tres millones de camboyanos.
Decía Adorno que la separación entre teoría y práctica es uno de los grandes progresos de la civilización. Una cosa es votar a favor de la independencia en una consulta sin valor legal organizada por una asociación privada (Catalunya Decideix), y otra poner en marcha un proceso de separación de España.
Hace unos 20 años se produjo en el País Vasco una oleada de soberanismo sobrevenido, especialmente juvenil, similar a la que ahora afecta a la clase política catalana; con la diferencia, sin embargo, de que entonces hubo en Euskadi una considerable resistencia intelectual (y senior) a dejarse arrastrar por la corriente que no se ha observado en Cataluña. Al revés: se ha asistido a conversiones sorprendentes con el argumento de que ya no es necesario ser nacionalista para defender la independencia por motivos de interés económico.
En el libro de conversaciones entre Felipe González y Miquel Roca, con arbitraje de Lluís Bassets, publicado recientemente por Planeta, dice el expresidente haber escuchado a Pujol invocar las grandes renuncias que tuvieron que hacer los nacionalistas en aras del pacto constitucional; y su respuesta: "Si no hubieras renunciado a nada, ¿cuantas elecciones habrías ganado? ¿Y [cuántas habría ganado] yo?". El paso de la ideología a la política (y de la política testimonial a la de gobierno) implica renunciar a imponer convicciones quizás muy profundas pero que no comparte la mayoría. Y en la Cataluña democrática de hoy existen respuestas a las demandas de autogobierno (autonomía, federalismo) capaces de satisfacer a muchos más ciudadanos que la separación.
Pujol también ha votado en la consulta independentista, con el argumento de que, tras haberse pasado la vida tratando de persuadir a los que optaban por esa vía, se encuentra ahora con que "no tengo argumentos para rebatirles"; y que ya no cree posible que Cataluña pueda "conservar su identidad y desarrollar su proyecto dentro de España".
Es sorprendente que Pujol haya dejado de creer coincidiendo con el periodo de máximo nivel de autogobierno de Cataluña. A no ser que se trate de una variante de lo que observó Tocqueville a propósito de la Revolución Francesa: que la radicalización política no es tanto consecuencia de la ausencia de reformas como de la frustración que resulta de la imposibilidad de satisfacer las expectativas (o ilusiones) despertadas por promesas de cambio de difícil cumplimiento.
El Pujol pragmático que gobernó durante 23 años ha reconocido muchas veces que (como sigue sosteniendo Duran Lleida), la vía independentista es de difícil viabilidad porque, entre otras cosas, no cuenta con el apoyo mayoritario de la sociedad catalana. Se dijo que la sentencia sobre el Estatuto era una máquina de crear independentistas, pero en las autonómicas de noviembre los partidos que lo son perdieron 9 de sus 23 escaños; se sostuvo entonces que a cambio había aumentado el número de independentistas entre los electores de CiU. Si así fuera tendría que haberse manifestado en las consultas. Pero los resultados, con un voto favorable en torno al 18% del censo, no lo confirman, y en cambio sí refuerzan la idea de que en Cataluña existe una persistente distancia entre las preocupaciones de los representantes y las de sus representados.
Es lógico, por ello, que Artur Mas se haya abstenido de trasladar la consulta virtual al Parlamento real. Y los que le reprochan no ser consecuente con sus ideas recuerdan, diría Enzensberger, a la multitud que le grita al suicida que duda en lo alto del tejado: "Vamos, salta de una vez".
miércoles, 27 de abril de 2011
LA RUEDA ¿Está a tiempo Hereu de ganar las elecciones?
Miércoles, 27 de abril del 2011 Publicado en el Periódico de Catalunya
Joaquim Coll
Historiador
Esta es la pregunta clave a poco más de una semana de que empiece la campaña electoral, pues si Xavier Trias saca más votos es seguro que gobernará apoyándose o, directamente, en coalición con el popular Alberto Fernández. El escenario de una cómoda victoria de CiU en Barcelona parece hoy poco probable. El resultado de las autonómicas empieza a quedar lejos. Junto al efecto de las primarias socialistas, más psicológico que sociológico, lo fundamental en este giro a favor de Jordi Hereu está siendo la decepción de muchos con el Govern de Artur Mas, que prometía devolver la ilusión pero que, por ahora, solo ha traído duros recortes sociales, rebajas de impuestos para las rentas más altas y declaraciones erráticas. Es cierto que esto pocos votos va a dar directamente al PSC, pero puede desmovilizar a una parte del electorado convergente; aquel que se sumó a una victoria largamente anunciada pero que se mueve por impulsos más inmediatos: votantes moderados, electores indecisos, parejas jóvenes. En resumidas cuentas, en Barcelona ganará quien ronde los 200.000 votos. De entrada parece que Trias lo tiene más fácil, pero Hereu puede acabar dando la sorpresa.
Edición Impresa Versión en .PDF Información publicada en la página 7 de la sección de Opinión de la edición impresa del día 27 de abril de 2011 VER ARCHIVO (.PDF)
En la conocida obra Los idus de marzo, su autor, Thornton Wilder, hace decir a César algo muy revelador de la política moderna: «El apoyo del pueblo no se gana sencillamente gobernando según sus intereses sino dedicando una gran parte del tiempo a seducir su imaginación». Hoy son malos tiempos para la lírica. Aun así, Hereu está intentando levantar la bandera de «la ciudad justa» para poner en valor las políticas urbanas progresistas frente a un hábil Trias que va a jugar a camuflarse lo máximo posible. Que el alcalde lo consiga depende tanto de él como de su partido. Por eso resulta sorprendente el balón de oxígeno que Joaquim Nadal ha regalado estas semanas a CiU a cuenta del discutido fondo de competitividad. Se ha metido en un lío innecesario y de dudoso éxito. La ventaja de Hereu es que hace tiempo que se ha convertido en un discreto outsider frente a la desmayada dirección del PSC. ¿Está a tiempo Hereu? Si hace una buena campaña, tal vez sí.
Joaquim Coll
Historiador
Esta es la pregunta clave a poco más de una semana de que empiece la campaña electoral, pues si Xavier Trias saca más votos es seguro que gobernará apoyándose o, directamente, en coalición con el popular Alberto Fernández. El escenario de una cómoda victoria de CiU en Barcelona parece hoy poco probable. El resultado de las autonómicas empieza a quedar lejos. Junto al efecto de las primarias socialistas, más psicológico que sociológico, lo fundamental en este giro a favor de Jordi Hereu está siendo la decepción de muchos con el Govern de Artur Mas, que prometía devolver la ilusión pero que, por ahora, solo ha traído duros recortes sociales, rebajas de impuestos para las rentas más altas y declaraciones erráticas. Es cierto que esto pocos votos va a dar directamente al PSC, pero puede desmovilizar a una parte del electorado convergente; aquel que se sumó a una victoria largamente anunciada pero que se mueve por impulsos más inmediatos: votantes moderados, electores indecisos, parejas jóvenes. En resumidas cuentas, en Barcelona ganará quien ronde los 200.000 votos. De entrada parece que Trias lo tiene más fácil, pero Hereu puede acabar dando la sorpresa.
Edición Impresa Versión en .PDF Información publicada en la página 7 de la sección de Opinión de la edición impresa del día 27 de abril de 2011 VER ARCHIVO (.PDF)
En la conocida obra Los idus de marzo, su autor, Thornton Wilder, hace decir a César algo muy revelador de la política moderna: «El apoyo del pueblo no se gana sencillamente gobernando según sus intereses sino dedicando una gran parte del tiempo a seducir su imaginación». Hoy son malos tiempos para la lírica. Aun así, Hereu está intentando levantar la bandera de «la ciudad justa» para poner en valor las políticas urbanas progresistas frente a un hábil Trias que va a jugar a camuflarse lo máximo posible. Que el alcalde lo consiga depende tanto de él como de su partido. Por eso resulta sorprendente el balón de oxígeno que Joaquim Nadal ha regalado estas semanas a CiU a cuenta del discutido fondo de competitividad. Se ha metido en un lío innecesario y de dudoso éxito. La ventaja de Hereu es que hace tiempo que se ha convertido en un discreto outsider frente a la desmayada dirección del PSC. ¿Está a tiempo Hereu? Si hace una buena campaña, tal vez sí.
sábado, 23 de abril de 2011
EDITORIAL .EL PAIS
Reinar y no gobernar
La protesta popular marroquí exige al soberano que renuncie a sus poderes extraordinarios
22/04/2011
Es un lugar común que el reino de Marruecos es el país árabe mejor preparado para culminar una transición relativamente cómoda a la democracia. Hay partidos, elecciones y una cierta libertad de expresión. Pero eso no lo resguarda de la agitación popular democrática que ha derrocado ya a los dictadores Mubarak de Egipto y Ben Ali de Túnez. Muy al contrario, como escribía Tocqueville de la Revolución Francesa, el progreso que no culmina, las expectativas de éxito que se resisten cuando ya creemos tenerlas en la mano pueden ser pura dinamita política.
Así, un poderoso movimiento popular, sin duda con su cuota de islamistas, salió a la calle el pasado 20 de febrero, para repetir suerte el 20 de marzo en las principales ciudades del país. La protesta, que ha generado alguna brutalidad policial, pero nada comparable a la represión en Yemen, Bahréin, Siria y no digamos en Libia, pide la transformación de la dictablanda real en una auténtica monarquía constitucional. Y Mohamed VI, cuyos iniciales ímpetus reformistas parecían un tanto apagados, ha sabido reaccionar el 9 de marzo anunciando una reforma de la Constitución con objeto de reafirmar el papel político del Gobierno, la celebración de elecciones "libres y sinceras", el reconocimiento pleno de los derechos humanos y la independencia de la justicia, entre otras bienandanzas. Pero la piedra de toque de la reforma es la supresión del artículo 19 de la Carta, que otorga al soberano poderes supralegales, con los que se convierte a su antojo en un dictador. Y el rey no dijo ni palabra de ese artículo, mientras la opinión espera -y otra protesta está convocada para el día 24- que se concrete el cambio.
El indulto de casi 150 presos políticos puede interpretarse a la vez como signo positivo o tentativa de soltar lastre para ganar tiempo. España está interesadísima en el proceso, y el lunes pasado Exteriores hizo una oferta de asesoría para la transición, dirigida específicamente a las monarquías árabes, lo que para España significa Marruecos y Jordania, pero sobre todo la primera. Rabat no debe perder esta oportunidad y al monarca incumbe la responsabilidad por ello. En caso contrario, la historia y hasta la dinastía podrían echárselo en cara. Cuando ocurre, como en Marruecos, que se tiene algo ganado en el camino hacia la democracia, la situación puede tornarse mucho más grave que cuando no se tiene nada.
La protesta popular marroquí exige al soberano que renuncie a sus poderes extraordinarios
22/04/2011
Es un lugar común que el reino de Marruecos es el país árabe mejor preparado para culminar una transición relativamente cómoda a la democracia. Hay partidos, elecciones y una cierta libertad de expresión. Pero eso no lo resguarda de la agitación popular democrática que ha derrocado ya a los dictadores Mubarak de Egipto y Ben Ali de Túnez. Muy al contrario, como escribía Tocqueville de la Revolución Francesa, el progreso que no culmina, las expectativas de éxito que se resisten cuando ya creemos tenerlas en la mano pueden ser pura dinamita política.
Así, un poderoso movimiento popular, sin duda con su cuota de islamistas, salió a la calle el pasado 20 de febrero, para repetir suerte el 20 de marzo en las principales ciudades del país. La protesta, que ha generado alguna brutalidad policial, pero nada comparable a la represión en Yemen, Bahréin, Siria y no digamos en Libia, pide la transformación de la dictablanda real en una auténtica monarquía constitucional. Y Mohamed VI, cuyos iniciales ímpetus reformistas parecían un tanto apagados, ha sabido reaccionar el 9 de marzo anunciando una reforma de la Constitución con objeto de reafirmar el papel político del Gobierno, la celebración de elecciones "libres y sinceras", el reconocimiento pleno de los derechos humanos y la independencia de la justicia, entre otras bienandanzas. Pero la piedra de toque de la reforma es la supresión del artículo 19 de la Carta, que otorga al soberano poderes supralegales, con los que se convierte a su antojo en un dictador. Y el rey no dijo ni palabra de ese artículo, mientras la opinión espera -y otra protesta está convocada para el día 24- que se concrete el cambio.
El indulto de casi 150 presos políticos puede interpretarse a la vez como signo positivo o tentativa de soltar lastre para ganar tiempo. España está interesadísima en el proceso, y el lunes pasado Exteriores hizo una oferta de asesoría para la transición, dirigida específicamente a las monarquías árabes, lo que para España significa Marruecos y Jordania, pero sobre todo la primera. Rabat no debe perder esta oportunidad y al monarca incumbe la responsabilidad por ello. En caso contrario, la historia y hasta la dinastía podrían echárselo en cara. Cuando ocurre, como en Marruecos, que se tiene algo ganado en el camino hacia la democracia, la situación puede tornarse mucho más grave que cuando no se tiene nada.
El mercado, un invento de la izquierda
DANIEL INNERARITY 22/04/2011.Publicado en el Pais.
Ahora que tan de moda está mezclar la realidad con la ficción, yo propongo un relato del que la mayoría dirá que es puro realismo y yo sostengo que se trata de una ficción: el Gobierno socialista se enfrentó de entrada a la crisis con el heroísmo que cabía esperar de la izquierda y ha terminado por rendirse a los mercados con un servilismo propio de la derecha. ¿A que suena bien y podría arrancar bastantes aplausos en un foro adecuado? ¿Y si la verdad fuera lo contrario?
La nueva agenda socialdemócrata debe combinar liberalismo, socialismo y ecologismo
No cualquier incremento de las obligaciones sociales conduce a eliminar las desigualdades
Esta sería mi versión del asunto: el Gobierno, que venía de una cómoda etapa de expansión de gasto y extensión de compromisos asistenciales, aplicó inicialmente las medidas keynesianas que recomendaban casi todos y ahora, con mejor conocimiento de la naturaleza de la crisis, consigue realizar unas reformas cuyo objetivo último es salvar el Estado de bienestar en medio de una crisis global sin precedentes.
En el debate en torno a la gestión de la crisis hay varios lugares comunes que indican que no se ha entendido casi nada. Los mismos que creyeron que volvía el keynesianismo piensan ahora que estamos ante una nueva traición neoliberal. Y si no era cierto aquello, tampoco lo es esto. ¿De qué se trata, entonces?
Convendría que no nos equivocáramos de batalla. El principal problema al que nos enfrentamos es garantizar la sostenibilidad de los compromisos que están en el origen del Estado de bienestar, en un contexto inédito (por la crisis, pero también por las interdependencias que nos vinculan con otros, especialmente con el resto de la Unión Europea). Mientras no se enfoquen así las cosas, las reformas económicas se harán con mala conciencia y la izquierda carecerá del discurso que necesita para convencer de que no está en juego una modificación de los valores que le son propios, sino de las circunstancias en las que tiene que defenderlos.
El hecho de que cuando un Gobierno socialista actúa para favorecer la lógica del mercado sea visto como una traición a los principios esenciales se debe a que hay una vieja percepción equivocada del mercado, al que se considera una realidad antisocial, un promotor de la desigualdad. Según este prejuicio, razonar económicamente es conspirar socialmente; lo social no puede ser preservado más que contra lo económico.
Mi propuesta para elaborar una nueva agenda socialdemócrata parte de revisar la relación que ha tenido la socialdemocracia con la izquierda liberal. Parto del principio de que el mercado es una conquista de la izquierda y la competencia es un auténtico valor de la izquierda, frente a las lógicas de monopolio y los privilegios. Desde este punto de vista, las reformaspara favorecer el mercado (para que funcione mejor, con más capacidad para crear puestos de trabajo, proporcionando oportunidades a más personas, mejorando las condiciones de acceso al mercado de trabajo...) no implican necesariamente más eficacia y menos justicia social. Todo lo contrario: pueden ser de izquierdas en la medida en que reduzcan los privilegios.
Solo una socialdemocracia que tenga el valor de aumentar las oportunidades para todos y contribuir a un sistema fundado sobre una verdadera meritocracia puede decir con razón que lucha por los miembros menos favorecidos de nuestras sociedades. Son los objetivos que han caracterizado a la izquierda europea -como la protección de los más débiles o el combate de las desigualdades y los privilegios- los que deben llevarle a adoptar medidas a favor del mercado. La regulación de los mercados -ese objetivo tan propio de la tradición socialdemócrata- no es una estrategia para anularlos, sino para hacerlos reales y efectivos, es decir, para ponerlos al servicio del bien público y la lucha contra las desigualdades.
Hoy día la gobernanza justa de los mercados tiene muy poco que ver con el clásico compromiso socialdemócrata que exigía una fuerte intervención estatal. Insistir en esa estrategia equivaldría a olvidar que muchas veces la regulación excesiva, la protección de ciertos privilegios, un sector público que no beneficia a los más pobres, sino a los mejor situados, todo esto no es solamente ineficaz, sino socialmente injusto. Porque no cualquier incremento de las obligaciones sociales conduce a eliminar las desigualdades; con demasiada frecuencia, el Estado benevolente ha producido nuevas injusticias, en la medida en que ha favorecido a quienes no lo necesitaban y ha excluido sistemáticamente a otros.
En ocasiones, garantizar a toda costa el empleo es un valor que debe ser contrapesado con los costes que esta protección representa respecto de aquellos a los que esa protección impide entrar en el mercado de trabajo, creando así una nueva desigualdad. Enmascarada tras la defensa de las conquistas sociales, la crítica social puede ser conservadora y desigualitaria, lo que explica que la izquierda está actualmente muy identificada con la conservación de un estatus.
¿Cómo se traduce todo esto en la crisis económica actual? El principal fallo de la política hasta ahora ha sido olvidar su responsabilidad en materia de riesgos sistémicos. El sistema político, absorbido por los riesgos sociales más inmediatos, ha incumplido sus responsabilidades en materia de supervisión y prevención de riesgos sistémicos. Probablemente estemos saliendo de la era del Estado de bienestar entendido como aquel Estado cuya única fuente de legitimidad era la redistribución y entramos en otra nueva en la que tan importante al menos es la prevención de riesgos sistémicos. La crisis nos está haciendo descubrir que la protección contra los riesgos sistémicos es tan decisiva como la lucha contra las desigualdades sociales y que esto solo es posible si se cumplen aquellos deberes.
Este sería el primer desafío de la nueva agenda socialdemócrata: los contratos sociales que tenemos que renovar no nos vinculan solamente a nosotros (a los de aquí, a nuestra generación, a los funcionarios, a los asalariados en general), sino a otros que están medio ausentes (a los de cualquier país de la zona euro, a los jóvenes que todavía no han podido trabajar, a nuestros hijos, a las generaciones futuras).
El problema es cómo pensar la redistribución cuando, por decirlo gráficamente, lo que chocan son los derechos de los que están dentro con los derechos de los que están fuera. Lo que debería importarnos sobre todo es que no vivamos a costa de los pensionistas futuros y de los futuros trabajadores, es decir, que nuestros acuerdos de redistribución no se llevan a cabo contra los intereses de los ausentes.
La principal consecuencia social de la crisis económica, la exigencia colectiva que más imperiosamente se nos plantea apunta en la dirección de una profunda revisión de nuestro modelo de crecimiento económico, cuya fijación en la inmediatez del corto plazo se ha revelado como la causa de su insostenibilidad. En este sentido, es muy lógico que la salida de la crisis esté vinculada con los imperativos ecológicos, con la necesidad de pensar de otra manera el progreso y el crecimiento, es decir, la economía en su conjunto. La confluencia entre economía y ecología no es casual; nos indica que tendríamos que abordar la economía con una serie de criterios que hemos aprendido en la gestión de las crisis ecológicas. Si hemos conseguido pensar sistémicamente tratándose de cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, ese es el aprendizaje que tenemos que realizar las sociedades en el manejo de los asuntos económicos.
Lo que propongo es que la renovación de la agenda socialdemócrata surja de esa combinación entre liberalismo (eliminación de las dominaciones en el mercado), socialismo (preocupación por la igualdad) y ecologismo (perspectiva sistémica y de sostenibilidad).
La confrontación entre la izquierda y la derecha no enfrenta ahora a los partidarios del Estado contra los del mercado, sino a quienes tienen más que perder con el fracaso del mercado frente a quienes pueden sobrevivir mejor cuando los mercados no aseguran la igualdad (porque tienen más recursos o porque se saben beneficiarios de una estructura política de privilegios). El mercado es, se mire por donde se mire, un invento de la izquierda.
Daniel Inerarity es catedrático de Filosofía Política y Social, investigador Ikerbasque en la Universidad del País Vasco y director del Instituto de Gobernanza Democrática (www.globernance.com).
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Ahora que tan de moda está mezclar la realidad con la ficción, yo propongo un relato del que la mayoría dirá que es puro realismo y yo sostengo que se trata de una ficción: el Gobierno socialista se enfrentó de entrada a la crisis con el heroísmo que cabía esperar de la izquierda y ha terminado por rendirse a los mercados con un servilismo propio de la derecha. ¿A que suena bien y podría arrancar bastantes aplausos en un foro adecuado? ¿Y si la verdad fuera lo contrario?
La nueva agenda socialdemócrata debe combinar liberalismo, socialismo y ecologismo
No cualquier incremento de las obligaciones sociales conduce a eliminar las desigualdades
Esta sería mi versión del asunto: el Gobierno, que venía de una cómoda etapa de expansión de gasto y extensión de compromisos asistenciales, aplicó inicialmente las medidas keynesianas que recomendaban casi todos y ahora, con mejor conocimiento de la naturaleza de la crisis, consigue realizar unas reformas cuyo objetivo último es salvar el Estado de bienestar en medio de una crisis global sin precedentes.
En el debate en torno a la gestión de la crisis hay varios lugares comunes que indican que no se ha entendido casi nada. Los mismos que creyeron que volvía el keynesianismo piensan ahora que estamos ante una nueva traición neoliberal. Y si no era cierto aquello, tampoco lo es esto. ¿De qué se trata, entonces?
Convendría que no nos equivocáramos de batalla. El principal problema al que nos enfrentamos es garantizar la sostenibilidad de los compromisos que están en el origen del Estado de bienestar, en un contexto inédito (por la crisis, pero también por las interdependencias que nos vinculan con otros, especialmente con el resto de la Unión Europea). Mientras no se enfoquen así las cosas, las reformas económicas se harán con mala conciencia y la izquierda carecerá del discurso que necesita para convencer de que no está en juego una modificación de los valores que le son propios, sino de las circunstancias en las que tiene que defenderlos.
El hecho de que cuando un Gobierno socialista actúa para favorecer la lógica del mercado sea visto como una traición a los principios esenciales se debe a que hay una vieja percepción equivocada del mercado, al que se considera una realidad antisocial, un promotor de la desigualdad. Según este prejuicio, razonar económicamente es conspirar socialmente; lo social no puede ser preservado más que contra lo económico.
Mi propuesta para elaborar una nueva agenda socialdemócrata parte de revisar la relación que ha tenido la socialdemocracia con la izquierda liberal. Parto del principio de que el mercado es una conquista de la izquierda y la competencia es un auténtico valor de la izquierda, frente a las lógicas de monopolio y los privilegios. Desde este punto de vista, las reformaspara favorecer el mercado (para que funcione mejor, con más capacidad para crear puestos de trabajo, proporcionando oportunidades a más personas, mejorando las condiciones de acceso al mercado de trabajo...) no implican necesariamente más eficacia y menos justicia social. Todo lo contrario: pueden ser de izquierdas en la medida en que reduzcan los privilegios.
Solo una socialdemocracia que tenga el valor de aumentar las oportunidades para todos y contribuir a un sistema fundado sobre una verdadera meritocracia puede decir con razón que lucha por los miembros menos favorecidos de nuestras sociedades. Son los objetivos que han caracterizado a la izquierda europea -como la protección de los más débiles o el combate de las desigualdades y los privilegios- los que deben llevarle a adoptar medidas a favor del mercado. La regulación de los mercados -ese objetivo tan propio de la tradición socialdemócrata- no es una estrategia para anularlos, sino para hacerlos reales y efectivos, es decir, para ponerlos al servicio del bien público y la lucha contra las desigualdades.
Hoy día la gobernanza justa de los mercados tiene muy poco que ver con el clásico compromiso socialdemócrata que exigía una fuerte intervención estatal. Insistir en esa estrategia equivaldría a olvidar que muchas veces la regulación excesiva, la protección de ciertos privilegios, un sector público que no beneficia a los más pobres, sino a los mejor situados, todo esto no es solamente ineficaz, sino socialmente injusto. Porque no cualquier incremento de las obligaciones sociales conduce a eliminar las desigualdades; con demasiada frecuencia, el Estado benevolente ha producido nuevas injusticias, en la medida en que ha favorecido a quienes no lo necesitaban y ha excluido sistemáticamente a otros.
En ocasiones, garantizar a toda costa el empleo es un valor que debe ser contrapesado con los costes que esta protección representa respecto de aquellos a los que esa protección impide entrar en el mercado de trabajo, creando así una nueva desigualdad. Enmascarada tras la defensa de las conquistas sociales, la crítica social puede ser conservadora y desigualitaria, lo que explica que la izquierda está actualmente muy identificada con la conservación de un estatus.
¿Cómo se traduce todo esto en la crisis económica actual? El principal fallo de la política hasta ahora ha sido olvidar su responsabilidad en materia de riesgos sistémicos. El sistema político, absorbido por los riesgos sociales más inmediatos, ha incumplido sus responsabilidades en materia de supervisión y prevención de riesgos sistémicos. Probablemente estemos saliendo de la era del Estado de bienestar entendido como aquel Estado cuya única fuente de legitimidad era la redistribución y entramos en otra nueva en la que tan importante al menos es la prevención de riesgos sistémicos. La crisis nos está haciendo descubrir que la protección contra los riesgos sistémicos es tan decisiva como la lucha contra las desigualdades sociales y que esto solo es posible si se cumplen aquellos deberes.
Este sería el primer desafío de la nueva agenda socialdemócrata: los contratos sociales que tenemos que renovar no nos vinculan solamente a nosotros (a los de aquí, a nuestra generación, a los funcionarios, a los asalariados en general), sino a otros que están medio ausentes (a los de cualquier país de la zona euro, a los jóvenes que todavía no han podido trabajar, a nuestros hijos, a las generaciones futuras).
El problema es cómo pensar la redistribución cuando, por decirlo gráficamente, lo que chocan son los derechos de los que están dentro con los derechos de los que están fuera. Lo que debería importarnos sobre todo es que no vivamos a costa de los pensionistas futuros y de los futuros trabajadores, es decir, que nuestros acuerdos de redistribución no se llevan a cabo contra los intereses de los ausentes.
La principal consecuencia social de la crisis económica, la exigencia colectiva que más imperiosamente se nos plantea apunta en la dirección de una profunda revisión de nuestro modelo de crecimiento económico, cuya fijación en la inmediatez del corto plazo se ha revelado como la causa de su insostenibilidad. En este sentido, es muy lógico que la salida de la crisis esté vinculada con los imperativos ecológicos, con la necesidad de pensar de otra manera el progreso y el crecimiento, es decir, la economía en su conjunto. La confluencia entre economía y ecología no es casual; nos indica que tendríamos que abordar la economía con una serie de criterios que hemos aprendido en la gestión de las crisis ecológicas. Si hemos conseguido pensar sistémicamente tratándose de cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, ese es el aprendizaje que tenemos que realizar las sociedades en el manejo de los asuntos económicos.
Lo que propongo es que la renovación de la agenda socialdemócrata surja de esa combinación entre liberalismo (eliminación de las dominaciones en el mercado), socialismo (preocupación por la igualdad) y ecologismo (perspectiva sistémica y de sostenibilidad).
La confrontación entre la izquierda y la derecha no enfrenta ahora a los partidarios del Estado contra los del mercado, sino a quienes tienen más que perder con el fracaso del mercado frente a quienes pueden sobrevivir mejor cuando los mercados no aseguran la igualdad (porque tienen más recursos o porque se saben beneficiarios de una estructura política de privilegios). El mercado es, se mire por donde se mire, un invento de la izquierda.
Daniel Inerarity es catedrático de Filosofía Política y Social, investigador Ikerbasque en la Universidad del País Vasco y director del Instituto de Gobernanza Democrática (www.globernance.com).
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