Contradicciones de los "comunes"
Cesáreo Rodríguez Aguilera de Prat
Catedrático de Ciencia Política
Universidad de Barcelona
Uno de los
principales problemas de los comunes es el de su ambigüedad y confusión a
propósito del modelo de organización territorial del Estado dada la alta
divergencia interna de posiciones en este asunto. En realidad, esta formación
política no debería presumir de su gran pluralidad interna en cuestiones tan
cruciales como ésta puesto que es un factor muy desorientador para el
electorado. Se ha llegado a un punto en el que no es posible seguir amalgamando
a federalistas, confederalistas e independentistas: ¿qué diríamos de un partido
en el que coexistieran neoliberales, socialdemócratas y favorables a la
estatalización integral de la economía como la del viejo "socialismo
real"? Salta a la vista que tal partido sería absurdo: pues bien, es
sorprendente que no se tenga la misma percepción a propósito de la cuestión
territorial. Mantener la indefinición permanente para contentar a todas las
alas del partido da una imagen muy poco confiable puesto que parece darle igual
cualquiera de las tres propuestas que no son intercambiables.
Los comunes serían
mucho más respetables si optaran claramente por una sola de estas fórmulas y lo
que perderían en eventuales apoyos heterogéneos lo ganarían en coherencia. En
los comunes se da un singular gap entre la mayoría de sus dirigentes (casi
todos soberanistas) y electores que, en general, no lo son aunque sigan votando
a esta formación. Otra de las razones por las que los comunes no adoptan una
clara posición es por cierto complejo ante los independentistas de no defender
suficientemente los intereses de Cataluña (como si estos sólo fueran los que
ellos indican): este partido no suele resistir las presiones del secesionismo,
de ahí que casi siempre vaya a remolque de sus iniciativas. Con el reductivo
argumento de que no participar en el 1 de octubre es alinearse automáticamente
con Rajoy, está claro que los comunes se suman a la estrategia de los
independentistas, por lo demás en una posición totalmente subordinada y
seguidista.
Los comunes han señalado que la consulta del 1 de octubre no
es "el referéndum que Cataluña se merece" dadas las más que evidentes
carencias y defectos en forma y fondo de la misma. Parecería que habrían
adoptado la fórmula que, en su día, defendió el socialista Pere Navarro (un
referéndum "legal y pactado") -entonces muy criticado por casi
todos-, pero, al final, optaron por definirlo a secas como "efectivo".
Se trata de un eufemismo porque es evidente que un referéndum de
autodeterminación (porque de eso se trata y no del gaseoso "derecho a
decidir") sólo puede ser "efectivo" si es "legal y
pactado", pero si se rehúyen estos términos es para que no parezca que se
asume tal cual la legalidad española.
Resulta difícil de
justificar participar en una consulta ilegal y no pactada (unilateral), siendo
absolutamente endeble el argumento de apoyarla como "movilización".
Menos justificable es el argumento de algunos dirigentes de los comunes
favorables a un "sí crítico", una fórmula irrelevante a efectos
prácticos puesto que no existe tal opción específica en la papeleta de voto, lo
que significa en los hechos alinearse con el secesionismo unilateral. Al final,
al margen de las irresistibles presiones del independentismo sobre el
"eslabón débil" que son los comunes, la clave de porqué muchos están
dispuestos a participar es simplemente para manifestar su protesta contra un
gobierno tan reaccionario como el de Rajoy, un argumento excesivamente
coyuntural y táctico muy endeble e inapropiado para justificar adherirse a la
estrategia rupturista y unilateral del independentismo.
Es perfectamente defendible el principio de la
autodeterminación en democracia (siempre que se actúe de modo legal), pero
nunca ha quedado claro para qué objetivo lo quieren plasmar los comunes. No es
posible aferrarse al principio de que hay que hacer un referéndum de ese tipo
sin especificar la propia opción: no pronunciarse implica sacralizar y
absolutizar un medio sin saber para qué fin. Se entiende perfectamente la
posición autodeterminista de los independentistas, pero mucho menos la de los
comunes, sobre todo para los que no son secesionistas dentro de este partido.
Más en particular, si se tratara de pronunciarse en contra de la
independencia es que, en rigor, ni
siquiera haría falta desencadenar un proceso tan costoso y traumático. Por
tanto, el fundamentalismo de los comunes no independentistas a propósito de que
más adelante tendrá que celebrarse un verdadero referéndum de autodeterminación
sólo parece justificarse por dos factores: 1) prurito híperdemocrático y 2)
derrotar a Rajoy (recurriendo a un mecanismo impropio para ello).
Cabe añadir alguna consideración tangencial sobre la
autodeterminación en democracias consolidadas: los ordenamientos de Francia,
Alemania, Italia o los Estados Unidos, entre otros, la rechazan, pero es cierto
que Canadá y el Reino Unido prueban que las excepciones existen. El mejor
argumento que los autodeterministas pueden esgrimir frente a los que consideran
que un referéndum sólo en Cataluña hurtaría al resto de los españoles
pronunciarse obvía las dos excepciones
mencionadas (Quebec y Escocia), aún siendo realidades bien diferentes .
En el campo independentista parece claro que la formación
más coherente con sus postulados es la CUP, algo menos ERC porque con la
estrategia rupturista unilateral las
expectativas presidenciales de Junqueras corren un serio peligro (por su más
que previsible inhabilitación) y la más incoherente es la del PDECat porque corre
el riesgo de ir a la marginalidad. Un misterio nunca aclarado ha sido el
brusco cambio de los independentistas al poco de las elecciones "plebiscitarias"
de 2015: entonces se señaló que si no se alcanzaba la mayoría absoluta de
votos populares el proceso se
ralentizaría para seguir acumulando fuerzas. Pues bien, más adelante y de modo
casi repentino argumentaron que habían recibido un "mandato popular
democrático" para acelerar el proceso, sin querer distinguir entre la mayoría
manufacturada en escaños (la sobrerrepresentación de las circunscripciones
menores se hizo para favorecer la gobernabilidad) y la mayoría de votos. Por
tanto, los independentistas cambiaron de criterio, algo no anunciado en la
campaña electoral, de ahí que no sólo han roto la legalidad, sino que debe
quedar claro que asimismo carecen de legitimidad suficiente por no representar
a la mayoría absoluta de los electores
(aceptando que ese quórum pudiera ser suficiente, que no es el caso tal
como la UE dejó claro, por ejemplo, en los casos de Bosnia -66%- o Montenegro-
55%). Los independentistas, además, se podían haber cargado más de razones si
desde el Parlament hubieran impulsado una reforma constitucional (algo
perfectamente posible), aunque la mayoría de las Cortes la hubiera rechazado ya
que la clave es demostrar ante la comunidad internacional que se habrían
ensayado todas las fórmulas legales existentes.
El mayor riesgo de todo lo que está ocurriendo (además del
clima intolerante que no cesa de avanzar) es que no seguir los procedimientos
legales tiene un alto coste y, peor, recortar los derechos de la oposición y
las garantías cívicas conduce a un régimen iliberal. Por estas razones, los
comunes deberían replantearse a fondo su eventual participación el 1 de octubre
porque no sirve ni en fondo ni en forma al objetivo perseguido. Las prisas, la
arbitrariedad, el unilateralismo y el hecho de que los contrarios a la secesión
no hayan hecho la menor campaña deberían hacerles reflexionar.
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