VIVIENDA
Barcelona sanciona con 196.000 euros al propietario de un
piso de protección oficial que lo alquiló
El Ayuntamiento de Barcelona ha abierto expedientes a 13
propietarios de pisos protegidos que no viven en ellos o los han alquilado sin
permiso y a precio de mercado libre
El Periódico de
Catalunya
Barcelona - Miércoles, 09/01/2019 |
El concejal de vivienda de Barcelona, Josep Maria Montaner,
anunciando los resultados de las inspecciones a pisos de protección oficial.
El concejal de vivienda de Barcelona, Josep Maria Montaner,
anunciando los resultados de las inspecciones a pisos de protección oficial. /
MIQUEL CODOLAR / ACN
El propietario de un piso de protección oficial de la
Barceloneta deberá pagar 196.000 euros por no vivir en la vivienda que recibió
ayudas públicas y alquilarla a un tercero (180.000 euros en concepto de multa y
el resto como devolución de los alquileres cobrados) sin obtener el necesario
permiso ni aplicar un precio de alquiler público. Esta sanción es la primera
que se aplica tras el plan de inspecciones realizado por el Ayuntamiento de Barcelona
en coordinación con la Agència de l'Habitatge de la Generalitat. De las 1.500
inspecciones realizadas se han tramitado otros 13 expedientes sancionadores
todavía abiertos. Aún queda por examinar la situación del resto de viviendas
protegidas, hasta llegar a las 16.000 que conservan esta calificación en
Barcelona.
La ley catalana del derecho a la vivienda establece la
obligación que las viviendas de protección oficial se destinen a residencia
habitual de las personas a las que se adjudican en propiedad. Esta calificación
se mantiene durante 20 o 30 años, según los casos, hasta que entonces pasan al
mercado libre. Solo en supuestos excepcionales, y de manera transitoria, cuando
los adjudicatarios acrediten la imposibilidad de vivir en esa vivienda, la Agència
de l'Habitatge de Catalunya les puede autorizar alquilarlo, pero a un precio
fijado por la Administración. Las sanciones previstas por incumplir esta
normativa puede suponer multas de 90.000 a 900.000 euros. Pese al elevado
importe de las sanciones, el Ayuntamiento de Barcelona sostiene que no persigue
un afán recaudatorio sino "que las viviendas que se encuentren vacías
vuelvan a recuperar su uso social".
En la calle doctor Aiguader
El expediente ya resuelto ha sancionado a los propietarios
de una vivienda de protección oficial construida en los años 90 en la calle
Doctor Aiguader, en la Barceloneta. En este caso se les ha aplicado una sanción
de 180.000 euros por dos infracciones muy graves, no vivir en el inmueble y
destinarlo a alquiler sin autorización y a un precio "muy por encima del
que se le habría autorizado". Además de la multa, la sanción también
incluye la obligación de retornar a la Administración las cantidades recibidas
en concepto de alquiler por encima de lo permitido, en total 16.048 euros.
Mientras conserven su calificación de vivienda de protección
oficial (en este caso, 30 años), los propietarios de estos pisos siguen
sometidos a estas limitaciones. Sin embargo, el Ayuntamiento de Barcelona
reclama al Govern que la condición de vivienda de protección oficial se
mantenga de forma indefinida, de manera que el parque de vivienda asequible
financiada con fondos públicos se mantenga en lugar de ir desapareciendo
progresivamente. La técnica municipal Fuensanta Alcalá ha recordado que la VPO
habitualmente tiene un precio máximo de venta de 1.940 euros por metro cuadrado
y de alquiler de 6,40 euros el metro, pero los que se alquilaban sin
autorización cobraban entre un 30% y un 50% más.
Muntaner ha lamentado que otros municipios de Catalunya no
realicen este tipo de inspecciones, que en primera instancia son competencia de
la Generalitat, y ha recordado que hasta ahora no se había realizado un
"control sistemático" del parque de VPO y solo se habían interpuesto
sanciones tras denuncias.
16.000 viviendas de protección oficial
El programa municipal de inspecciones prevé comprobar si se
cumple la normativa en las 16.000 viviendas que aún mantienen esta calificación
en la ciudad. Los 13 expedientes en trámite tras inspeccionar los primeros
1.500 pisos se encuentran en los distritos de Ciutat Vella (3), Sants-Montjuïc
(1), Horta-Guinardó (2), Nou Barris (4), Eixample (1) y Sant Martí (3)
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