Derechos de la
militancia y la ciudadanía en los partidos
El derecho de los militantes de un partido a la democracia
interna tiene un correlato externo que es el derecho de los ciudadanos a que
los partidos sean transparentes. El déficit de ambos derechos en todos los
partidos es una de las causas de su actual declive y constituye una de las
principales paradojas de nuestra democracia: siendo el principal vehículo de
participación de la ciudadanía, resultan en su interior escasamente
democráticos y participativos.
Aunque el mandato constitucional (art. 6 C.E.) de que los
partidos se rijan democráticamente sea universal, su incumplimiento resulta
mucho más dañino para la izquierda, porque esa carencia es, precisamente, el
mecanismo por el que se produce la desconexión respecto de la ciudadanía. Esa
desconexión no es más que la contraparte interna de la tan traída “desafección
ciudadana” y no consiste sólo en la sangría de votos, sino en una especie de
pérdida de inspiración o acierto político, que resulta mucho más grave. Aquí
hay algo más que la Ley de Hierro de Michels. Algo más y algo peor.
Viene siendo un lugar común en nuestro país referirse a la
crisis del sistema de partidos y el agotamiento del marco institucional de los
últimos 35 años. Quizá no sea tan aceptada, sin embargo, la necesidad de una
refundación o, al menos, profunda revisión de sus fundamentos. Uno de los
elementos a revisar es esa“desafección”: la reflejan las encuestas y la
declinante curva de apoyos electorales
de las dos grandes formaciones de nuestro sistema político. En un plano
simbólico, el éxito del “no nos representan” muestra también la pérdida del
papel intermediador y de articulación de intereses. Un proceso que debilita la
función constitucional de los partidos y nos acerca a un escenario propicio a
toda suerte de populismos y “liderazgos sin intermediación”, de difícil encaje
en la democracia participativa.
Es cierto que la naturaleza clasista y expropiadora de las
políticas conservadoras frente a la crisis ha podido exacerbar aquella crisis
institucional, pero la que se refiere a los partidos y su representatividad
venía fraguándose mucho antes del estallido de la burbuja inmobiliaria.
Tras los grandes pactos sociales del Estado del Bienestar,
había partidos de masas que traducían intereses de clase ampliados. Cuando
Thatcher y Reagan comienzan a socavar aquellos pactos, entró en crisis la
capacidad de esos partidos para colmar, como diría Gambino, “las complejas, y
muy frecuentemente conflictivas, expectativas del cuerpo social”. Esta
incapacidad se vuelve dramática cuando la globalización de los noventa
desnacionaliza los centros de poder económico, es decir, los aleja aún más de
las sedes de la soberanía y la representación políticas. Para cuando estalla la
actual crisis queda ya muy poco de aquella privilegiada relación del partido y
sus electores.
Estamos, por tanto, ante una crisis de representación y de
intermediación que afecta a partidos, que ya no monopolizan el diálogo con
ninguna clase social en particular y que se ven obligados a gesticular ante una
compleja, plural y a menudo inaprehensible “ciudadanía de baja intensidad”.
Los partidos, pues, y no sólo el bipartidismo, están en
crisis. Si han de seguir cumpliendo las importantes funciones que la Carta
Magna les asigna (expresión del pluralismo, formación de la voluntad popular e
instrumentos de participación) no podrán hacerlo sin cumplir también el otro
mandato del artículo 6 de la Constitución:la democracia interna. Entidades con
tales funciones públicas no pueden regirse bajo el derecho privado, sino que
han de admitir alguna forma de vigilancia pública sobre lo que ocurre en su
interior. El debate sobre la tutela judicial de los derechos del militante ya
era estrecho cuando la Ley 21/1976, de Asociaciones Políticas, seguía siéndolo
cuando la también preconstitucional Ley 54/1978 de Partidos Políticos y también
con la 6/2002. Es preciso ampliarlo en una perspectiva nueva que conecte
políticamente los derechos del militante y los del votante, es decir, los
derechos del ciudadano respecto a los partidos.
Derechos de la militancia
Como en cualquier cuerpo social, la democratización en el
interior de los partidos pasa por el “empoderamiento” de las bases militantes
frente a las direcciones y, sobre todo, los aparatos. La evolución desde el
partido-clase, pasando por el partido-masas hasta el partido-ciudadanía, se ha
verificado en medio de un universal secuestro de la organización por los
aparatos. Éstos tienden a conformar una militancia a su medida, promocionando
al aparatchik en detrimento del militante con orientación social, lo que acaba
por acentuar la desconexión respecto a la base social. Si ello asegurara la
elección de los más capaces, hablaríamos de oligarquización eficiente, pero es
un hecho que el proceso se acompaña de una fuga de cerebros y un mecanismo de
“selección adversa”, por el que los más capaces no están disponibles y sólo lo
están los que aún no se han ido. La democracia interna, pues, no es una
cuestión de método, sino de identidad política.
Pero ¿qué significa
hoy, más allá de la tutela judicial del militante, la democracia interna?
- En primer lugar, si de acuerdo con el mandato
constitucional los partidos han de expresar el pluralismo, no hay más remedio
que regular ese pluralismo en el plano interno, y eso exige el reconocimiento
de corrientes de opinión y de unas reglas de juego presididas por la equidad y
la libertad de expresión, para asegurar un debate maduro entre opciones
plurales dentro del marco del ideario propio.
- En segundo lugar la búsqueda de mecanismos representativos
de selección del personal político, debe evitar el “secuestro de los aparatos”.
Es sabido que cuanto más orgánica, es decir, delegada, sea una elección, más
fácilmente será controlada por el aparato funcionarial del partido, y más
probablemente se verá cortocircuitada la conexión primordial entre el partido y
sus bases sociales. La elección directa por las bases de los principales
dirigentes sería un mecanismo adecuado para reducir el control de los aparatos
sobre la selección de dirigentes y posibilitar la renovación de las elites.
-La ampliación del círculo de quienes participan en
decisiones clave. Cuanto más importante y estratégica es una opción política,
más se reduce el círculo de quienes participan de su toma en consideración.
¿Cuántos militantes toman parte efectiva en las decisiones o siquiera en las
deliberaciones previas en un partido cuya militancia ha sido convenientemente
“desactivada”? Mecanismos de consulta a las bases y consulta vinculante son
obligados para dar peso a la militancia.
- Lo que los anglosajones llaman acountability es otro de
los puntos débiles en la democracia intrapartidaria. Ninguna asociación de
derecho privado que se precie consentiría los bajos niveles de rendición de
cuentas que direcciones y aparatos tienen en los partidos. La rendición periódica
de cuentas, y no sólo al salir de un mandato, debería ser una práctica
establecida y una de las funciones principales de las agrupaciones de base.
Derechos de los
votantes y ciudadanos
El tipo de ciudadanía de esta nueva sociedad líquida,
plagada de identidades complejas y cruzada por redes de información, incluso
aunque siga siendo, o lo sea aún más, una “ciudadanía de baja intensidad”, no
tolera bien la oscuridad y el secretismo receloso con que se han conducido
siempre las organizaciones. Pasaron los tiempos del centralismo democrático, la
jerarquía y el paternalismo organizativo. Si los militantes tienen derecho a la
democracia interna, los simpatizantes, los votantes, los ciudadanos tienen
derecho a la transparencia, es decir, a ver desde fuera lo que ocurre dentro de
los partidos.
Lo que ocurre a la hora de seleccionar el personal político,
lo que ocurre a la hora de decidir una política, lo que ocurre al negociar la
aplicación de un programa que se había hecho público y, por tanto, comprometía a
la organización.
-En el primer sentido, el de la transparencia en la
determinación de los liderazgos, debería irse hacia alguna forma de listas
abiertas, pero sin duda, el mecanismo por antonomasia son las elecciones
primarias. En España se han intentado poco y no siempre con fortuna, pero sobre
todo nunca se intentó el procedimiento abierto, es decir, con participación de
militantes, simpatizantes y todo aquel/la ciudadano que lo desee, previa
adhesión a una genérica declaración de principios. Este sistema es el único que
produce efectos en la dinámica intra/extra y permite involucrar a segmentos
extensos de la ciudadanía, lo que sigue siendo un objetivo deseable.
-El segundo sentido de transparencia se refiere a las
decisiones políticas en torno a los grandes asuntos de la agenda nacional.
Transparencia aquí sólo puede significar que en esos grandes temas las
posiciones de las distintas tendencias dentro del partido deben poder ser
explicitadas en un proceso de debate público. Ello puede requerir la existencia
de adecuadas plataformas de comunicación que dialoguen entre sí para formar la
voluntad común de la organización. Aquí hay un cambio de cultura política más
allá del propio partido, ya que ha de enfrentarse a la inclinación de los
medios a presentar cualquier debate como un desgarro interno que los votantes
sabrán castigar.
-El tercer aspecto nos lleva a una delicada cuestión, la de
la lealtad de los partidos respecto a su propio ideario fundacional y respecto
del programa con que se presentan Por ante la ciudadanía, como una forma de
transparencia para los ciudadanos que observan.
La teoría del programa como contrato, o incluso la firma de
algún compromiso ante notario, no ha servido para evitar los incumplimientos
clamorosos y el casi cínico “los programas están para saltárselos”, y ello ha
exacerbado la desafección pública hacia el sistema.
. El asunto requiere, en cualquier caso, una revisión y no
estaría de más solemnizar los compromisos mediante algún tipo de protocolo que
el público pudiera chequear.
La apuesta por un proceso abierto y ciudadano de elecciones
primarias en los partidos de la izquierda española y, especialmente, en el PSOE, puede constituir la opción
estratégica capaz de hacer converger aquellos dos difíciles desiderata, la
democracia interna y la transparencia externa, que hoy parecen condición sine
qua non de un renacimiento del poder cívico de los partidos políticos.
www.convivenciaysolidadridad.blogspot.com
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