Procesos constituyentes
DOMINGO, 7 DE OCTUBRE DE 2012 VÍCTOR ARROGANTE .Diario Progreista .com
Desde 1812 varias
han sido las constituciones que han regido los destinos del pueblo español y
dispares sus procesos constituyentes. Unos procesos se iniciaron por el
hostigamiento del pueblo; otros por la voluntad de sus representantes; y en
otras ocasiones los reyes y gobiernos de turno para afianzarse en el poder. En
todo caso para reformar una constitución, se ha de abrir un proceso en el que
el pueblo soberano participe activamente y finalmente ratificar o negar su
validación en referéndum.
Los procesos que concibieron las constituciones de 1869 y
1931, fueron distintos al que se siguió para la de 1978, pero en todos los
casos se produjeron ante situaciones políticas, institucionales, económicas o
sociales insostenibles, que significó el fin de un régimen. En 1868 coincidió
el reinado de Isabel II con las “catástrofes” coloniales en América y Norte de
África. Los liberales, demócratas y republicanos, opositores a la monarquía,
consiguen su objetivo expulsando del trono a Isabel II y promoviendo la elaboración
de una nueva constitución que superara a la de 1845. La nueva Constitución de 1869, fue de las más avanzadas de su época
y representó un cambio de tendencia en la política española.
El preludio al
proceso constituyente de la Constitución de 1931, es la dictadura de Primo de
Rivera, apoyada e instigada por el propio rey Alfonso XIII. La unión de las
fuerzas republicanas y socialistas, junto con los sindicatos de clase,
posibilitaron que las elecciones municipales de abril de 1931 se conviertan en
plebiscitarias. Las elecciones posteriores a la proclamación de la República
fueron constituyentes, y su Constitución la de la Segunda República. La ruptura
con el pasado fue total: se profundiza en la democracia, se cambian los
símbolos y el modelo político del estado, se introducen derechos y se cambian
estructuras políticas y modos de funcionamiento. Todo desaparece con el golpe
de estado del general Franco.
Tras la muerte del
dictador en 1975, se abre en España una nueva era, cuyo proceso constitucional
se inicia con la llamada Transición a la Democracia y la Ley para la Reforma
Política, que insta al gobierno a abrir un proceso electoral. El proceso
constituyente fue largo. Salíamos de una oscura y cruenta dictadura y existían
continuos peligros de involución. De otra parte la crisis económica y el
incremento del terrorismo dificultaban el proceso. Gobierno y oposición
entendieron que era necesario redactar una constitución que fuese aceptada por
la mayoría de las fuerzas políticas. El rey, heredero de Franco y el gobierno
tenían el poder y la oposición la legitimidad democrática.
El consenso permitió
resolver los temas más conflictivos de aquel momento: la forma de estado y de
gobierno, el modo de elección, la cuestión religiosa, el modelo económico y la
descentralización territorial. Hoy es bien distinta la situación, pero los
temas conflictivos vuelven a cobrar vigencia. El debate está abierto. Hay
propuestas para establecer un modelo federal del estado, que sustituya al
actual Estado de las Autonomías. Otras hablan de abrir un proceso constituyente
amplio, con una nueva lectura de la Constitución y diseño de un proyecto
avanzado, que de respuestas a los retos actuales, cambiar el sistema electoral,
profundizar en la democracia y promover la igualdad y la justicia social. Otras
más, cambiar el modelo político de monarquía parlamentaria por una república
federal.
Un proceso
constituyente que proponga una revisión total o parcial de la Constitución, que
afecte al título Preliminar (modelo de estado, soberanía, unidad territorial,
principios que conforman o el ordenamiento), los derechos fundamentales y
libertades públicas, o a la titularidad de la jefatura del Estado (Título II la
corona), requiere un procedimiento largo, complejo y necesitado de acuerdos
concretos y amplias mayorías parlamentarias. El proyecto de reforma se ha de
aprobar por mayoría de dos tercios de cada Cámara; se han de disolver
inmediatamente las Cortes. Tras las elecciones, las Cámaras elegidas deberán
ratificar la decisión de reforma y proceder al estudio del nuevo texto
constitucional. El texto debe ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas
Cámaras. Una vez aprobada la reforma por las Cortes Generales, debe ser
sometida a referéndum popular para su ratificación.
Bien se que reformar
la Constitución en cualquiera de sus aspectos, no va a resolver ni la crisis
económica y financiera, ni va a quitar la angustia a la ciudadanía que la está
sufriendo. Tengo mis dudas de que hoy se diera la voluntad de acuerdo y de
consenso que existió en 1978. Pero si que se que hay un clamor sobre la
necesidad de una nueva Constitución, al cual me apunto, que de un impulso
democrático a las decisiones políticas e incorpore las nuevas voluntades
sociales (recuerdo que los menores de 52 años no participaron en el proceso de
1978). Con sus defectos y errores, con los miedos y anhelos de la mayoría
entonces, la actual Constitución superó el transito a la democracia. Todo ha
cambiado y nada tiene que ver con la visión, necesidades y anhelos de quienes hoy
están construyendo su propio futuro.
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