Derechos de la militancia y la ciudadanía en los partidos

El derecho de los militantes de un partido a la democracia interna tiene un correlato externo que es el derecho de los ciudadanos a que los partidos sean transparentes. El déficit de ambos derechos en todos los partidos es una de las causas de su actual declive y constituye una de las principales paradojas de nuestra democracia: siendo el principal vehículo de participación de la ciudadanía, resultan en su interior escasamente democráticos y participativos.

Aunque el mandato constitucional (art. 6 C.E.) de que los partidos se rijan democráticamente sea universal, su incumplimiento resulta mucho más dañino para la izquierda, porque esa carencia es, precisamente, el mecanismo por el que se produce la desconexión respecto de la ciudadanía. Esa desconexión no es más que la contraparte interna de la tan traída “desafección ciudadana” y no consiste sólo en la sangría de votos, sino en una especie de pérdida de inspiración o acierto político, que resulta mucho más grave. Aquí hay algo más que la Ley de Hierro de Michels. Algo más y algo peor.

Viene siendo un lugar común en nuestro país referirse a la crisis del sistema de partidos y el agotamiento del marco institucional de los últimos 35 años. Quizá no sea tan aceptada, sin embargo, la necesidad de una refundación o, al menos, profunda revisión de sus fundamentos. Uno de los elementos a revisar es esa“desafección”: la reflejan las encuestas y la declinante  curva de apoyos electorales de las dos grandes formaciones de nuestro sistema político. En un plano simbólico, el éxito del “no nos representan” muestra también la pérdida del papel intermediador y de articulación de intereses. Un proceso que debilita la función constitucional de los partidos y nos acerca a un escenario propicio a toda suerte de populismos y “liderazgos sin intermediación”, de difícil encaje en la democracia participativa.

Es cierto que la naturaleza clasista y expropiadora de las políticas conservadoras frente a la crisis ha podido exacerbar aquella crisis institucional, pero la que se refiere a los partidos y su representatividad venía fraguándose mucho antes del estallido de la burbuja inmobiliaria.

Tras los grandes pactos sociales del Estado del Bienestar, había partidos de masas que traducían intereses de clase ampliados. Cuando Thatcher y Reagan comienzan a socavar aquellos pactos, entró en crisis la capacidad de esos partidos para colmar, como diría Gambino, “las complejas, y muy frecuentemente conflictivas, expectativas del cuerpo social”. Esta incapacidad se vuelve dramática cuando la globalización de los noventa desnacionaliza los centros de poder económico, es decir, los aleja aún más de las sedes de la soberanía y la representación políticas. Para cuando estalla la actual crisis queda ya muy poco de aquella privilegiada relación del partido y sus electores.

Estamos, por tanto, ante una crisis de representación y de intermediación que afecta a partidos, que ya no monopolizan el diálogo con ninguna clase social en particular y que se ven obligados a gesticular ante una compleja, plural y a menudo inaprehensible “ciudadanía de baja intensidad”.

Los partidos, pues, y no sólo el bipartidismo, están en crisis. Si han de seguir cumpliendo las importantes funciones que la Carta Magna les asigna (expresión del pluralismo, formación de la voluntad popular e instrumentos de participación) no podrán hacerlo sin cumplir también el otro mandato del artículo 6 de la Constitución:la democracia interna. Entidades con tales funciones públicas no pueden regirse bajo el derecho privado, sino que han de admitir alguna forma de vigilancia pública sobre lo que ocurre en su interior. El debate sobre la tutela judicial de los derechos del militante ya era estrecho cuando la Ley 21/1976, de Asociaciones Políticas, seguía siéndolo cuando la también preconstitucional Ley 54/1978 de Partidos Políticos y también con la 6/2002. Es preciso ampliarlo en una perspectiva nueva que conecte políticamente los derechos del militante y los del votante, es decir, los derechos del ciudadano respecto a los partidos.

Derechos de la militancia

Como en cualquier cuerpo social, la democratización en el interior de los partidos pasa por el “empoderamiento” de las bases militantes frente a las direcciones y, sobre todo, los aparatos. La evolución desde el partido-clase, pasando por el partido-masas hasta el partido-ciudadanía, se ha verificado en medio de un universal secuestro de la organización por los aparatos. Éstos tienden a conformar una militancia a su medida, promocionando al aparatchik en detrimento del militante con orientación social, lo que acaba por acentuar la desconexión respecto a la base social. Si ello asegurara la elección de los más capaces, hablaríamos de oligarquización eficiente, pero es un hecho que el proceso se acompaña de una fuga de cerebros y un mecanismo de “selección adversa”, por el que los más capaces no están disponibles y sólo lo están los que aún no se han ido. La democracia interna, pues, no es una cuestión de método, sino de identidad política.

Pero ¿qué significa hoy, más allá de la tutela judicial del militante, la democracia interna?

- En primer lugar, si de acuerdo con el mandato constitucional los partidos han de expresar el pluralismo, no hay más remedio que regular ese pluralismo en el plano interno, y eso exige el reconocimiento de corrientes de opinión y de unas reglas de juego presididas por la equidad y la libertad de expresión, para asegurar un debate maduro entre opciones plurales dentro del marco del ideario propio.

- En segundo lugar la búsqueda de mecanismos representativos de selección del personal político, debe evitar el “secuestro de los aparatos”. Es sabido que cuanto más orgánica, es decir, delegada, sea una elección, más fácilmente será controlada por el aparato funcionarial del partido, y más probablemente se verá cortocircuitada la conexión primordial entre el partido y sus bases sociales. La elección directa por las bases de los principales dirigentes sería un mecanismo adecuado para reducir el control de los aparatos sobre la selección de dirigentes y posibilitar la renovación de las elites.

-La ampliación del círculo de quienes participan en decisiones clave. Cuanto más importante y estratégica es una opción política, más se reduce el círculo de quienes participan de su toma en consideración. ¿Cuántos militantes toman parte efectiva en las decisiones o siquiera en las deliberaciones previas en un partido cuya militancia ha sido convenientemente “desactivada”? Mecanismos de consulta a las bases y consulta vinculante son obligados para dar peso a la militancia.

- Lo que los anglosajones llaman acountability es otro de los puntos débiles en la democracia intrapartidaria. Ninguna asociación de derecho privado que se precie consentiría los bajos niveles de rendición de cuentas que direcciones y aparatos tienen en los partidos. La rendición periódica de cuentas, y no sólo al salir de un mandato, debería ser una práctica establecida y una de las funciones principales de las agrupaciones de base.

  

Derechos de los votantes y ciudadanos

El tipo de ciudadanía de esta nueva sociedad líquida, plagada de identidades complejas y cruzada por redes de información, incluso aunque siga siendo, o lo sea aún más, una “ciudadanía de baja intensidad”, no tolera bien la oscuridad y el secretismo receloso con que se han conducido siempre las organizaciones. Pasaron los tiempos del centralismo democrático, la jerarquía y el paternalismo organizativo. Si los militantes tienen derecho a la democracia interna, los simpatizantes, los votantes, los ciudadanos tienen derecho a la transparencia, es decir, a ver desde fuera lo que ocurre dentro de los partidos.

Lo que ocurre a la hora de seleccionar el personal político, lo que ocurre a la hora de decidir una política, lo que ocurre al negociar la aplicación de un programa que se había hecho público y, por tanto, comprometía a la organización.

-En el primer sentido, el de la transparencia en la determinación de los liderazgos, debería irse hacia alguna forma de listas abiertas, pero sin duda, el mecanismo por antonomasia son las elecciones primarias. En España se han intentado poco y no siempre con fortuna, pero sobre todo nunca se intentó el procedimiento abierto, es decir, con participación de militantes, simpatizantes y todo aquel/la ciudadano que lo desee, previa adhesión a una genérica declaración de principios. Este sistema es el único que produce efectos en la dinámica intra/extra y permite involucrar a segmentos extensos de la ciudadanía, lo que sigue siendo un objetivo deseable.

-El segundo sentido de transparencia se refiere a las decisiones políticas en torno a los grandes asuntos de la agenda nacional. Transparencia aquí sólo puede significar que en esos grandes temas las posiciones de las distintas tendencias dentro del partido deben poder ser explicitadas en un proceso de debate público. Ello puede requerir la existencia de adecuadas plataformas de comunicación que dialoguen entre sí para formar la voluntad común de la organización. Aquí hay un cambio de cultura política más allá del propio partido, ya que ha de enfrentarse a la inclinación de los medios a presentar cualquier debate como un desgarro interno que los votantes sabrán castigar.

-El tercer aspecto nos lleva a una delicada cuestión, la de la lealtad de los partidos respecto a su propio ideario fundacional y respecto del programa con que se presentan Por ante la ciudadanía, como una forma de transparencia para los ciudadanos que observan.

La teoría del programa como contrato, o incluso la firma de algún compromiso ante notario, no ha servido para evitar los incumplimientos clamorosos y el casi cínico “los programas están para saltárselos”, y ello ha exacerbado la desafección pública hacia el sistema.

. El asunto requiere, en cualquier caso, una revisión y no estaría de más solemnizar los compromisos mediante algún tipo de protocolo que el público pudiera chequear.

La apuesta por un proceso abierto y ciudadano de elecciones primarias en los partidos de la izquierda española y, especialmente, en el que aún es el mayor de ellos, el PSOE, podría constituir la opción estratégica capaz de hacer converger aquellos dos difíciles desiderata, la democracia interna y la transparencia externa, que hoy parecen condición sine qua non de un renacimiento del poder cívico de los partidos políticos.